Caos y ridículo en el lenguaje de los gobernantes

Un sondeo sobre el personaje político que peor habla colocaría en cabeza a Mª Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública. Sería un resultado parcialmente justo, no es la única gobernante con severas deficiencias en la expresión oral aunque destaca por acompañarlas de un deslavazado lenguaje corporal. El conjunto de la población se fija en lo que sale por la boca de quienes mandan y apenas repara en lo que escriben: las palabras se las lleva el viento pero lo escrito permanece en los boletines oficiales y en los documentos de las administraciones públicas.

Cuando en el mensaje político manda la propaganda, pierde la comunicación. Con el comienzo del otoño el Gobierno ha lanzado la campaña La generación de los que sueñan y hacen. ¡Únete al Plan! El eslogan emplea correctamente signos de puntuación, de admiración y tilde, pero remite al PERTE Nueva Economía de la Lengua donde la gramática y la sintaxis dejan mucho que desear. El profano que quiera enterarse de qué se trata ese proyecto de 1.100 millones no lo tiene fácil. Ha de rebuscar hasta averiguar que un PERTE es un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica y, una vez aclarado, leerá que uno de los principios clave de tan magno proyecto es “la digitalización integradora, basada en el humanismo tecnológico y la igualdad de género”. Al esfuerzo por entender esa frase que junta conceptos de imposible ensamblaje, se suma el estorbo de una coma mal colocada.

La mezcla de incultura, esnobismo y mediocridad en el léxico oficial causa estragos dentro y fuera del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ahí, están, por ejemplo, la app de la Generalitat catalana para uso del nomenclátor colaborativo de las calles con nombres de mujer de Cataluña, la Dirección General de Políticas Palanca del Ministerio de Derechos Sociales, la Dirección General de Igualdad en la Diversidad de la Generalitat valenciana, el Instituto para la Transición Justa del interminable Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o la Unidad para la Gobernanza y la Cooperación con los diferentes niveles de Gobierno de la misma Presidencia del Gobierno cuyo presidente, reacio a apearse de la primera persona, utiliza a la vez plural y singular en un tuit del 25 de septiembre: “Aplazamos también mi encuentro con todo el equipo de profesionales (…)”.

No se trata solo de Pedro Sánchez. Hace unos días los máximos representantes del pueblo soberano, los portavoces parlamentarios del Congreso de los Diputados, pusieron su firma al pie de un documento presentado como Declaración institucional con una redacción vulgar, plagada de lugares comunes, reiteraciones y varias erratas, propio de un acuerdo de urgencia en una junta de vecinos. Ni Vinicius Junior ni la afición futbolística se merecían un alegato tan pedestre contra el racismo.

En el panorama de despropósitos lexicográficos destacan las 120 guías de lenguaje no sexista registradas en el Instituto de la Mujer en los últimos lustros, aunque más reciente es la caótica declaración de principios que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Ione Belarra) tiene colgada en su web institucional, juntando palabras sin construir oración gramatical: “Nuestro compromiso es con la ciudadanía y la sociedad civil, que siempre ha estado por delante de las instituciones al señalar en las transformaciones que necesita nuestro país”. Es el mismo ministerio que ha lanzado una campaña con eslogan ininteligible para el 99% de la población: Basta de distopías. Volvamos a imaginar un futuro mejor.

En una rápida visita a las páginas del BOE, a los Presupuestos Generales del Estado o a los organigramas de las administraciones, aparecen abundantes ejemplos del precipicio por el que se ha desplomado el léxico de los poderes públicos. Todo ello como consecuencia de lo que equivale a una reinvención de la censura, según advierte Darío Villanueva, ex director de la RAE, en un valiente artículo:

“La corrección política, que se manifiesta en relación con los comportamientos y actitudes de los ciudadanos pero sobre todo con sus usos lingüísticos, es considerada como la «censura posmoderna» ejercida en principio desde instancias diversas, pero siempre vinculadas a la sociedad civil. Mas se está detectando la aplicación de algunos de sus principios por parte de los poderes públicos, especialmente el ejecutivo y el legislativo, lo que podría representar, en el contexto de la ya denominada posdemocracia, la reinvención de la censura de siempre, ejercida desde el Poder.” (Revista de las Cortes Generales, nº 110, págs. 97-132. Abril 2021).

El eufemismo, el disimulo en lo que se dice y se promete, que Miguel Ángel Quintanilla llama “nominalismo pseudoconstituyente”, lleva a “no llamar a las cosas por su nombre con la esperanza de que el cambio de nombre termine por cambiar la cosa”. Es de justicia que dejara de llamarse criadas o sirvientas a las mujeres dedicadas a la limpieza de casas ajenas, pero las denominaciones de asistenta o empleada del hogar tampoco son del agrado de la casta gobernante. De ahí que en el R.D. del pasado 6 de septiembre para la incorporación de esas trabajadoras al régimen general de la S.S., pasen a llamarse personas trabajadoras del hogar familiar, siendo dudoso que las interesadas se autodenominen así a partir de ahora. El mismo real decreto incurre en una transgresión del Diccionario, cuando se refiere a la “desvaloración del trabajo doméstico” en vez de desvalorización.

Algunos de los vicios más extendidos en la literatura oficial son el abuso de neologismos y la ampulosidad sin venir a cuento, dando lugar a galimatías y perogrulladas de pobre significado y difícil entendimiento, con un envoltorio rebuscado. Casi siempre, con la ideología woke como música de fondo. El Ministerio de Educación perpetra esas torpezas en el art. 2 del R.D. 243/2022, al definir los conceptos empleados en esa norma sobre ordenación de enseñanzas del Bachillerato, como recoge el recuadro:

En paralelo al ministerio de Pilar Alegría, el departamento de Educación del gobierno catalán aporta otras definiciones a la hora de ordenar la educación básica, destacando la de Educación inclusiva: “la acción educativa inclusiva tiene que estar siempre presente para ofrecer a todo el alumnado experiencias, referentes y aprendizajes diversos desde una perspectiva global intercultural y no etnocéntrica ni androcéntrica, que se ajusten de manera personalizada al momento evolutivo de cada alumno o alumna y también a su variabilidad y ritmo personal de trabajo”. Otro ejemplo de esa nociva literatura oficial es la definición, en el mismo Decreto de la Generalitat, de bienestar emocional en el clima escolar.

En esta legislatura se han conocido varios casos de erratas flagrantes en el BOE, fruto de la desidia en la elaboración de textos que, en el caso de la resolución sobre el convenio con dos productoras para una serie documental sobre Pedro Sánchez y su presidencia, adjudica denominaciones distintas a una misma empresa (The Pooltm, The Pool) y cambia la grafía del nombre del secretario de Estado firmante del convenio (Francésc, Francesc).

La nomenclatura utilizada en los Presupuestos Generales del Estado no se atiene a normas de correcta escritura, con epígrafes literalmente así: “MINISTERIO DE PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICA .- DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS A.P. UNIDAD PARA LA GOBERNANZA Y LA COOPERACION CON LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO A.P.”.

En los textos de la Administración General del Estado, el manido recurso al desdoblamiento de género -en contra de la recomendación de la RAE- provoca textos como el siguiente sobre una relación de puestos en el Ministerio de Consumo:

Recorriendo los organigramas de las diferentes Administraciones públicas se aprecia que el “desorden léxico y conceptual” del que habla Álvaro Delgado-Gal no distingue colores políticos, aunque es más acentuado en las de las órbitas de la retroizquierda y los nacionalismos. Si la Junta de Andalucía tiene una Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y en la Comunidad de Madrid hay un Director General de Descarbonización, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dispone de un Instituto para la Transición Justa  y una Subdirección General de Iniciativas. Los ejemplos de nomenclaturas confusas, incongruentes o ridículas abundan por el resto de administraciones, como se ve a continuación:

La imposición de un léxico fundamentalista por motivos doctrinales, se llame woke o políticamente correcto, alcanza en algunos casos el paroxismo, como en la ocurrencia del Ayuntamiento madrileño de Manuela Carmena de instruir a los periodistas sobre la prostitución y cómo escribir sobre ese tema, con una Guía de recursos lingüísticos para periodistas. En sus 80 páginas insta, por ejemplo, a evitar los términos puta, prostituta, meretriz, mujer de vida alegre… y decir mujer en situación de prostitución. Y otros barbarismos por el estilo.

Hay mucho escrito sobre la lengua como arma, ya sea sustituyéndola (pretensión de los nacionalismos con la española) o manipulándola. La gran mayoría de los ciudadanos acostumbra a callar por miedo o vergüenza cuando no entiende las jergas oficiales y así crece el borreguismo político. El fenómeno no es inocuo, ahí está el testimonio del filólogoalemán Victor Klemperer, que en LTI. La lengua del Tercer Reich (Ed. Minúscula. Barcelona. 2020) narra cómo el nazismo fue inoculando su veneno en la población a través del lenguaje, imponiendo o desterrando términos y expresiones, hasta conseguir el conformismo general ante los desmanes, primero, y crímenes después, de Adolf Hitler.

A los grupos feministas que a finales del pasado siglo iniciaron la batalla para visibilizar a la mujer en el lenguaje, el empeño se les fue de las manos al derivar en mucho más que el destierro de estereotipos machistas. Un repaso a las 120 guías de lenguaje no sexista ya citadas, muestra que bastantes de aquellos textos elaborados a espaldas y a la contra de criterios académicos, coherentes y lógicos, fueron el embrión de los despropósitos, no solo lingüísticos, que ahora se perpetran desde los poderes públicos en conjunción con la terminología de las políticas identitarias.

El abuso de mensajes abstractos, de construcciones que no transmiten concepto o, por el contrario son pura doctrina, también alcanza a la comunicación visual. La mezcla de determinados eslóganes con determinadas imágenes busca asentar una realidad artificial. Hay que volver al ministerio de Ione Belarra para apreciar en su explicación de la Agenda 2030 (imágenes sobre estas líneas) el resultado de la fusión de los vicios escritos y visuales que impregnan los mensajes propios de gobernantes acríticos y con ramalazo totalitario.

Y luego, cuando las cosas les van mal, unos y otros dicen que no han sabido comunicar…