Un informe de la Cámara de Cuentas alertaba en 2011 de la mala gestión de Espadas en Vivienda

El paso del actual líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, por la Consejería de Vivienda, entre los años 2008 y 2010, no fue precisamente un dechado de buena gestión, sino todo lo contrario, a tenor de lo que ya alertaba un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, elaborado en 2011, en el que se reflejaban numerosas irregularidades contables detectadas en la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) durante el periodo de Espadas al frente de la citada administración, cuando gobernaba Manuel Chaves. Se trata de un ejemplo más del plomo en las alas que arrastra el actual candidato a presidir la Junta, tras más de tres décadas en distintos cargos de esta administración autonómica.

Este martes pasado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, del Partido Popular, cifraba en 280 millones de euros la deuda heredada de la época de Espadas, de la que "ya hemos abonado 180 millones", concretó al presentar un nuevo Plan de Vivienda.

Siendo consejero Espadas, en 2010, tomó la decisión de "endeudar a esta empresa pública en 135 millones por la gestión anterior de los pagos pendientes", asegura Carazo. Tal circunstancia provocó que no se pudiera llevar a cabo ningún Plan de Vivienda desde la Junta de Andalucía durante la legislatura 2012 a 2016, a caballo entre los presidentes Pepe Griñán y Susana Díaz.

Precisamente, durante su comparecencia del martes, la consejera Carazo se refirió, de pasada, al informe de la Cámara de Cuentas que luego ha consultado Vozpópuli, en el que se menciona que el endeudamiento decidido por Espadas en 2010 fue "claramente insuficiente", por lo que se tuvo que incrementar con nuevas pólizas de crédito hasta un importe de 145 millones de euros.

Fruto de tal gestión socialista el actual Gobierno de PP y Cs en la Junta está pagando el endeudamiento, las pólizas y los intereses de la antigua EPSA, ahora AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación) por importe de 280 millones de euros, de los cuales, en dos años y medio el Ejecutivo que preside Juanma Moreno ha abonado 180.

El informe de más de cien folios, elaborado por el citado órgano fiscalizador andaluz, refleja que el endeudamiento en pólizas de crédito de la EPSA en 2011, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta en sendos acuerdos de julio y octubre de 2011, tras la salida de Espadas, "supuso un aumento del endeudamiento en pólizas de crédito del 55% respecto al ejercicio anterior".

Durante los ejercicio 2008 a 2011 la citada empresa pública –bajo el mando de Espadas durante tres de los cuatro ejercicios– concedió subvenciones "por encima de los créditos disponibles en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para este fin, por un importe total de 144,7 millones de euros (diferencia entre el total de transferencias recibidas y subvenciones concedidas)". Un hecho éste que, según los auditores, contraviene la Ley General de Subvenciones 38/2003 del 17 de noviembre.

Y es que la adecuación del gasto "subvencional" al crédito disponible es una "condición necesaria para el otorgamiento de subvenciones", que sólo pueden concederse cuando exista "crédito adecuado y suficiente". Por tanto, la Cámara de Cuentas alertó en 2011 de que la concesión de subvenciones, por encima de los créditos aprobados en el presupuesto para este fin, "supone comprometer a la Administración para responder, ante terceros, de compromisos de gastos que han sido adquiridos sin la necesaria disponibilidad presupuestaria".

No menos relevante resulta el hecho de que el informe detectara, también, que los fondos que recibió la empresa regida por Espadas –a través del Presupuesto de la Consejería bajo su cargo– destinados a la concesión de subvenciones a terceros beneficiarios "no se aplican en su totalidad a este destino".

Además de conceder subvenciones "sin disponer de crédito presupuestario suficiente", se produjeron desequilibrios financieros en la citada empresa que "la han obligado a acudir al endeudamiento mediante la contratación de pólizas de crédito", según se reitera.

Un desfase de 256,6 millones entre créditos e inversiones

En el apartado que la Cámara de Cuentas dedicó a la "capacidad de autofinanciación" de la EPSA se recoge que se produjeron "desfases entre los créditos aprobados y las inversiones realmente realizadas por la empresa". Tal hecho provocó un "desfase financiero" acumulado a 31 de diciembre de 2011 que ascendió a 256,6 millones de euros.

La EPSA obtenía parte de sus recursos de financiación del desarrollo de sus actividades ordinarias en el mercado andaluz de suelo y vivienda. Se trataba, por tanto, de todo lo que rodea la promoción y urbanización de suelo residencial, terciario y productivo, así como la edificación de viviendas de nueva planta, además de la gestión del Parque Público de Viviendas.

Esta empresa pública se vio obligada a contraer deuda bancaria "para poder mantener su funcionamiento". De hecho, se refleja que el "fuerte incremento" de los gastos financieros, devengados por dicha deuda, "han minorado el resultado obtenido por las actividades de explotación, situación que se viene repitiendo desde el ejercicio 2010", tercero del ciclo en el que estuvo bajo responsabilidad de Espadas.

Irregularidades en las contrataciones de personal

En el informe de la Cámara de Cuentas también se analizaron las fuentes de financiación y de la gestión de Recursos Humanos en la EPSA. Se constató que, tanto en los expedientes de personal de alta dirección, como en los de directivos intermedios "no consta que su designación se haya realizado mediante procedimientos que garanticen la publicad y concurrencia".

También se detectó que en los expedientes analizados correspondientes al personal con contrato definido ordinario, que provenían de la aplicación del acuerdo de estabilidad del 22 de mayo de 2009, "no consta la realización de los procesos de selección que garanticen los principios constitucionales". Todo ello en base al Estatuto Básico del Empleado Público.

Deuda con La Caixa de 4 millones de euros

Durante su comparecencia del martes la consejera de Fomento y Vivienda también se refirió la deuda que La Caixa reclama a la Junta, por importe de 4 millones de euros, de la época de Juan Espadas como consejero, según adelantó Abc de Sevilla.

"En el caso del acuerdo que Espadas firmó en 2008 con las entidades financieras, nos encontramos con la reclamación de La Caixa pendiente de resolución judicial", expuso Marifrán Carazo. Aún a día de hoy, prosiguió, "estamos atendiendo reclamaciones de aquellos años sobre planes de vivienda".

Esta reclamación judicial, concretó Marifrán Carazo, surge del Plan de Vivienda 2008 2012, "en concreto de la decisión política de paralizar las ayudas al alquiler en 2010, cuando Espadas era consejero de Vivienda, por lo que se produjeron reclamaciones por importe de 40 millones de euros que aún se están pagando desde el Ejecutivo de Moreno Bonilla.

Y es que el actual alcalde de Sevilla y candidato a la presidencia de la Junta decidió, en 2010, "suspender una convocatoria de ayudas a propietarios en régimen de alquiler y también los pagos de esa convocatoria, luego de ahí estas reclamaciones de particulares, algunas ya difíciles de abonar por el paso del tiempo", explicó la gobernante del PP.

En cuanto a diversas ayudas comprometidas en su día por Espada con agencias intermediarias para el alquiler, Carazo asegura que la actual administración de PP y Cs ha abonado ya "reclamaciones por un millón de euros".

Carazo denuncia que los gobierno socialistas anteriores "no pagaban las ayudas a promotores, ni públicos ni privados". Relata que en 2019, cuando llegaron al Gobierno, se debían en concepto de ayudas a préstamos de promotores de viviendas en alquiler "30 millones de euros", que afectaban a 160 promociones de viviendas (11.500 viviendas).

"Tampoco pagaba el PSOE las ayudas a los compradores de VPO. Existían pagos pendientes de los planes de vivienda de 2003 a 2007 y del plan de 2008 a 2012 de alrededor de 40 millones de euros", añade Carazo.

Los mismos impagos afectaron a las agencias de fomento del alquiler y a los inquilinos. "Encontramos reclamaciones judiciales de las agencias, que ejercían como intermediarias para el alquiler, por un pago de 3 millones de euros y a la vez dejaron pendientes para arrendatarios 3,5 millones de euros, dejando tirados a 3.200 beneficiados”.

Tampoco se pagaron las obras de ascensores que acometía la Junta de Andalucía, por lo que se dejaron impagos en "92 comunidades" de propietarios. Una ayuda económica que, según Carazo, "también ha saldado ya este Gobierno".

En la última década apenas se construyeron VPO, sostiene la consejera de Fomento, y las pocas que se hicieron las financiaron promotores privados y ayuntamientos, "pero no la propia Junta". Ahora, "en menos de tres años", se han ejecutado 3.000 nuevas viviendas en alquiler a "precio asequible".

Precisa que hay alquileres de entre 200 y 400 euros mensuales, así como 83 millones de euros en subvenciones a instituciones y particulares. "La inversión pública y privada es de 270 millones", detalla Carazo.