España

El bono social 'chapuza' que disfrutaron García y Ossorio cuesta 227 millones a los españoles

El año pasado, el Gobierno gastó 227 millones en el bono social térmico, una ayuda que, como se ha podido comprobar, no distingue por nivel de renta. Pese a ello, este año el Ejecutivo ha aumentado su dotación hasta los 453 millones

Mónica García y Enrique Ossorio utilizaron un bono social que le cuesta al Gobierno 227 millones al año / Europa Press.

Mónica García, diputada en la Asamblea de Madrid, 43.000 euros al año y casada con un alto ejecutivo de una multinacional: beneficiaria del bono social térmico para familias vulnerables. Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, 104.000 euros al año y el diputado con más patrimonio personal: beneficiario del bono social térmico. Esta herramienta, diseñada por el Ministerio de Transición Ecológica, que concede ayudas a discreción sin importar el nivel de renta, le costó a los españoles 227 millones de euros el año pasado según ha podido constatar Vozpópuli.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) recoge en su último documento de ejecución de gasto (fechado en noviembre de 2022) que el Gobierno destinó 227 millones de euros a pagar el bono social térmico, la ayuda que reciben Ossorio, García y el número dos del PP de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, que cobra 80.000 euros anuales. Los datos del IGAE demuestran que el Estado español multiplicó por 227 el gasto en esta ayuda "social", ya que en 2021, para la misma fecha, se gastaron un millón de euros en esta ayuda.

Para hacerse una idea de lo que suponen estos 227 millones de euros, la Ley ELA, bloqueada por el PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados, supondría un gasto anual de 100 millones de euros según cálculos realizados por Ciudadanos a los que ha accedido este periódico. Es decir, que lo dedicado al bono social térmico es más del doble de lo que necesitan los enfermos de ELA.

PSOE y Podemos contemplaban en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año pasado un gasto todavía mayor en el bono social térmico. En concreto, determinaron una partida de 453 millones de euros para este bono, misma cantidad establecida en los PGE de 2023. Entre los dos años, el Ejecutivo planteaba gastar en estas ayudas sin filtro cerca de 1.000 millones.

Cambio de ley a toro pasado

En la línea de la ley del solo sí es sí, el Gobierno de Pedro Sánchez se compromete a cambiar a toro pasado los desmanes del bono social térmico. Así lo ha manifestado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera: "Sorprende la falta de sensibilidad y solidaridad de algunos. Cambiaremos la regulación actual para introducir criterios de renta en las familias numerosas".

Para cobrar el bono social térmico es necesario ser beneficiario del bono eléctrico. Los descuentos del bono eléctrico, pensados en principio para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, crecieron en 2023 hasta el 65% y el 80%, respectivamente, y se duplicaron las ayudas para el bono social térmico hasta una media de 375 euros por beneficiario.

García y Ossorio mienten

Cuando se descubrió que Mónica García y Enrique Ossorio cobraban el bono social térmico, ambos corrieron raudos a justificarse apuntando que desconocían recibir esta ayuda porque no la habían solicitado. En ambos casos, mienten. O, dicho con otras palabras, no dicen toda la verdad. Es cierto que los beneficiarios del bono social térmico no necesitan realizar ningún trámite ni solicitud, pero solo lo reciben los que hayan pedido antes el bono social eléctrico, para el cual sí que hace falta hacer un procedimiento previo.

Así lo explican fuentes del Ministerio de Transición Ecológica: "Nadie puede decir que lo ha obtenido sin pedir nada, necesariamente debe haber solicitado y acreditado que cumple los requisitos para el bono eléctrico. El bono térmico no llueve del cielo. Los solicitantes del bono eléctrico saben que también recibirán el térmico". Las compañías eléctricas identifican qué clientes tienen el bono eléctrico, comunican esos datos a las CCAA y estas hacen el pago a los consumidores (con fondos del Gobierno central que les han sido transferidos).

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