El acuerdo alcanzado por Bolaños y los sindicatos de Justicia deja fuera a 33.000 de 45.000 trabajadores

El Ministerio de Félix Bolaños ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para la subida salarial de entre 165 y 250 euros al menos para los funcionarios de Justicia. El pacto, firmado por CSIF y UGT, no ha sido avalado -sin embargo- por Comisiones Obreras (CCOO) ni el Sindicato de Trabajadores Administración de Justicia (STJA), ya que lo consideran insuficiente al dejar fuera a la mayoría de los funcionarios que secundaron la huelga del pasado mes de mayo.

El acuerdo, anunciado como un éxito por el ministro de Justicia, sólo beneficiará a 12.000 trabajadores de los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia. Desde CCOO, califican de "chantaje" el pacto alcanzado con el equipo de Félix Bolaños y denuncian que se trata de una "subida discriminatoria y clasista que sólo incluye a un ámbito determinado".

Desde que en el mes de enero se reanudaran las negociaciones, Comisiones Obreras lleva reclamando que el Ministerio de Justicia dejara fuera de su oferta a un sector mayoritario de los funcionarios de la administración. Finalmente, la subida salarial sólo se aplicará a aquellos trabajadores del denominado 'territorio Ministerio', es decir, de aquellas comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias de Justicia.

De esta forma, sólo se incluyen a aquellos trabajadores de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta, Melilla, la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía, juzgados centrales, Registro Civil e Instituto Nacional de Toxicología-INTFC.

Asimismo, tal y como explica a Vozpópuli el representante de CCOO Luis Calero, las condiciones del acuerdo encarta una cuantía "muy lejana" a la subida que se acordó el año pasado con los letrados de Justicia (LAJ) que fueron 430 euros mensuales. "Por ejemplo, la subida para los médicos forenses son 240 euros, un sector cuyas oposiciones son un A1, al igual que los LAJ", matiza.

Reclaman a Bolaños la equiparación salarial

Los sindicatos que no se han adherido a este acuerdo reclaman que se reconozca el trabajo de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia. "Se quedan fuera todos los de los cuerpos de gestión, tramitación, auxilio, médicos forenses y los cuerpos especiales de psicología. Además la subida va acorde a la nueva ley de eficiencia, por lo que cuando se apliquen las nuevas funciones vinculadas a los avances digitales, afectarán por igual a todos los trabajadores", denuncia Calero.

Entre las peticiones de CCOO para con la cartera de Justicia, destaca la "necesidad" de plantear una propuesta de desarrollo de la Carrera Profesional y negociar el Reglamento del Registro Civil y sus RPTs. Asimismo, el sindicato ha difundido en un comunicado, que tras el anuncio del cierre por parte del Ministerio de las negociaciones, en el que exige que paralice la tramitación de la Ley de Eficiencia hasta que no se haya producido una "efectiva negociación con los sindicatos para modificar su contenido".

Según el sindicato, se trata de evitar riesgos para los centros de destino y movilidad voluntaria, además de que supone una "amenaza para los puestos de trabajo y las retribuciones complementarias de muchos centros de trabajo, incluidas guardias".

Fuegos para el Ministerio de Justicia

El sindicato ha remarcado que el conflicto no se acaba con el acuerdo del Ministerio, por lo que han anunciado nuevas movilizaciones. CCOO detalla que se convocarán en unidad con los otros sindicatos que han decidido no firmar el acuerdo con el equipo de Félix Bolaños. "Este acuerdo no es más que el resultado de una dura lucha de los/as trabajadores/as de Justicia de todo el Estado, de una costosa huelga que sustentaron en todos los territorios -transferidos y no transferidos- es el resultado de un auténtico chantaje", denuncian.

El equipo de Bolaños hereda varios frentes abiertos con los trabajadores de Justicia, que nacieron con la anterior administración. El ministro se encuentra con varios fuegos que socorrer, entre las últimas críticas a las que ha tenido que hacer frente resalta la huelga convocada desde el pasado 21 de noviembre por el turno de oficio. Los profesionales de este colectivo esperan tener un sitio en la mesa de negociación y piden la fijación de una relación laboral de carácter especial que una a estos profesionales con la Administración.