Avalmadrid otorgó primas a la directiva cuando ya sabía que era investigado por el Banco de España

Entre julio y agosto de 2018 el Banco de España avisó a Avalmadrid de que había expedientado a la empresa y a sus consejeros por "negligencia". Ese mismo año, el propio consejo de administración otorgó primas a los directivos por cumplir exitosamente con los objetivos estipulados un año antes. Según se desprende del informe anual de 2018 de la empresa semipública, la remuneración de la alta dirección ascendió en 67.000 euros -de 290.000 a 357.000 euros-. 

La entidad, financiada al 30% por la Comunidad de Madrid, no especifica en su informe cómo se distribuyó el monto ni quiénes fueron los beneficiados, aunque aclara que en la cifra se incluyen "las indemnizaciones abonadas a lo largo del año". Lo que sí detalla es que el año pasado se abonó la retribución variable "correspondiente a los objetivos marcados para 2017 a todo el personal, incluidos los cargos directivos" por haber conseguido los objetivos fijados por el propio consejo de administración.

Ese año también recibieron remuneración "aquellos miembros del consejo de administración que ostentan la condición de consejero independiente". Según el organigrama que Avalmadrid incluye en su informe, el beneficiado fue Orlando García Sánchez. La prima en este caso ascendió a los 4.800 euros de importe bruto. El resto de integrantes, advierte la compañía, no percibió remuneración por el desempeño de sus funciones. Ni en 2018 ni en el ejercicio anterior.  

La sociedad semipública que avaló al padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio el visto bueno al pago de dichas remuneraciones pese a saber que varios de sus directivos estaban siendo investigados por el Banco de España y que se enfrentaban a sanciones de hasta 50.000 euros cada uno.

Bajo la lupa del supervisor

El 21 de junio de 2018 la Comisión Ejecutiva del Banco de España acordó incoar un expediente disciplinario a la sociedad de garantía recíproca Avalmadrid y a sus consejeros y directores generales o asimilados desde el 1 de enero de 2013. La intención, según detalla el órgano supervisor, era esclarecer los hechos y determinar "las responsabilidades en que se hubiera incurrido con la aplicación de las sanciones correspondientes".

Avalmadrid tenía como finalidad ayudar a autónomos y pymes "a conseguir una mayor competitividad a través de líneas financieras específicas", según consta en la declaración de intenciones de la propia sociedad.

En el pliego de 150 folios, el Banco de España alegó el incumplimiento de instrucciones relacionadas con el control de riesgos de la compañía tras una inspección iniciada en noviembre de 2016. Por estas irregularidades, el supervisor señaló a varias personas que, según los datos del Registro Mercantil, aún permanecen en Avalmadrid. Se trata de Jesús Alejandro Vidart-Anchía, quien desde marzo de 2016 figura como consejero; y Alfonso Carcasona y Fernando Rodríguez, consejeros desde 2013.

Según la resolución a la que ha tenido acceso Vozpópuli, se propuso una sanción de multa de 50.000 euros a Rodríguez, de 48.000 euros a Carcasona, y de 33.000 a Vidart-Anchía.

Las investigaciones a Avalmadrid datan de 2012. En ese año, la entidad fue objeto de una visita de inspección que concluyó con un escrito en el que se incluían tres requerimientos. En noviembre de 2016, el Banco de España inició una nueva inspección a la entidad, finalizada en 2017, que dio lugar a la incoación del expediente notificado a la sociedad en 2018 al confirmar que no se cumplieron dos de los tres requerimientos formulados seis años atrás.

El supervisor constató la necesidad de aplicar una política crediticia que redujera la concentración de riesgos y de mejorar los procedimientos de seguimiento del riesgo.