La Audiencia Nacional estudiará la legalidad de la cesión del Cuartel militar de Loyola al Ayuntamiento de San Sebastián

La Sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional estudiará la impugnación efectuada por la Asociación Reconciliación y Verdad Histórica contra la cesión del Cuartel militar de Loyola y otros terrenos por parte del Gobierno de Sánchez al Ayuntamiento de San Sebastián. Así se especifica en el auto emitido el pasado 13 de marzo, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, por el que la Sala asume la competencia para conocer el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Convenio por el que el Ministerio de Defensa acordó la cesión de distintos inmuebles y terrenos consistorio gobernado por el PNV.

Tras años de batalla administrativa y judicial, el Ejecutivo de Sánchez dio luz verde el pasado mes de noviembre al traspaso del cuartel al Ayuntamiento de San Sebastián. El anuncio se produjo en plenas conversaciones para investir por segunda vez a Sánchez y supuso el fin de más de tres años de negociaciones a cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Ahora, el futuro de dicha cesión cae en manos de la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, que tendrá la última palabra sobre la legalidad de dicha transacción. El escrito presentado por la Asociación Reconciliación y Verdad Histórica describe el rechazo del Ministerio de Defensa de presentar información solicitada referente a los Convenios firmados con el Ayuntamiento de San Sebastián, lo que entienden que se traduce en un "ejercicio de ocultismo", por lo que ponen en duda la existencia de un convenio de cesión.

El Ministerio de Defensa oculta documentación de la cesión del cuartel

La Administración, tras agotar el mes del que dispone para emitir una respuesta, amplío el plazo para facilitar la documentación interesada. El Ministerio de Defensa alegó que la cantidad y complejidad de lo requerido retrasa el procedimiento, además de que dicha documentación es de carácter auxiliar e interno y que la aportación al solicitante podría favorecer al colapso administrativo del organismo que tendría que aportarlo.

Por el momento, habrá que esperar al menos cuatro años para que se materialice el acuerdo, ya que entre las condiciones implantadas por el Ministerio de Defensa en la continuidad del Ejército de Tierra en la ciudad. De este modo, los militares permanecerán cuatro años en Loyola y después serán trasladados hasta otras instalaciones.

Según el acuerdo anunciado en 2023, los 500 efectivos alojados en las dependencias transferidas serán reubicados a escasos metros del Cuartel de Loyola, en concreto a las dependencias de la antigua Hípica. Para ello, el Ministerio deberá sufragar por lo aportado por el Ayuntamiento una serie de reformas para acomodar las instalaciones.

No podrán derribar los cuarteles

En un principio el Ayuntamiento pensaba derribar todas las instalaciones decidas, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estimó parcialmente un recurso presentado por Vox para incluir dos edificios en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Construido (PEPPUC). El PNV tendrá que conformarse con esta decisión judicial a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto. De esta forma, la edificabilidad urbanística perderá unos 8.000 metros cuadrados.

Y es que el Ayuntamiento de San Sebastián no incluyó el cuartel militar como merecedor de la protección del PEPPUC, maniobra que habría permitido al Ministerio de Defensa deshacerlo y pactar el cambio de titularidad de todo el complejo. Finalmente, el TSJPV sentenció que los cuarteles cumplen los criterios para entrar en el plan de Patrimonio Construido.

La cesión por parte del Gobierno del cuartel responde a una reclamación histórica del PNV. Ahora, entre las fuerzas de seguridad del Estado -principalmente Policía Nacional y Guardia Civil- hay un creciente desconcierto sobre el futuro de los agentes cuya presencia incomoda a los separatistas vascos. El caso del Ejército de Tierra en San Sebastián es el ejemplo de que Sánchez puede usar otras instalaciones similares como moneda de cambio para mantenerse al frente del Consejo de Ministros.