La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso de Vox, que protestaba contra el cierre de la causa que investigaba el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra, la cual ya fue archivada por el juzgado de instrucción nº 15 de Madrid el pasado 5 de enero.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE y fechado el pasado 11 de enero, la Audiencia Provincial rechaza el recurso de nulidad de las actuaciones que presentó la formación verde, atendiendo al criterio de la Fiscalía y del Abogado del Estado, al entender que no se ha existido indefensión.
Según la compañía, estados dos resoluciones "han dado la razón a la compañía aérea, que ha demostrado el cumplimiento de las condiciones necesarias para ser beneficiaria de la financiación pública obtenida". El juez madrileño acordó en su momento el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que investigaba el rescate de la aerolínea, entendiendo que no aparecía justificada la comisión de un delito. Esto se debe a que aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo.
No hubo malversación
Con ello, se descartó que hubieran cometido delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como sostenían las querellas presentadas por Manos Limpias, el PP y VOX.
Loe hechos se remontan al 9 de marzo de 2021, cuando el Gobierno dio luz verde a rescatar a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.
En abril de 2022 el juzgado inició diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Bartolomé Lora y el consejo de administración del organismo, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunta malversación en el rescate. Fue entonces cuando la magistrada Esperanza Collazos indicó que "los hechos denunciados hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
Entre los miembros del consejo de la SEPI contra los que se dirigía la querella figuran cuatro secretarias de Estado, Esperanza Casteleiro (Defensa), Inés María Bardón (Hacienda), Sara Aagesen (Energía) y Ana de la Cueva (Economía y Apoyo a la Empresa).
También el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, la directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Isabel Valldecabres, y el director del Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno.
