La Audiencia acuerda investigar a 10 exjefes de ETA por el asesinato del concejal del PP Pedrosa Urquiza

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha acordado investigar la presunta responsabilidad de 10 exdirigentes de la organización terrorista ETA en el asesinato el 4 de junio del 2000 del concejal de PP en el Ayuntamiento de Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa Urquiza así como la posible responsabilidad de los imputados en la política de expulsiones forzadas en País Vasco.

En un auto de este mismo lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 admite a trámite la querella interpuesta el pasado mes de agosto por la Asociación Dignidad y Justicia, que explicaba que Pedrosa fue "una de las numerosas víctimas" de la "política de expulsiones forzadas del País Vasco dirigida por la zuba -el máximo órgano de dirección de ETA- bajo amenaza de muerte".

A este respecto, el instructor sostiene que las amenazas que recibió el concejal antes de su muerte y su posterior ejecución "evidencian el carácter concursal y conexo entre el intento de expulsión y el propio asesinato que se produjo, tal y como la propia organización terrorista reivindicó en el ZUZEN 79 (contra los políticos responsables del aplastamiento de Euskal Herria").

Para el magistrado, el asesinato de Pedrosa no sólo es un asesinato terrorista. "Supone, además, una amplificación y un refuerzo de esa amenaza terrorista, formando parte de esa estrategia de terror continuada y no puntual, indiscriminada y persistente, hasta el año 2011, y con eso no solo se acaba con la vida de la concreta persona, en este caso el señor Pedrosa Urquiza, sino que se alimenta ese clima de amenaza creado con vocación de perdurar durante el tiempo", asegura. Por todo ello y para esclarecer el asesinato del concejal, el magistrado acuerda la practica de una serie de diligencias para aclarar la responsabilidad de los integrantes del Comité Ejecutivo de ETA en el momento del asesinato de Jesús María Pedrosa.

Entre ellas, solicita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional un informe que incluya las acciones de amenazas, coacciones y hostigamiento cometidas contra militantes de partidos políticos constitucionalistas en el periodo de tiempo inmediatamente anterior, simultáneo y posterior al asesinato del concejal en junio de 2000, "debiendo evaluarse en concreto si, como consecuencia de ese clima intimidatorio, dichas personas pudieron abandonar el País Vasco".