Publicado: 12/01/2022 04:45
Los vocales de la Asociación de Fiscales (AF) que forman parte del Consejo Fiscal estudian ya acciones legales para poder acceder al expediente completo de la investigación a Ignacio Stampa. Se trata de un paso más en el enfrentamiento contra la cúpula de la Fiscalía General del Estado, que ha vuelto a denegarles el material del exfiscal del caso Villarejo. Los vocales de la asociación mayoritaria consideran que el órgano que dirige Dolores Delgado no está legitimado para ocultar el expediente y que deberían recibir respuesta por escrito de sus reclamos.
El asunto en cuestión podría terminar en la vía Contencioso-Administrativa, donde Stampa ya tiene abierto otro frente. El fiscal interpuso una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que se pronuncie en relación a su derecho a acceder al expediente de la investigación por presunta revelación de secretos del caso Villarejo. En concreto se estudió una denuncia sobre filtraciones a Podemos que se terminó archivando por falta de pruebas. Ahora, a las acciones iniciadas por Stampa (que implica a Delgado en su salida de Anticorrupción), se podrían sumar también otras emprendidas por los vocales de la AF.
Fuentes de la carrera fiscal confirman a Vozpópuli que no descartan emprender medidas legales si se les niega todo este material. El estudio de esta alternativa se produce un día después del Pleno del Consejo en el que Delgado eligió a María Ángeles Sánchez Conde como su 'número dos' en el Ministerio Público. Aunque en el orden del día no había ningún punto relacionado con este caso, los vocales de la asociación conservadora recibieron una nueva negativa a sus pretensiones. Los demandantes consideran que esto no es una mera petición de información, sino que tiene visos de acto administrativo y la respuesta debería figurar por escrito.
Autorización de Stampa
En paralelo, la APIF (asociación que no tiene representación en el Consejo Fiscal pero que fue la primera en pedir explicaciones por estos hechos) ha presentado este mismo martes un escrito a la Inspección Fiscal en el que solicita el acta del Pleno del Consejo del pasado 24 de noviembre en el que se trató este asunto. Además, también propone que se pida autorización a Stampa para que permita el acceso a los papeles de su investigación. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales mueve ficha en este sentido después de que Dolores Delgado accediera a dar información siempre y cuando lo autorice el perjudicado.
La máxima representante del Ministerio Fiscal así lo acordó en su último escrito el 3 de diciembre. Delgado expuso en respuesta a los vocales de la Asociación de Fiscales que ni disponía de esa información ni tenía tampoco legitimidad para recabarla. No obstante, dijo que facilitaría su entrega solo si Stampa lo consiente expresamente. La exministra de Justicia ha negado por activa y por pasiva que tenga algo que ver en su salida de Anticorrupción, la cual se produjo en octubre de 2020 cuando no logró ningún voto para acceder a la plaza fija del órgano que dirige Alejandro Luzón.
Stampa, sin embargo, sostiene que la fiscal general del Estado sí está involucrada en su salida del caso Villarejo dado que cuando se produjo la votación en el Pleno del Consejo Fiscal del 27 de octubre, todavía seguía abierta su investigación por revelación de secretos en la Fiscalía del TSJ de Madrid. La misma estaba viva, precisamente, por las recomendaciones efectuadas desde la cúpula del Ministerio Público de seguir investigando y ello pese a que el fiscal instructor de causa, Carlos Ruiz de Alegría, había propuesto el archivo al no apreciar irregularidad alguna.
La Abogacía defiende a Delgado
No obstante, el procedimiento se dilató hasta febrero del año pasado a tenor de las sugerencias de la Secretaría Técnica. De hecho, el fiscal instructor trató de cerrarlas hasta en dos ocasiones (previas a la celebración del Consejo Fiscal) asegurando que, de todas las pruebas practicadas, no cabía apreciar "huella alguna de indicios ni tan siquiera de sospechas" que avalasen la pretensión de Vox de que filtró secretos del caso Villarejo a Podemos, partido que litiga como acusación popular. Fuentes de la Fiscalía, por su parte, niegan por completo dilaciones en el proceso e insisten en que las recomendaciones que se efectuaron desde la Secretaría Técnica son habituales y deben permanecer en el secreto para no perturbar las investigaciones.
Pese a ello la APIF en primer lugar y la Asociación de Fiscales en segundo término instaron a la fiscal general a que tratara este asunto con carácter de urgencia en el Consejo Fiscal. Mientras la primera cuestionó que el jefe de la Secretaría Técnica tuviera potestad para hacer sugerencias a otro fiscal no subordinado, la AF arremetió contra Delgado, de la que ha pedido ya su dimisión. La asociación precisó que ahondaba en la crisis de credibilidad del Ministerio Público y además cuestionó que no se abstuviera en la votación de los nombramientos de las plazas de fiscales pese a sus vínculos con el caso Villarejo.
Del mismo modo, y tras analizar este asunto en el Pleno del pasado 24 de noviembre, solicitaron información por escrito de los abogados que pleitean en el caso Villarejo teniendo en cuenta que el exfiscal de este procedimiento también apuntó a posibles intereses de Baltasar Garzón en estos hechos. El despacho del que fuera magistrado de la Audiencia Nacional, que representa a algunos de los principales imputados en el caso Tándem, respondió que la Asociación de Fiscales no estaba legitimada para pedir dicha documental y respaldó a Delgado al apuntar que es materia reservada.
Sin embargo los vocales de la Asociación reiteraron que no actúan en nombre de la misma sino como integrantes del Consejo Fiscal y, por tanto, tienen derecho a reclamar todos estos documentos. Con todo, la Abogacía General del Estado también ha salido en defensa de Delgado. Los servicios jurídicos del Gobierno (al que ella perteneció en calidad de ministra de Justicia) se han posicionado en la causa abierta en lo Contencioso del TSJ de Madrid tras la demanda interpuesta por Stampa y han pedido el archivo de la misma, según las fuentes consultadas por este medio.
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