El Parlamento designa al juez Puyol para dirigir la oficina andaluza anticorrupción

A la segunda fue la vencida. Pasadas las cinco y media de la tarde de este jueves el Parlamento de Andalucía, por mayoría más que absoluta, daba luz verde al nombramiento del juez Ricardo Puyol para dirigir la Oficina Antifraude, encargada de combatir la corrupción en la administración pública, a propuesta de Ciudadanos, socio del Partido Popular en el Gobierno que preside Juanma Moreno.

A los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que sumaban 56 escaños (faltaba un diputado de Vox y la mayoría absoluta está en 55) se sumaban los 6 de Unidas Podemos. Nada más concluir la deliberación, por voto secreto y en urna, fuentes de la formación liberal aseguraban a Vozpópuli que "cinco diputados" de la citada coalición de izquierdas habían votado a favor y estaban dentro de los 62 logrados. No obstante, desde Unidas Podemos aclaran que ellos eran seis y faltaba un diputado de Vox, de ahí el dato inexacto avanzado por Cs.

Tras informar la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, del resultado del escrutinio se ha producido una ovación hacia Puyol, que presenciaba la sesión plenaria desde su escaño. Lo hacía con la confianza asegurada en que esta vez, al contrario que en la anterior votación, su nombramiento saldría adelante. Hace dos semanas eran necesarios tres quintos del Parlamento para dar luz verde al nuevo cargo institucional, que depende de la sede parlamentaria y no de la Junta de Andalucía.

A las puertas del salón de plenos del antiguo Hospital de las Cinco Llagas se sucedían las felicitaciones de numerosos parlamentarios que se acercaban a Ricardo Puyol para darle la enhorabuena, incluidos el presidente y vicepresidente de la Junta, Juanma Moreno y Juan Marín, respectivamente. Cuando ambos le estrechaban la mano, ya en el patio, y posaban para los fotógrafos, el teléfono del magistrado no paraba de sonar, con la inconfundible sintonía de la popular serie televisiva 'Curro Jiménez' como fondo musical. Ha sido la anécdota, tras la solemnidad del acto.

Fuentes conocedoras del funcionamiento interno que tendrá la Oficina Antifraude aseguran a Vozpópuli que la idea de Puyol es comenzar a recibir denuncias contra la corrupción entre enero y febrero. Aclaran, además, que el magistrado causó baja en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de corte conservador, nada más aceptar la propuesta de Cs, previa a su elección parlamentaria, para descartar así cualquier tipo de incompatibilidad que hubiera podido surgir.

Abstención del PSOE y los 'anticapis'

Tanto el PSOE, como los anticapitalistas de Teresa Rodríguez (exPodemos), se han vuelto a abstener este jueves en la votación sobre Puyol. Días atrás el líder socialista andaluz, Juan Espadas, justificó su postura en que se habían sentido "ninguneados" por parte de Ciudadanos, al no reunirse con ellos, ni consensuar la propuesta del magistrado, única formulada. La opinión es compartida por los anticapitalistas, e incluso por Unidas Podemos.

No obstante, esta última formación ha ponderado, a la hora de votar a favor, la brillante trayectoria de quien fuera juez de instrucción en Marbella en sonados casos contra la corrupción, como el que apartó a José María del Nido de la presidencia del Sevilla F.C. ,'caso minutas', o la imputación del actor Sean Connery en el llamado 'caso Goldfinger'. Todo ello además de numerosos sumarios contra el exalcalde Julián Muñoz y el cerebro del 'caso Malaya', Juan Antonio Roca.

Desde Izquierda Unida reconocen, además, que la buena relación de Puyol con Pedro Moreno Brenes, catedrático de Derecho de la Universidad de Málaga, exconcejal de IU en Málaga, y antiguo funcionario de Marbella represaliado por Jesús Gil, ha influido también a la hora de respaldar el nombramiento, dadas las excelentes referencias que Moreno Brenes les ha trasladado. De hecho, Puyol fue alumno suyo.

Pedro Moreno Brenes era oficial mayor, con funciones de secretario municipal, en el Ayuntamiento de Marbella cuando Jesús Gil accedió a la Alcaldía, en mayo de 1991. Nada más llegar al poder el polémico regidor, a su vez presidente del Atlético de Madrid, pretendía que Moreno acudiera a despachar asuntos municipales a sus oficinas privadas del Club Financiero Inmobiliario. El alto funcionario se negó en redondo y comenzaron las amenazas "al estilo del Padrino", como él mismo contó años después en los medios de comunicación.

Al ver Jesús Gil que no estaba ante un funcionario sumiso, ni corrupto, como otros a los que se encontró en su camino, firmó un decreto mediante el que otorgaba vacaciones forzosas a Moreno Brenes. Fue el pasaporte para que el joven jurista solicitara un nuevo destino. Con él en el Ayuntamiento las tropelías y el saqueo sistemático de las arcas públicas, durante más de quince años, nunca hubieran podido consumarse. Marbella se convirtió en una auténtica cleptocracia, hasta tal punto que el Gobierno central, entonces presidido por Zapatero, disolvió el consistorio en 2006 y nombró una Comisión Gestora, a través de la Diputación de Málaga. Fue poco después de iniciarse el 'caso Malaya', la mayor operación policial y judicial contra la corrupción municipal que ha habido jamás en la historia de España.