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Andalucía

Los famosos con fincas cercanas a Doñana, en el punto de mira: Eugenia Martínez de Irujo, citada a declarar ante el juez

No ha transcurrido ni un mes desde el encuentro entre el Gobierno de España en funciones y la Junta de Andalucía para alcanzar un acuerdo para Doñana y ya se han imputado por delitos por mal uso del agua al extorero “el Litri” y a la Casa de Alba

Eugenia Martínez de Irujo en una imagen de archivo. EUROPA PRESS

Tras la imputación de “el Litri” por supuesto delito contra el Medio Ambiente, ahora hemos conocido que la misma Fiscalía de Medio Ambiente en Sevilla se querellaba el pasado mes de septiembre contra la empresa de la Casa de Alba Eurotécnica Agraria por ocho pozos clandestinos en la finca Aljóbar. Un latifundio de naranjas de 200 hectáreas, en el término municipal de Aználcazar (Sevilla), zona declarada como preparque de Doñana. Los Alba han sacado de la finca de Aljóbar 53,6 millones de kilos de naranjas en la última década, con un beneficio anual de entre 700.000 y 800.000 euros, además han recibido en los años 2021 y 2022 1,4 millones de fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC).

El caso ha pasado al Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor(Sevilla), ha citado como investigada a la duquesa de Montoro, por un delito contra el medio ambiente. Maria Eugenia Martínez de Irujo, ha asegurado que efectivamente ella es la presidenta de Eurotécnica Agraria, la sociedad familiar que aglutina la mayoría de las empresas de los Alba situadas entre Extremadura y Andalucía, entre la que se encuentra Aljóbar, pero que dicho cargo es rotatorio. La propia Eugenia ha indicado "esa finca no es de mi propiedad y no tengo ningún vínculo ni responsabilidad con ella”. Tras comprobar las palabras de la única hija de la desaparecida Duquesa de Alba, el juez que lleva el caso, Pablo Aragón, ha anunciado que cambiará a la imputada por su sobrino Luis Martínez de Irujo, hijo de su hermano Alfonso Martínez de Irujo, que es quien ha de facto ha gestionado el negocio

Miembros del Seprona, pertenecientes a la Guardia Civil, acudían el pasado 12 de junio a la finca Aljóbar acompañados de los técnicos Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de la para que cesasen las extracciones de los ochos pozos irregulares, que llevan al menos una década extrayendo agua de un acuífero muy cercano al Parque Nacional de Doñana, pero no los dejaron pasar. La Fiscalía sostiene que los Alba incurrieron en un delito de desobediencia, por estos hechos. Alfonso Martínez de Irujo, que gestiona la finca junto a su hijo Luis, admite que no inscribió los pozos y que hay "más de los debidos". "No es ilegal, aunque debí haber priorizado este tema", reconoce el duque de Híjar, quien ha presentado un escrito en el juzgado para que en vez de su hermana declare como investigado su hijo, gerente de la finca los últimos años.

Pozos tapados con lonas y cuadros eléctricos entre los naranjos

Pese a que los Alba aseguran que ellos no han causado daños y que los pozos no exceden la cantidad de agua autorizada para extraer del acuífero y que tenían intención de regularizarlos, la investigación indica que esto no está del todo claro ya que camuflaban los pozos presuntamente ilegales  con lonas verdes y escondía los cuadros eléctricos entre los naranjos.

La Fiscalía solicita al juzgado que se determine el volumen extraído con los pozos y "si la detracción de aguas ha causado daños sustanciales a la calidad del acuífero afectado, si tal detracción pudiera perjudicar gravemente el equilibrio del mismo o incluso si tal detracción pueda haber creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas”. No obstante durante la investigación, la Fiscalía considera que los riegos ilegítimos llevados a cabo ascenderían a 305.851 metros cúbicos, lo que supone unos 36.000 euros.

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