El Defensor del Pueblo en Andalucía abrirá una queja por el crimen de Almería

Antonio Maeztu, Defensor del Pueblo andaluz,ha anunciado hoy durante la presentación del Informe Anual de 2023 de esta Institución que iniciará una queja tras la confirmación como violencia vicaria del caso de las niñas de dos y cuatro años asesinadas por su padre este pasado domingo en un cortijo entre los municipios de Alboloduy y Gérgal, en la provincia de Almería.

Maeztu ha resaltado que estudiarán los Puntos de Encuentros Familiares, gestionados por la Junta a través de entidades de colaboración, para asegurarse que cuenten con profesionales. Además, ha señalado que se pondrá en marcha el análisis sobre hasta qué punto es adecuado dar un permiso de visita a niños de un padre que cuente con antecedentes o acusaciones por violencia de género, un estudio que, a su juicio, "puede evitar muertes".

"La violencia vicaria es la peor manera de matar a un a mujer en vida", ha aseverado el Defensor, quien ha condenado la violencia hacia la mujer, toda vez que ha puesto de relieve que la institución "debe ser ejemplar en igualdad y en buscar medidas para evitar estos sucesos"

La madre pidió que no intervinieran en las entregas

Según confirmó este pasado lunes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las dos niñas asesinadas estaban con su padre en virtud del régimen de visitas acordado por un juez, mientras que el progenitor, que se ha suicidado, estaba a la espera de juicio, señalado para el 10 de abril, acusado de malos tratos y de amenazas a la madre de las pequeñas. Según aclaró el alto tribunal andaluz, el régimen de visitas fue acordado en sentencia de marzo de 2023 por la autoridad judicial y establecía que el padre podía estar con sus hijas sábados y domingos de cada semana, entre las 12,00 horas y las 18,00 horas.

La resolución señalaba que la madre debía trasladar a las menores al Punto de Encuentro Familiar para ser recogidas por su progenitor, pero ella pidió "en varias ocasiones" que la entrega se realizara sin la intervención de los funcionarios del Punto de Encuentro, según puntualizaron también desde el TSJA.