Hace ya 25 años, en abril de 1998, reventó la presa de la balsa con vertidos tóxicos de la mina de Aznalcóllar y cambió para siempre el paisaje de esta zona de la provincia sevillana. Sólo la labor de los tractores de los arroceros, que construyeron un muro de urgencia, impidió la llegada a Doñana de cuatro hectómetros cúbicos de aguas ácidas y otros dos de lodos cargados con metales pesados. En total, se vieron afectadas 4.634 hectáreas de zonas agrícolas y pastizal de Aznalcóllar, Olivares, Sanlúcar la Mayor, Benacazón, Huévar, Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa, Isla Mayor y La Puebla del Río. Las aguas ácidas llegaron hasta el tramo bajo de Entremuros y quedaron retenidas a las puertas del Parque Nacional de Doñana.
Sin embargo, sorprende que el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Sevilla haya determinado que la multinacional minera sueca Boliden, propietaria de la mina, no tendrá que pagar los casi 90 millones de euros que le reclamaba la Junta de Andalucía por la limpieza del vertido tóxico. El juicio se ha venido desarrollando durante cuatro jornadas en los juzgados de lo Civil de la capital hispalense. De la responsabilidad penal ya le eximió hace tiempo la Audiencia de Sevilla, al determinar que la rotura de la balsa se debió a un movimiento de tierras y no a una mala praxis por parte de la empresa. Una valoración puesta en duda por Ecologistas en Acción y también por la Junta de Andalucía.
La Junta de Andalucía reclamó el principio de "quien contamina paga", mientras la defensa de Boliden, que cerró sus filiales en España, alegó que la empresa no tenía la obligación de restablecer la situación de los terrenos afectados a su estado anterior La empresa explotadora de la mina defendió que eran suficientes los 100 millones de pesetas de la época, (600.000 euros) que aportó para los trabajos de restauración medioambiental de la zona y reprochó a la Junta ” que muchos de los gastos que reclama van más allá” de esa labor y además no estaban justificados. Además, los suecos, aseguraron que su implicación en un primer momento de la restauración de Aznalcóllar, lo hicieron como muestra de interés y aportación de medios para ayudar a la retirada de lodos, sin que implique la asunción de reconocimiento de ningún tipo de responsabilidad “.
La Junta recurrirá la sentencia que exime a Boliden de pagar el coste de la limpieza del vertido
El Gobierno andaluz interpondrá un recurso de apelación y, si fuera necesario, apelará al Tribunal Supremo contra la sentencia que desestima la demanda de la Junta de Andalucía contra Boliden Apirsa por su responsabilidad en el pago del coste de la limpieza y regeneración del terreno afectado por la rotura de su balsa minera en Alznalcóllar el 25 de abril de 1998. El ejecutivo andaluz está convencido de la existencia de responsabilidad por parte del grupo Boliden.
Dicha sentencia, frente a un supuesto del que no existen precedentes ni por tanto jurisprudencia ni doctrina, parte de una interpretación jurídica del marco normativo aplicable hace 25 años que no comparte el Gobierno andaluz. La sentencia niega la suficiencia de dicho marco normativo vigente en 1998 para amparar la reclamación de la comunidad andaluza, dejando imprejuzgada la cuestión de la responsabilidad del grupo Boliden.
El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, ha afirmado que “uno de los principales valores que defiende hoy la Junta de Andalucía es el del respeto más absoluto a nuestro entorno natural y, por su puesto, con el principio de que quien contamina, paga”. “Estamos convencidos de la existencia de una responsabilidad por parte del Boliden y tenemos la firme intención de recurrir esta sentencia, primero en apelación y llegar, si
fuera necesario, hasta el Tribunal Supremo”, ha insistido.
