Publicado: 23/08/2022 04:45
Actualizado: 23/08/2022 04:50
La Justicia, a través de diversos tribunales, estudia un aluvión de causas judiciales relacionadas con demandas derivadas de los costes por ingreso hospitalario de funcionarios con coronavirus en los compases más duros de la pandemia. Los trabajadores públicos -habitualmente atendidos por mutuas- fueron derivados a la sanidad pública y los tribunales tratan de dirimir qué figura, física o jurídica, debe hacerse cargo de las facturas de los tratamientos médicos que percibieron.
Según ha sabido Vozpópuli, el Gobierno rechaza publicar un informe clave reclamado a través del Portal de Transparencia sobre esta cuestión, al ser uno de los elementos de los que dispone la Abogacía del Estado para defender los intereses de la Administración ante los jueces.
El origen de la polémica se remonta a las fases iniciales de la pandemia, cuando los centros sanitarios alcanzaron el colapso ante la multitud de pacientes afectados por coronavirus a los que debían atender. La sanidad pública recurrió a sistemas de triaje para separar a los enfermos del virus pulmonar. A la saturación hospitalaria había que sumar los complejos procedimientos de aislamiento para evitar una mayor propagación de la enfermedad. A la postre, las Fuerzas Armadas apoyaron a los centros sanitarios con la instalación de hospitales de campaña.
Muchos de los funcionarios contagiados por coronavirus se encontraron con un complejo laberinto administrativo, al no encontrar espacio en las mutuas en las que estaban asegurados. Tratándose de situaciones extremas -los muertos por covid superaron la barrera del millar en un sólo día- se optó por su derivación a los hospitales públicos, donde recibieron el tratamiento necesario para sus afecciones.
Múltiples causas judiciales
Esa batalla administrativa prosigue en los tribunales. En concreto, se trata de determinar quién debe hacerse cargo de los gastos derivados del ingreso hospitalario de los funcionarios atendidos por la sanidad pública. Hasta la fecha hay múltiples causas abiertas en las salas, en las que la Abogacía del Estado defiende los intereses de los organismos públicos; en ocasiones como demandantes, y otras veces como demandados o codemandados.
Así se desprende de una resolución firmada por Consuelo Castro Rey, abogada general del Estado, a preguntas formuladas a través del Portal de Transparencia. En el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se requería información sobre "el informe que concluye que los gastos de asistencia sanitaria por covid de beneficiarios de MUFACE, MUGEJU e ISFAS ha de ser asumido por las Comunidades Autónomas".
La Abogacía del Estado admite que hay en tramitación "distintos procedimientos ante varios tribunales y con distintas formas de intervención" en los que participa de forma activa, en representación de los organismos públicos implicados -tanto en su función demandante como demandada-. "En estos procedimientos el informe objeto de esta solicitud tiene una directa vinculación con las pretensiones que están siendo objeto de controversia, además de constituir la argumentación principal para la defensa de la posición de la Administración General del Estado en los mismos", indica Castro Rey.
Rechaza la solicitud
La Abogacía General del Estado argumenta que la entrega del documento solicitado puede suponer "una quiebra del principio de igualdad de las partes en estos procedimientos" y que podría afectar a la posición de la Administración en los procedimientos abiertos.
A modo de ejemplo, cita los procedimientos ordinarios núm. 439/2021 y 13/2022 seguidos ante la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, respectivamente.
"Una vez analizada la solicitud [para acceder a la documentación requerida por el Portal de Transparencia], este Centro Directivo considera que no es posible facilitar el acceso al referido informe, al encontrarse en tramitación distintos procedimientos ante varios tribunales y con distintas formas de intervención por parte de la Abogacía del Estado en representación de los citados organismos públicos, bien como demandantes, bien como codemandados o demandados", concluye la abogada general del Estado.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.
Por lo que recuerdo, lo primero que hizo el estado fue paralizar la sanidad privada. Recuerdo tener cita pasado el 9 de marzo y llamarme desde el hospital diciendo que cancelaban toda asistencia porque debían poner TODOS los recursos humanos y materiales a disposición del Ministerio de Sanidad. Salvo algunos VIPs muy conocidos (como la entonces vicepresidenta), los asegurados no podíamos acudir a nuestras aseguradoras porque tenían prohibido atendernos.
Soy de ISFAS, estuve ingresado 18 días en un hospital público al que fui derivado desde mi entidad aseguradora y el cargo que pasó el INSALUD al ISFAS fue de algo más de siete mil euros en concepto de la asistencia recibida. No me parece un precio desorbitado ni mucho menos.