La creación de un cuerpo de Acción Exterior catalán anunciado por la Generalitat ha encendido todas las alarmas entre los diplomáticos españoles. Algunos de ellos, consultados por Vozpópuli, califican de "gravísimo" el paso anunciado por el Gobierno de Cataluña. Y esperan a conocer los detalles del plan para pronunciarse con más contundencia.
La consejera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret, ha anunciado este martes la puesta en marcha de este cuerpos de funcionarios. Serret ha dicho que el departamento estará integrado por funcionarios expertos en relaciones internacionales. Y que se intentará captar talento de fuera de la Administración. El proyecto tendrá que ser aprobado por el Parlamento catalán.
El independentismo confía en que sus diplomáticos -palabra que no ha utilizado la consejera y que tampoco aparece en la nota de prensa oficial- integren su perspectiva internacional en todas las consejerías del Gobierno. Y colaboren con las más de 20 delegaciones en el exterior que ya posee la Generalitat.
Alerta entre los diplomáticos
Las fuentes diplomáticas consultadas por este diario señalan que la clave está en la diferencia entre relaciones internacionales y acción exterior. La primera es una disciplina de la ciencia política que estudia las relaciones exteriores de los Estados. Mientras que la acción exterior o las relaciones exteriores son las interacciones entre Estados y de Estados con organismos internacionales.
"La insistencia en hablar de relaciones internacionales cuando son muy conscientes de la diferencia que existe con la acción exterior es un indicio claro de lo que tratan de ocultar", dicen estas fuentes.
Vozpópuli se ha puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para obtener una valoración sobre este anuncio de la Generalitat y si éste forma parte de los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez con ERC. Pero no ha obtenido respuesta. Este diario tampoco ha obtenido una respuesta oficial de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) en la que está integrada la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE).
Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado y vicepresidente de la asociación constitucionalista catalana Impulso Ciudadano, ha asegurado que la medida es inviable porque atenta contra el artículo 149. 1 de la Constitución. Según recoge la Carta Magna, El Estado tiene la competencia exclusiva sobre varias materias, entre ellas, las Relaciones Internacionales.
"Estos profesionales se encargarían de establecer y mantener las relaciones con gobiernos y sus representantes en el exterior, instituciones de la Unión Europea, organismos internacionales y redes de cooperación territorial, que es un labor adjudicada en exclusiva al Estado", afirma Arenas.
El doble de 'embajadas' que antes del 155
La pata exterior ha sido siempre una de las obsesiones del separatismo y el nacionalismo catalán. Y a ello ha dedicado ingentes cantidades de presupuesto: vender la causa a favor de la independencia catalana en el mundo y retratar a España como una especie de Estado opresor.
La aprobación del 155 por el golpe a la democracia del 2017 en Cataluña supuso un punto de inflexión para la acción exterior de la Generalitat. Una de las medidas adoptadas por el Gobierno fue el cierre de las mal llamadas embajadas catalanas y la liquidación del Diplocat, el brazo diplomático de la Generalitat. La moción de censura que aupó a Sánchez a la presidencia del Gobierno y su dependencia parlamentaria de los grupos separatistas echó abajo el trabajo desarrollado por los diplomáticos españoles.
De hecho, las casi 25 delegaciones de Generalitat en el exterior son más del doble de las que existían antes del 155. Estas embajadas dan soporte a más de 70 países. Según su informe de ejecución presupuestaria, la Generalitat gastó en 'Acción Exterior y Cooperación al Desarrollo' 42,8 millones de euros.
De esa partida, 30,8 millones fueron destinados a proyectos de cooperación y 12 a relaciones exteriores. Esta inversión es casi el doble de los 25 millones que gastó la Generalitat en 2018 tras la aplicación del 155.
