Publicado: 18/07/2022 04:45
Actualizado: 18/07/2022 04:50
La licitación por vía de emergencia es el método de contratación pública del que dispone la Administración que requiere un menor número de trámites, adjudicando las partidas directamente a las empresas sin intermediarios ni concurso abierto. Según la normativa, debería usarse sólo para circunstancias excepcionales, ante "acontecimientos catastróficos" o situaciones en los que la "seguridad pública" esté en riesgo. Sin embargo, los datos derivados del año 2021 revelan que los organismos públicos recurrieron a este método de contratación con asiduidad: en total, en 7.324 ocasiones, con acuerdos que supusieron un desembolso total superior a los 2.029 millones de euros.
Las cifras figuran en un informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), entidad que depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda pero que cuenta con autonomía para supervisar las licitaciones públicas. El documento, fechado este mismo mes de julio, analiza las contrataciones realizadas por la Administración pública durante todo el año anterior mediante trámite de emergencia.
El documento destaca que los contratos por vía de emergencia se dispararon en el ejercicio 2020 a causa de la pandemia de coronavirus, con una cifra total de 22.379 contratos. Fue un año convulso, en el que la comunidad internacional se lanzó a un mercado saturado en busca de material sanitario con el que hacer frente a la crisis sanitaria. Así se lograba reducir los plazos en las adjudicaciones y obtener el stock necesario a la mayor brevedad posible.
Sin embargo, algunas dinámicas de contratación por vía de emergencia se prolongaron durante el año 2021, con la situación pandémica bajo mayor control que en los meses anteriores. La falta de material sanitario ya no era tan flagrante y la industria internacional activó todos los mecanismos para dotar a los sistemas nacionales de salud de los medios necesarios para hacer frente a la crisis.
El desglose de los datos
La OIRESCON detectó y revisó un total de 7.324 contratos públicos tramitados mediante este procedimiento. El trabajo de la oficina no siempre ha sido fácil, toda vez que algunas de las plataformas de contratación de la Administración cuentan con recursos escasos a la hora de clasificar y gestionar las licitaciones.
La oficina también lamenta la "falta de información" en algunos de los contratos y la "distinta métrica" que emplean los órganos de contratación en los procedimientos: "Las cifras económicas dadas deben manejarse con la debida cautela y entenderse como una aproximación o estimación", advierte.
De los 7.324 contratos analizados, 5.988 (un 81,76%) correspondían a adjudicaciones relacionadas con la pandemia de coronavirus, a los que habría que sumar otros 18 con el mismo motivo pero de "dudosa justificación". En 150 casos se ha detectado "falta de información" y no ha sido posible atribuir un motivo claramente definido al procedimiento. Los otros 1.168 contratos (un 15,95% del total) se adjudicaron por motivos completamente ajenos a la crisis sanitaria.
El desglose del órgano de la Administración contratante arroja otros datos de interés. Las Comunidades Autónomas centran la mayor parte de las contrataciones por vía de emergencia, con 4.566 de los 7.324 casos ya citados. Cantabria fue la región que, de largo, empleó más este procedimiento, con un total de 1.422 casos, seguida de la Comunidad Valenciana (618), Canarias (521), Andalucía (491) y Castilla y León (253). El siguiente cuadro desglosa todos los datos:
Las comunidades que más gastaron
Las contrataciones públicas por vía de emergencia detectadas por la OIRESCON supusieron un desembolso total de 2.029 millones de euros. Las licitaciones relacionadas con la pandemia estuvieron valoradas en 1.501,7 millones de euros; las 18 consideradas de dudosa justificación en el marco de la crisis sanitaria, 2 millones; aquellas en las que faltaba información o había dudas, 37 millones; y las que no tenían ningún tipo de relación con el coronavirus supusieron un gasto de 488,7 millones.
De nuevo son las Comunidades Autónomas las que protagonizan cifras más abultadas en este apartado, con un gasto acumulado de 1.250 millones de euros. Cantabria, que era la región que había tramitado más contratos por vía de emergencia (1.422), está muy lejos de las comunidades que abonaron mayores cantidades en estos procedimientos. Los gastos de Andalucía fueron de 396 millones de euros, seguida de Comunidad Valenciana (241 millones), Canarias (114), Castilla-La Mancha (79) y Castilla y León (74).
La OIRESCON lanza una serie de recomendaciones para que la Administración pública cumpla con los requisitos de transparencia y legalidad relacionados con la contratación por vía de emergencia. Entre otros, plantea que la justificación de estas licitaciones siempre sea precisa, que se adopten las medidas que permitan una correcta verificación de la información recogida en la Plataforma de Contratación, así como la publicación de los informes técnicos o memorias que avalan la concurrencia de las circunstancias contempladas en el artículo 120 de la
Ley de Contratos del Sector Público, habilitantes para la tramitación de emergencia.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.
Ni hay justicia ni se la espera.
Y si esto fuera poco, el gobierno se quiere hacer con las riendas de esta justicia desaparecida.
La Constitución se olvidó de validar una serie de referendums dedicados a los ciudadanos para que dieran, o no, paso a todas estas patrañas que hacen los políticos alegando que lo hacen en representación de los ciudadanos que les votaron.
Pero yo no voté en ningún momento que quienes nos representan piensen primero en su beneficio que en el beneficio de quienes les votan.
¿Cómo es posible que sus prebendas estén por delante de las necesidades de los ciudadanos?