Vox y PROLEGE han presentado nuevos escritos para pedir al juez del caso Neurona que continúe investigando el contrato de 363.000 euros que Podemos firmó con una consultora para las elecciones generales de abril de 2019. Ambos se han apoyado en un informe pericial encargado por los de Santiago Abascal en el que se asegura que "la información que se solicitó vía judicial" a la formación morada "fue eliminada de manera consciente y con interés en que no pueda hallarse por una persona con acceso a la cuenta" de Ahora Podemos en Facebook.
El documento pericial, al que ha tenido acceso Europa Press, fue aportado por Vox el pasado 26 de julio. Al día siguiente, el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid acordó no prorrogar la investigación y desestimó la petición del partido de llamar a declarar al representante legal de Podemos.
Tras esta decisión del magistrado Juan José Escalonilla, las dos acusaciones populares se han dirigido nuevamente al juzgado. La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha explicado -en un escrito al que ha tenido acceso esta agencia- que el partido insiste en esta solicitud "al amparo de las conclusiones contradictorias que alcanzan los informes periciales sobre las evidencias documentales presentadas por Podemos"; es decir, el informe que aportó el partido dirigido por Ione Belarra, el que firmó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y el que encargó Vox.
Asimismo, la acusación popular que ejerce PROLEGE ha subrayado que el documento pericial que entregó la formación de Santiago Abascal "lo firma ni más ni menos que el presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos". En este sentido, la letrada Carolina Mata ha asegurado en su escrito -al que también ha tenido acceso Europa Press- que "podríamos estar ante un presunto delito informático". En el documento al que hacen referencia se dice que Podemos no aportó ciertos datos al juzgado -en concreto, contenidos electorales difundidos a través de la cuenta del partido en Facebook durante la campaña electoral de abril de 2019- y alegó que no estaban disponibles en la red social. Los peritos que redactan el informe encargado por Vox aseguran haberlos encontrados. Según explican, la información fue eliminada por una persona con acceso a la cuenta en dicha red social y "sin conocimientos en absoluto de indexaciones", porque se realizó un "borrado superficial". Así, sostienen que "la información que se solicitó vía judicial fue eliminada de manera consciente y con interés en que no pueda hallarse".
En el marco de dicho documento, al que ha tenido acceso esta agencia, también se dice que el perito que firma el informe aportado por Podemos es "parte interesada" porque figura como administrador de la cuenta del partido en el momento de desarrollo de la pericial. Ante esta afirmación, la vicesecretaria jurídica de Vox ha insistido en que es necesario que se cite a declarar al representante legal de Podemos para aclarar, entre otros extremos, "la implicación directa del perito en la posible actuación delictiva, en el manejo de la cuenta de Facebook como administrador, cuestión que deberá ser valorado por el juzgado pues evidencia la existencia de sólidos indicios de la existencia de un presunto delito informático".
Caso Neurona
La causa arrancó por estas mismas fechas hace dos años a raíz de una denuncia del exabogado de Podemos José Manuel Calvente sobre distintos hechos que reflejaban presuntas irregularidades en el seno de la formación morada. El instructor se centró en el contrato firmado entre Podemos y Neurona Comunidad -la filial española de la empresa mexicana Neurona Consulting- porque sospechaba que fue en realidad un contrato simulado por cuanto no se habría prestado servicio alguno. En estos años, Juan José Escalonilla ha intentado dilucidar si Neurona hizo algún trabajo para esa campaña electoral, analizando para ello el material aportado por Podemos y varios informes policiales, y escuchando a numerosos testigos y los imputados, entre ellos la gerente de la formación política, Rocío Esther Val; el tesorero, Daniel de Frutos; y Juan Carlos Monedero.
La semana pasada, el juez rechazó la petición de las acusaciones y acordó no prorrogar la investigación. La Fiscalía, que coincide con el criterio de no extender el plazo de investigación, presentó un escrito -al que ha tenido acceso esta agencia- en el que aseguraba que de las diligencias practicadas "no resulta indiciariamente acreditado la existencia de un contrato simulado". "Lo que resta por aclarar es el valor de los trabajos realizados y si hay exceso en el pago", señaló la fiscal.
Podemos, por su parte, aseguró en su cuenta de Twitter que esta causa está basada en "rumorología" y que, por ello, quedará sobreseída y se "sumará a la colección de mentiras" contra la formación morada.
