Tribunales

PP y Vox se suman a las siete denuncias de colectivos profesionales contra el Gobierno

CSIF, la Asociación de Consumidores y Usuarios, la Asociación Profesional de la Guardia Civil, el Consejo General de Enfermería de España, el Consejo General de Colegios Oficiales Médicos, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y la Asociación de Abogados Cristianos han emprendido acciones legales contra el Ejecutivo

Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa.
Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Efe/Gtres

El PP, Vox y al menos siete colectivos profesionales han anunciado su intención de denunciar al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Tribunal Supremo y en la Fiscalía por su gestión de la crisis del coronavirus. El último en sumarse fue el PP, cuyo secretario general, Teodoro García Egea, explicó este viernes la intención de su partido de presentar una denuncia en el ministerio público contra el Gobierno por haber suministrado mascarillas defectuosas a los sanitarios.

Esta decisión se suma a la querella anunciada por la secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, para que los juzgados de Madrid investiguen presuntos fraudes en la adjudicación de contratos públicos, con cargo al fondo de lucha contra la covid-19 que cuenta con una dotación aproximada de 1.000 millones de euros, porque considera que hay "opacidad" y que el Gobierno ha prevaricado y malversado fondos.

El propio líder del PP, Pablo Casado, ya había ejercido este miércoles de periodista improvisado y, durante su intervención en el debate celebrado en el Congreso de los Diputados para la última prórroga del estado de alarma, enumeró la "crónica de tribunales que le espera" al Ejecutivo.

Siete colectivos

En ella, Casado aludió, uno a uno, a los colectivos profesionales que han iniciado acciones legales contra el Gobierno por su gestión de la crisis del coronavirus: el sindicato de funcionarios CSIF; la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena; la Asociación Profesional de la Guardia Civil; el Consejo General de Enfermería de España; el Consejo General de Colegios Oficiales Médicos; y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Sin embargo, el presidente del PP no citó a la Asociación de Abogados Cristianos, que también se ha querellado contra el Ejecutivo.

La primera nombrada por el líder de la oposición fue la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que presentó a finales de marzo una querella por un delito de homicidio imprudente ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como máxima autoridad del Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus, por no facilitar a los sanitarios "los preceptivos y necesarios equipos de protección individual". En la fecha de la denuncia ya había 12.298 sanitarios infectados, según destaca el sindicato, que apunta a posibles delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente.

Fernando Grande-Marlaska
Fernando Grande-Marlaska Europa Press

La minoritaria Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, con domicilio social en Alicante, también interpuso una querella contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por un presunto delito de lesiones por imprudencia, al considerar que conocía el alcance de la pandemia, y que sin embargo no lo comunicó con la debida antelación.

Grande-Marlaska

La Asociación Profesional de la Guardia Civil se ha querellado contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber cometido presuntamente un delito de vulneración de la Ley de prevención de riesgos laborales, a raíz de la muerte por coronavirus de cuatro agentes, y por no haber sido incluidas las fuerzas de seguridad entre los colectivos de alto riesgo.

El Consejo General de Enfermería de España, se ha dirigido penalmente contra Pedro Sánchez y Salvador Illa, así como contra otros cargos Ministerio, por un delito contra la seguridad de los trabajadores.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa, este lunes.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa, este lunes. EFE

El Consejo General de Colegios Oficiales Médicos (CGCOM) también ha explicado que acudirá como acusación contra el Gobierno por las compras de material fraudulento y por los contagios derivados del uso de las mascarillas defectuosas enviadas por el Ministerio de Sanidad y retiradas tras haberse distribuido a las autonomías y a profesionales sanitarios.

"Actuación negligente"

El último colectivo profesional aludido por Casado es la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que también ha denunciado a miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez por la distribución de mascarillas defectuosas, lo que supone, para este grupo profesional, una presunta actuación negligente por parte del Ministerio. Esta actuación puso "en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad", especifica la Confederación en una nota de prensa.

Por eso, el comité ejecutivo de la CESM acordó interponer una querella por la presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores contra el ministro de Sanidad ante el Tribunal Supremo: "No podemos dejar pasar por alto que más de 32.000 sanitarios están afectados a día de hoy de covid-19, y que el número de fallecidos es inasumible e inaceptable desde cualquier punto de vista, lo que junto con los datos que conocemos de la evolución de la pandemia en España les deberían hacerse replantear la práctica totalidad de la gestión que están realizando al efecto", destaca la nota de prensa de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.

Un colectivo profesional al que no nombró Casado, pero que también ha iniciado acciones legales contra el Gobierno es la Asociación de Abogados Cristianos. En concreto ha presentado en el Tribunal Supremo una querella contra todos los miembros del Gobierno por los delitos de omisión del deber de socorro y prevaricación en la gestión de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus y solicita que acepte la medida cautelar de obligar al Ejecutivo a repartir de “inmediato” material sanitario a los centros sanitarios y residencias de ancianos y de personas con discapacidad.

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