España

El absurdo proceso contra Straight Edge Madrid: eran rebeldes, no terroristas

Los detenidos pertenecen al grupo anarquista Straight Edge.
Los detenidos pertenecen al grupo anarquista Straight Edge. Europa Press

La historia del proceso contra el grupo anarquista Straight Edge Madrid es la crónica de una pesadilla policial y judicial, un "absurdo" en el que se vieron inmersos seis jóvenes anticapitalistas y veganos que, rondando la veintena, fueron acusados de formar una organización terrorista.

A finales de julio todos fueron absueltos por la Audiencia Nacional. Descartados los graves delitos por los que fueron detenidos hacía más de dos años y medio -pertenencia a organización criminal con fines terroristas, daños y apología del terrorismo-, la Fiscalía les acusó finalmente de enaltecimiento del terrorismo.

Pero el tribunal consideró que los mensajes y vídeos que había difundido en redes sociales mostraban "una posición de rebeldía, pero en modo alguno un ataque directo o indirecto al estado y sus instituciones".

La alegría por la absolución, reconoce a Efe el abogado Daniel Amelang, que defendió a cuatro de los jóvenes, se mezcla con la "frustración" de no haber podido impedir una "barbaridad": que uno de los acusados, Juan Manuel B., Nahuel, pasara casi año y medio en prisión preventiva por unos delitos de los que ni siquiera llegó a ser acusado formalmente en el juicio.

Artefactos incendiarios

Todo empezó el 4 de noviembre de 2015, cuando fueron detenidos en Madrid cinco jóvenes -el sexto estaba en viaje de estudios- de Straight Edge Madrid, grupo enmarcado en un movimiento que nació en los setenta en la cultura hardcore en EEUU, que aboga por el autocontrol como único medio para ser libres -rechaza las drogas y el alcohol- y que se opone a los poderes establecidos.

La policía consideraba a los jóvenes -de entre 19 y 25 años- responsables de ataques con artefactos incendiarios en cuatro sucursales bancarias de Madrid, otra de Barcelona y un centro comercial de la capital catalana.

Al día siguiente, en una rueda de prensa en la que participó incluso el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, se aseguró que tenían previsto seguir con sus acciones; en sus domicilios los agentes se habían incautado de material para fabricar artefactos, como tornillería y mechas, y manuales para hacerlo.

Entre la documentación encontrada, había propaganda de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), implicados en las bombas colocadas en la Basílica de El Pilar (Zaragoza) y la catedral de La Almudena (Madrid).

Con ese cóctel, el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González envió a prisión incondicional a Borja M. -que quedó libre dos semanas después- y a Nahuel, que pasó encerrado un año y cuatro meses, hasta que la jueza Carmen Lamela lo dejó salir con medidas cautelares.

Hoy sigue en terapia. "Nunca me había preocupado mucho por mi salud mental, pero termina afectando. En la cárcel pasa algo raro. No sé por qué, pero te vuelves más fuerte. Meses después de salir llega la depresión", cuenta a Efe el joven.

Cinco cárceles distintas

Considerado preso de especial seguimiento por su presunta peligrosidad, Nahuel estuvo mucho tiempo en aislamiento y fue trasladado hasta a cinco cárceles distintas -"como si fuera un yihadista que había puesto una bomba"-. La palabra que más repite para describir su caso es "absurdo". Y "frustración", por haber explicado hasta la saciedad el porqué de sus mensajes y mostrar pruebas de su inocencia que nadie creía.

La Audiencia Nacional consideró finalmente que las vídeos de manifestaciones y cargas callejeras y los mensajes con lemas como "muerte al capital" o "lucha sin miedo",no habían generado "el riesgo de acometer actos de terrorismo, siquiera en abstracto", sin entrar a valorar si llegaron a formar una organización de carácter delictivo, ya que la Fiscalía no les acusó finalmente de ese delito.

El abogado Amelang cree que la sentencia es "una buena noticia para la libertad de expresión" y confía en que sirva de precedente, pero no olvida los vaivenes emocionales y la desazón que causaron a las familias otros fallos judiciales en los que se aplicó la denominada "ley mordaza" a lo largo del proceso.

Unión entre las familias

Natalia Bosch había sido sometida a una intervención quirúrgica la víspera y estaba en el hospital cuando la policía acudió a su casa a detener a su hija Candela, que tenía 19 años. "Los primeros tres meses estaba como flotando. No daba crédito a nada", recuerda Bosch.

Fue la madre de Nahuel la que más unió a las familias, que empezaron a quedar una vez por semana y a organizar actos públicos para dar visibilidad al caso, sin mucho éxito fuera de determinados círculos.

Cuando la Fiscalía presentó su escrito de acusación sólo por enaltecimiento del terrorismo, viendo tal vez que todo era "una especie de disparate", Bosch estaba "enfadadísima".

"Ha sido tan raro; estamos absueltos, pero me cuesta creerlo, no lo llego a procesar", reconoce su hija Candela, que rememora cómo, de un día para otro, pasaron de formar parte de un colectivo que se reunía a menudo y organizaba actividades a no saber si podían verse. "No sólo éramos compañeros, éramos amigos".

Hasta que no se levantó el secreto de sumario, no tenían ni idea de qué se les acusaba, de que eran considerados terroristas tras hallarse en casa de Nahuel unos tornillos o en la de Borja, "una sopa de lombarda", denuncia.

Candela reconoce que el proceso ha sido complicado para todos y, aunque algunos siguen haciendo cosas juntos, Nahuel admite que un caso así "destroza todo tipo de relación":

Pero no han abandonado la filosofía Straight Edge, que se presenta como un colectivo libre de drogas, antifascista y anti especista -contrario que se discrimine a los animales por considerarlos seres inferiores-, que apuesta por enfrentarse al sistema para cambiar la realidad.

Nahuel debe decidir ahora si reclama una indemnización; es el consejo de su abogado, para crear jurisprudencia, pero él duda: "Quiero olvidarme de todo esto, de esa sensación de indefensión". 



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