El juez de Madrid excluye de la investigación sobre Rato cuatro archivadores y lo intervenido en Sotogrande

No toda la documentación intervenida el pasado mes de abril en los registros al domicilio de Rodrigo Rato ha sido puesta a disposición de los investigadores de Hacienda. Cuatro archivadores con información que los agentes se llevaron del piso del exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI y de su despacho aún no han sido abiertos. Como tampoco han sido analizados los papeles aprehendidos en las oficinas de su asesor fiscal, Domingo Plazas, en Sotogrande, según informa este lunes el diario El Mundo.

La Audiencia Nacional deberá ahora decidir si acepta o no investigar los documentos excluídos de la causa por el juez Serrano-Artal

En su último informe, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude detectaba dos pagos a Rato por parte de empresas contratistas de Bankia de los que posteriormente el político desvió una parte al hotel que posee en Berlín. Pero también indica la ONIF que de sus pesquisas ha quedado excluída parte de la documentación intervenida, por orden del juez Antonio Serrano-Artal y en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que han recurrido. En cualquier caso, será la Audiencia Nacional, que ha asumido la causa después de que el titular del juzgado número 31 de Madrid haya decidido inhibirse -ante nuevos indicios de blanqueo fuera de España-, la que deberá decidir si acepta o no analizar esos papeles. 

Los argumentos que da Serrano-Artal para prohibir a la Agencia Tributaria tocar esos documentos son de tipo formal. En relación a los cuatro archivadores obtenidos en Madrid, el magistrado entiende que no pueden ser analizados ya que en el acta de registro levantada por la secretaria judicial de guardia en día de la intervención en el piso y el despacho de Rato figura que se intervinieron 18 y no 22 archivadores.  El juez ha preferido, pues, no correr ningún riesgo, tal y como indica El Mundo.

Algo similar ocurre con los documentos encontrados en el despacho del socio de Rato. El bufete cambió su domicilio fiscal unas semanas antes de que se autorizase el registro, por lo que Serrano-Artal considera que la petición debería haber sido cursada para la nueva dirección en Madrid. Fiscalía y Abogacía argumentan, en cambio, que Plazas aún no había comunicado esa modificación a Hacienda. Por otro lado, el asesor fiscal esgrimió además que entre los documentos intervenidos figuraban datos ajenos a la investigación sobre Rodrigo Rato. 

¿Macrocausa?

Serrano-Arnal envió el pasado 6 de agosto a la Audiencia este caso ante los nuevos indicios aparecidos de que Rato pudo blanquear dinero en el exterior, lo que justificaría la competencia de este tribunal. Lo hizo a instancias de Anticorrupción, que cambió su criterio inicial y ahora considera que la competencia ya no es de los Juzgados ordinarios de Madrid, pues han surgido nuevos datos que permiten sospechar que el ex director gerente del FMI pudo blanquear dinero en el extranjero entre 2011 y 2014. En los próximos días, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu deberá decidir si la investigación a Rato por fraude fiscal y blanqueo tiene conexión con el caso Bankia en el que está imputado y asume por ello esta nueva causa.