El juez Castro pretende mandar al banquillo a la infanta antes del discurso de Nochebuena del rey

El juez Castro ha ultimado ya el escrito con el que dictará la apertura de juicio oral en el caso Nóos. A fecha de hoy, el magistrado prevé mandar al banquillo a la infanta Cristina con dos acusaciones de fraude fiscal como beneficiaria a título lucrativo, según revelan fuentes de su entorno. El juez valora en qué momento emitir ese auto y aunque inicialmente planteaba hacer pública su acusación inmediatamente después de las Navidades, se inclina ahora por hacerlo la próxima semana. El tribunal baraja como fecha para hacer público el auto el próximo día 22 ó 23, lo que significaría publicar su decisión 24 horas antes del discurso de Nochebuena del rey Felipe VI.

El entorno de Castro espera otro "tratado de derecho procesal"

Castro tiene previsto confimar este viernes la fecha en que remitirá el documento con el que abre juicio oral a las partes y, según fuentes cercanas al magistrado, sólo retrasará esa decisión si choca con algún imprevisto jurídico. De hecho, esas mismas fuentes aseguran que el juez lleva semanas trabajando ya en su argumentación y que, como en su auto anterior, publicará lo que se describe como un "tratado de derecho procesal".

El magistrado pretende desestimar de plano la llamada "doctrina Botín" esgrimida por la fiscalía y responder a la acusación de que "a la infanta se la imputa en base a una sospecha, "pudo saber", que invierte la carga de la prueba pervirtiendo la presunción de inocencia", tal y como defendió Pedro Horrach.

• Doctrina Botín: El juez Castro considera que esa doctrina en la que no puede haber cargos si no hay un acusador particular perjudicado, una acusación que en este caso correspondería a Hacienda, no rige en este caso puesto que el fraude fiscal no deja sólo un daño particular a la Agencia Tributaria sino que daña el interés general. Por ese motivo, el magistrado entiende legitimada la acusación popular y, por tanto, sostiene los cargos contra la hermana del rey. 
• Falta de pruebas: El magistrado pretende sostener la existencia de indicios suficientes del conocimiento de las actividades ilícitas de Nóos basándose en su presencia en una sociedad como Aizoon que podría haber sido unipersonal pero en la que se incluyó a la hija del entonces rey, precisamente, para favorecer los negocios de Iñaki Urdangarin. Igualmente, atribuye a los gastos personales de doña Cristina el carácter incriminatorio que demostraría que se benefició a título lucrativo del fraude fiscal en que incurrió su marido. 

La responsabilidad civil que puede terminar reclamando el magistrado quedaría por debajo de la que ha solicitado el fiscal, que exige a la hermana del rey el pago de 587.413 euros para cubrir los daños causados, una cuantía que doña Cristina ha depositado ya. 

En su escrito, el magistrado responderá también a la petición de sobreseimiento que plantea Jesús-María Silva, el abogado de la infanta. El magistrado considera "extemporáneo" ese escrito puesto que las defensas debían presentar sus alegaciones después y no antes de que el juez dicte la apertura de juicio oral y fije de qué delitos se les acusa. Pero, además, el magistrado considera que los abogados de la infanta sesgan el contenido del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el que Miquel Roca y Jesús-María Silva reclaman el sobreseimiento automático del procedimiento contra la infanta, al evitar referirse a la potestad del magistrado de abrir juicio cuando estime que hay indicios de existencia de delito en función de las pruebas disponibles.

Juicio a finales de 2015 o principios de 2016

El auto del juez José Castro cerrará la fase de instrucción y abrirá la de juicio en la que la infanta tendrá que sentarse obligatoriamente en el banquillo, aunque sólo sea para que sus abogados diriman en la primera sesión destinada a cuestiones previas si procede continuar con el juicio o no según el criterio del nuevo tribunal que se constituya.

Previsiblemente, el juicio se celebrará a finales de 2015 aunque la acumulación de causas en los tribunales de Palma podrían retrasar las sesiones hasta principios de 2016. En cualquier caso, cuando Castro comunique su decisión comenzará realmente el camino de la infanta Cristina hacia el banquillo de los acusados.