Independencia de Cataluña Llarena rechaza activar la orden de detención contra Puigdemont en Dinamarca

El magistrado considera que el expresidente catalán trata de forzar su detención para delegar su voto en el Parlament

Carles Puigdemont, en el aeropuerto de Copenhague.
Carles Puigdemont, en el aeropuerto de Copenhague. EFE

El magistrado que investiga en el Tribunal Supremo el 'procés', Pablo Llarena, ha rechazado tramitar la euroorden de detención contra Puigdemont reclamada por la Fiscalía por los delitos de rebelión y sedición, según han confirmado fuentes del alto tribunal.

El ministerio público había adelantado el pasado domingo en una nota de prensa que si Puigdemont pisaba suelo danés para tomar parte en una mesa redonda de la Universidad de Copenhague reclamaría de forma “urgente” la euroorden de detención contra el candidato de Junts per Catalunya.

El instructor encuentra razonable la petición del fiscal porque Puigdemont está fuera del territorio nacional para eludir un procedimiento penal, pero añade que tal solicitud se enfrenta a matices que conducen a que deba posponerse la orden de detención solicitada.

En concreto, considera que el comportamiento podría buscar la detención que reclama el ministerio público: “Es algo que no se escapa al instructor, más aún cuando el investigado sigue eludiendo comparecer en el proceso, y ha proclamado que lo elude por no asumir el riesgo de una eventual privación de libertad”, especifica el auto con el que Llarena rechaza la petición de la Fiscalía.

Llarena destaca, en este sentido, que el informe jurídico presentado por los letrados del Parlament expresa que el expresidente catalán “no puede pretender su investidura como presidente del Consejo de Gobierno de Cataluña si libremente elude su comparecencia ante la Asamblea que ha de votarle”.

El instructor considera que frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlament, “la provocación de la detención en el extranjero busca que el investigado pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta”.

Además, la resolución del juez destaca que Puigdemont mantiene su intención de “restablecer el mismo Gobierno bajo el que se declaró la llamada república catalana e impulsar con ese Gobierno su implantación”.

Y el juez cree que esta voluntad del expresidente catalán busca volver “al momento inmediatamente anterior al que el Senado español autorizara la apliación del artículo 155 de nuestra norma fundamental, desactivando el índico instrumento que se ha mostrado capaz de restablecer el orden constitucional”.

Así, indica que la decisión de activar la orden se pospone, en su caso, a un momento en que el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario no puedan resultar afectados por su emisión.

En el auto, el instructor subraya que “la jactancia” de Puigdemont de ir a desplazarse a un concreto lugar”, no tiene otra finalidad que buscar la detención para “burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria".

El auto considera que Puigdemont busca favorecer la estrategia “anticonstitucional e ilegal, forzando además un contexto en el que poder delegar su voto, como si estuviera en el mismo supuesto que quienes están a disposición de este Tribunal y han sido provisionalmente privados de su libertad”.

”De este modo”, continúa la resolución de Llarena, “se instrumentalizaría la privación de libertad para alcanzar la investidura y el voto que parlamentariamente no puede obtener, pero perseverando el investigado en eludir su sujeción al proceso penal, evitando someterse a la jurisdicción nacional y oponiéndose desde el extranjero a la extradición que pueda cursarse”.

Para el juez, es evidente que los instrumentos de privación de libertad no pueden desplegarse para facilitar la transgresión y ruptura de la ley.

“Y la remota posibilidad de que el desplazamiento del investigado no responda a lo que se ha expuesto, sino a una exclusiva inquietud académica, no hace razonable que no se contemple la posibilidad que se expresa, obligando a posponer la orden de detención a un momento -no necesariamente lejano- en el que el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario, no se encuentren en riesgo por una detención que- como el Ministerio Fiscal defiende- sería lógica en otro contexto”, indica el auto.

Sobre la retirada en su día de la orden internacional de detención de Puigdemont, el juez recuerda que se hizo tras constatar que las órdenes de detención, lejos de facilitar un adecuado desarrollo del procedimiento, “podían introducir una restricción inaceptable del objeto del proceso” pues el Estado requerido podría denegar parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, algo que posibilitaría “una restricción del título de imputación para los investigados que se encuentren fugados,”.

El auto añade que, contra lo expresado por “sectores interesados”, la restricción del título de imputación por un Estado extranjero a quien se peticiona la entrega de un prófugo de la justicia no es muestra de que la calificación penal de los hechos por la jurisdicción española sea inadecuada o errónea.

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