Publicado: 02/06/2016 04:00
La campaña del Partido Popular contra un sector de la judicatura ha quedado fuera de juego. El procesamiento de Manuel Chaves y José Antonio Griñán ha dejado en evidencia a buena parte de los dirigentes del PP que en las últimas semanas habían emprendido una campaña de hostigamiento y críticas al estamento judicial por sus iniciativas en casos de corrupción. Algunos ministros como Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá, o dirigentes de la formación conservadora como Cristina Cifuentes, Rafael Hernando o la secretaria general, Dolores Cospedal, se habían pronunciado en forma muy crítica con determinadas iniciativas procesales promovidas por algunos magistrados en asuntos que salpican directamente a su formación. El portavoz parlamentario de los populares, Rafael Hernando, llegó a recordar que el juez De la Mata, que se ocupa del 'caso Púnica', tenía un pasado como alto cargo de la administración socialista en los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero.
La contundencia del auto de procesamiento del juez Álvaro Martin contra dos expresidentes andaluces y 24 ex altos cargos de la Junta pone en entredicho esta corriente que ha venido desarrollando una parte de la cúpula del PP, en la que se señalaba la extraña conexión entre los tiempos políticos y las actuaciones de algunos togados. "Yo no creo en las casualidades", llegó a decir el ministro del Interior. "Sorprende la súbita celeridad de algunos jueces cuando llegan tiempos de elecciones", deslizó la presidenta de la Comunidad de Madrid. En vísperas de la campaña electoral de unos comicios decisivos, el PP ha sufrido la eclosión de nuevos terremotos relacionados con asuntos turbios, como los diferentes episodios de la red Púnica liderada por Francisco Granados, antiguo hombre fuerte de los gobiernos de Esperanza Aguirre, el asunto 'Taula' que salpica a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, e incluso un extraño suceso que toca tangencialmente al actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sáncchez. ¿Quién filtra las investigaciones? ¿Qué pasa con la UCO (Unidad de la Guardia Civil)? ¿Porqué de repente tantas actuaciones?, son preguntas que surgían con insistencia desde las filas populares.
Sospechas y críticas
Un manto de sospechas se tendió desde el PP sobre estas actuaciones judiciales. Apenas se escuchaban desde los despachos de Génova palabras en defensa de la actuación de la Justicia. Quizás Javier Maroto, vicesecretario general, fue quien se manifestó en el sentido contrario al de sus correligionarios al recordar que las actuaciones de los jueces ocurren porque se han producido actos que pueden incurrir en la ilegalidad.
El auto del juez Martín, de una contundencia sin fisuras, contra gran parte de los altos cargos socialistas que han impulsado, ideado y gestionado la enorme trama fraudulenta de los Eres en Andalucía, ha derribado esta teoría de la sospecha. El libreto que venía esgrimiendo el PP ha cambiado de tono en forma radical en apenas 24 horas. De los recelos y los reproches se ha pasado a un coro unánime y complaciente en defensa del buen funcionamiento de la Justicia y la honorable actuación de los magistrados. "Aunque la Justicia es lenta, funciona", declaraba Rafael Hernando, en un quiebro radical con relación a anteriores declaraciones.
La decisión judicial se ha producido en un momento enormemente delicado para el PP, en coincidencia con el levantamiento del secreto del sumario sobre algunos aspectos más vidriosos del 'caso Púnica', en el que se han desvelado determinadas actuaciones y comportamientos por parte de Francisco Granados y sus socios David Marjaliza o Alejandro de Pedro. Un conglomerado de excesos y comportamientos presuntamente delictivos que dibujan un tenebroso escenario sobre la política desarrollada por el PP en la Comunidad de Madrid. Esta escandalera, al menos momentáneamente, se ha visto eclipsada por el estallido andaluz, dada la dimensión y los cargos que han venido ocupando todos los señalados en el auto del instructor del asunto de los Eres, una vez que la jueza Alaya decidió dar un paso al costado tras varios accidentados años de ocuparse del procedimiento.
Pedro Sánchez está en el punto de mira, mientras que a Susana Díaz se le deja de lado por si hay que contar con ella tras el 26J
El PP ha reaccionado con cierta tibieza en contra de los expresidentes andaluces procesados. Fernando Maíllo, vicesecretario del partido, se ha preguntado si Pedro Sánchez no va a asumir responsabilidades políticas, tal y como hace habitualmente el PSOE contra Mariano Rajoy al hilo de episodios de esta naturaleza. También Cospedal y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, han optado por lanzar sus invectivas contra la cúspide del PSOE. Pedro Sánchez está en el punto de mira, en tanto que a Susana Díaz se le deja de lado. Nunca se sabe si habrá que contar con ella una vez celebradas las elecciones de junio.
Los populares, en cualquier caso, pretenden que la corrupción no se convierta en el eje central de la actual campaña. Un territorio demasiado pantanoso del que poco tienen que sacar en limpio. En fuentes del partido conservador se mencionaba en la tarde del miércoles que este escenario beneficia particularmente a Unidos Podemos, al coalición que lidera Pablo Iglesias, que basa buena parte de su estrategia electoral en arremeter contra la podredumbre instalada en la 'vieja política' y la actuación escasamente ejemplar del bipartidismo.
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