El ex 'número dos' de Interior declarará el lunes por el espionaje a Luis Bárcenas

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha citado para el próximo lunes 20 de julio al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para que declare por el presunto espionaje sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas, actualmente en prisión, según han informado fuentes jurídicas.

Este presunto espionaje se investiga en el marco de la pieza separada Kitchen, una de las muchas investigaciones que conforman la investigación sobre las actividades del polémico comisario José Villarejo, en prisión desde 2017. Francisco Martínez fue secretario de Estado de Seguridad entre 2012 y 2016 a las órdenes del que fuera ministro Jorge Fernández Díaz.

Fue imputado en enero y ya acudió entonces a la Audiencia Nacional acompañado de su abogado, pero se acogió a su derecho a no declarar. En marzo remitió un escrito al Juzgado en el que solicitaba poder declarar sin el veto que le impone la legislación sobre secretos oficiales. Tal y como informó este periódico, el juez pidió la semana pasada la autorización al Consejo de Ministros para que le permitiera declarar sin ese límite legal. El Gobierno ha contestado afirmativamente a esa petición.

El papel de Interior

La declaración de Martínez -que como investigado no está obligado a decir la verdad- servirá para conocer el grado de implicación que tenía el Ministerio del PP en las actividades presuntamente ilegales de Villarejo y en concreto sobre el papel del ministro Fernández Díaz. Francisco Martínez es hasta ahora el único político investigado en la macrocausa. 

Lo que se investiga en la operación Kitchen es si la cúpula policial bajo los Gobiernos del PP desarrolló un plan para incautar a Bárcenas documentación comprometedora sobre el PP y el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. De lo investigado hasta ahora se sabe que Villarejo y otros policías infiltraron al chófer del tesorero al que pagaron un sueldo mensual utilizando fondos reservados. Todas estas operaciones se realizaron sin dar cuenta al juez de la Audiencia Nacional que investigaba los llamados papeles de Bárcenas y la financiación ilegal de los populares.