España

Guerra de embargos: ¿por qué es inviable una Hacienda catalana?

Una de las dos leyes que el Parlament, controlado por Junts pel Sí y la CUP, quiere sacar adelante en el plazo de un mes es la de Hacienda. Con ella se pretenden dar los pasos necesarios para crear de iure una Hacienda catalana. Sin embargo, e incluso aunque se decidiera desobedecer al Tribunal Constitucional que la anularía, de facto una Hacienda catalana enfrentada a la española es inviable, según los inspectores y técnicos consultados. Para empezar habría una “guerra de embargos” de las cuentas bancarias en la que la Agencia catalana tendría las de perder.

Artur Mas, presidente en funciones de Cataluña
Artur Mas, presidente en funciones de Cataluña EFE

“Llevar adelante el cobro hipotético de impuestos como Sociedades o el IRPF por parte de una Hacienda catalana va a requerir que demasiadas voluntades (jueces, fiscales, bancos, funcionarios) incumplan la Ley, y por ello se trata simplemente de un escenario de laboratorio”. Así de contundente se expresa un funcionario de Hacienda sobre la intención de los partidos independentistas de aprobar en el Parlamento catalán el texto con el que se quiere dar luz verde a la formación de una Agencia Tributaria propia con el fin de recaudar en un futuro todos los impuestos del deseado Estado catalán.

El pasado miércoles, la plataforma electoral de Artur Mas, Junts pel Sí, y la CUP presentaron ante el Parlament un texto en el que pretenden dar inicio al proceso de creación de “un Estado catalán independiente en forma de república”, desobedeciendo si es necesario los dictámenes del Tribunal Constitucional al que consideran deslegitimado. Es un proceso destinado a la “desconexión democrática masiva, sostenida y pacífica con el Estado español”. Incluye como dos primeras leyes fundamentales, que tienen que empezar a tramitarse en un plazo de 30 días, la de la Seguridad Social y la de la Hacienda catalana.

¿Qué opciones tendrían las empresas y los ciudadanos, al ser reclamados los mismos impuestos por dos Haciendas diferentes?

El proceso está plagado de obstáculos pero, ¿y si llegara el momento en que los independentistas crean su propia Agencia Tributaria y pretenden recaudar con ello impuestos hasta ahora correspondientes al Estado? Por supuesto, todo movimiento en ese sentido sería declarado ilegal por los tribunales españoles, pero entre las intenciones de los secesionistas está la desobediencia. ¿Qué opciones tendrían las empresas y los ciudadanos, al ser reclamados los mismos impuestos por dos Haciendas diferentes?

“Si no se ingresa el dinero debido en la cuenta del Tesoro Público estatal, no se considera liquidada la declaración, aunque se haya presentado hipotéticamente en otra ‘Hacienda‘”, explica José María Mollinedo, técnico de Hacienda de Gestha. Inmediatamente el Estado da a esa empresa o persona por no declarada y le va a reclamar esa cantidad: el 100% del ingreso y los intereses de demora. Si no paga, se extiende una orden de embargo que va a llegar a las cuentas bancarias que tenga esa persona o compañía en una entidad financiera. En ese momento, ¿qué hace la entidad? No puede erigirse en juez y no embargar al cliente aunque tenga el recibo de haber liquidado con la ‘Hacienda’ catalana. Está obligada a bloquear el dinero de la cuenta. Y si hay saldo y no lo hace, el banco se convierte automáticamente en responsable solidario del pago.

Además, en caso de que el banco decidiera contumazmente no resolver las peticiones de la Hacienda española, eventualmente podría perder la licencia bancaria del Banco de España. Habría, esencialmente, una guerra de embargos que pondría en peligro la estabilidad del sistema financiero, y eso es algo a lo que nadie está dispuesto. “Para mí es la prueba definitiva de que lo de la secesión no va en serio; habría una oleada de embargos en las cuentas bancarias de las empresas en el territorio nacional”, afirma el director de un banco español a Vozpópuli.

Hace falta la colusión de demasiadas voluntades en la desobediencia

El ciudadano o la empresa catalana que hubiera decidido obedecer a Mas y pagar sus impuestos a la Hacienda catalana, y al que la española le ha embargado las cuentas, reclamaría a los tribunales. Éstos, siguiendo la legalidad española vigente, considerarían que el contribuyente ha defraudado. De nuevo, podría darse la circunstancia de que ese juez en particular dejara de aplicar la Ley nacional en favor de la catalana. Pero podría ser acusado por los fiscales de prevaricación, salvo que estos de nuevo mostraran desacato por la legalidad nacional… Por el camino tendría que haber una auténtica cadena de funcionarios públicos arriesgando su carrera, su nombre e incluso su libertad.

Hay una infinidad de problemas adicionales. Mas y los suyos lo tendrían complicado a la hora de abrir una cuenta del Tesoro para que los contribuyentes ingresaran sus tributos. Si la hacen en euros, tendría que recaer bajo la supervisión del Banco Central Europeo, y éste no daría el visto bueno a tal entidad.

“No tienen ni las bases de datos ni la capacidad técnica o humana”

En lo más prosaico, hay ya dificultades serias para levantar siquiera un aparato técnico eficaz dentro de la ya existente la Agencia Tributaria Catalana. A pesar de que Artur Mas ha declarado que ya “está a punto”, de momento sólo cuenta con 324 funcionarios y espera tener 600 efectivos en los próximos años. Muy lejos de los miles que serían necesarios para ejecutar y cobrar impuestos como el IRPF o el impuesto de sociedades, la parte mollar de la tributación.

“No tienen ni las bases de datos ni la capacidad técnica o humana”, afirma un inspector de Hacienda en activo. “¿Con qué van a ejecutar los embargos o realizar las inspecciones?”. Recientemente, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite y ha dejado en suspenso el artículo 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, por el que se crea la Agencia Tributaria de Cataluña.

Hay una opción intermedia a la que apuntan algunos de los expertos consultados: que lo que se desee es recaudar primero en la Agencia Tributaria Catalana y luego liquidar con el Estado. “Quien tiene el impuesto y la gestión tiene la llave”, explica Mollinedo. Es, en todo caso, insisten los consultados, una hipótesis de laboratorio que exige demasiada colusión de voluntades de desobediencia de la Ley.



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