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España

La Generalitat hace sus deberes ante Hacienda pese a la subida de tono de Artur Mas

Artur Mas junto a Josep Rull en una reunión de Convergència

La necesidad de liquidez es mucha. A pesar del órdago separatista que ha lanzado contra Madrid, la Generalitat de Cataluña no tiene más remedio que reconocer su delicada situación financiera y hacer los deberes ante Hacienda, según explican fuentes al tanto de los contactos entre el Govern y el Ministerio que encabeza Cristóbal Montoro.

Incluso si Artur Mas ha elevado mucho el tono y ha amenazado con acciones jurídicas para responder a las “agresiones institucionales”, las conversaciones entre los técnicos se están desarrollando con cierta normalidad. Nada de jugar con fuego como advertía el president en funciones a Montoro. Los funcionarios de la Conselleria de Economía que lidera Andreu Mas-Colell han estado trabajando a todo ritmo para poder recibir el desembolso del FLA que se hace mes a mes. Un préstamo por valor de unos 100 millones que se aprobará este mismo jueves en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. De hecho, fuentes cercanas a la Generalitat apuntan que este mecanismo mensual de entregas ya está bastante automatizado.

Si siguen por ese camino, aseguran varias fuentes del entorno del Gobierno, la Generalitat también recibirá sin problemas el primer tramo de los diez en que se han dividido los 3.034 millones de euros adicionales que se llevará Cataluña del remanente del FLA. Es decir, la Generalitat está por el momento acatando la condicionalidad específica que le ha impuesto el Gobierno de Rajoy. Todo con tal de obtener los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómico, el fondo de rescate articulado para financiar a las Comunidades Autónomas cuando se les cerraron los mercados y del que Cataluña habrá recibido a finales de año unos 52.000 millones de euros sumando también el sistema de Pago a Proveedores.

¿Cómo funciona el FLA?

El Fondo del Liquidez Autonómico se destina fundamentalmente al pago de servicios públicos, nóminas y vencimientos. El inconveniente reside en que cualquier Comunidad como es el caso de Cataluña puede decidir no sufragar los servicios esenciales sabiendo que ya los abonará Hacienda. Y en lugar de pagar la sanidad, dedicar sus recursos a otros menesteres como las veleidades soberanistas. De ahí que el Gobierno haya puesto al interventor a certificar con carácter mensual que todos los gastos costeados se correspondan estrictamente con servicios esenciales.

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