Cuando Púnica era 'l'Operation Parcelle': Suiza investigó a 15 bancos antes de alertar a España sobre Granados

Muchos meses antes de que se iniciara en España la investigación de lo que finalmente se ha dado en llamar 'caso Púnica', Suiza ya seguía los sospechosos movimientos bancarios de Francisco Granados y su amigo David Marjaliza. A comienzos de diciembre de 2012, catorce meses antes de que llegara a nuestro país cualquier información de las andanzas de los dos presuntos cabecillas de la trama en los bancos helvéticos, las autoridades de Berna pusieron en marcha la que denominaron 'l'Operation Parcelle' (Operación Parcela). Bajo ese nombre, la Fiscalía del país centroeuropeo inició una causa judicial en la que reclamó durante más de un año información de 15 bancos sobre cuentas corrientes y transferencias sospechosas de blanqueo, interrogaron a cuatro personas supuestamente relacionada con las mismas y mandaron comisiones rogatorias a Singapur y a España, la que finalmente permitió a nuestro país iniciar las pesquisas. Los investigadores suizos incluso compraron en mayo de 2013 el libro 'El Caso Bárcenas' del periodista Ernesto Ekaizer para recabar datos sobre el ex secretario general del PP madrileño. La nota de aquel gasto, 17,90 francos suizos (16 euros), figura entre la abundante documentación que finalmente remitieron a la Audiencia Nacional y que permitió al juez Eloy Velasco iniciar en el verano de 2014 un sumario que ya cuenta con 14 piezas separadas y cerca de centenar y medio de investigados (antes, imputados).

Las autoridades helvéticas investigaron durante 14 meses los movimientos de las cuentas en Ginebra del político y su socio antes de avisar a España de sus sospechas

La Fiscalía Federal suiza abrió formalmente la causa el 6 de diciembre de 2012 con el número SV-12/1848-HCL y el nombre de 'l'Operación Parcelle'. Pretendía con ella investigar a David Marjaliza bajo la acusación de "blanqueo de dinero agravado" después de haber recibido un día antes una nota de la unidad de inteligencia financiera helvética, la MROS (Money Laundering Reporting Office Switzerland), sobre las cuentas abiertas en el BNP Paribas de Ginebra a nombre de una empresa costarricense, Sheraton Trading SL, detrás de la que estaba el constructor español. De éste sabían que era un "promotor inmobiliario en España, representante, único accionista y administrador colectivo de 67 empresas", que, además, estaba relacionado con el"hombre político español" Francisco Granados. Del que fuera secretario general del PP madrileño, los documentos judiciales helvéticos destacaban que ya había sido objeto de una "investigación por corrupción, recepción de sobornos, evasión de impuestos y de espionaje político", en referencia, esto último, al escándalo de los seguimientos a sus rivales dentro del partido. Además, la Fiscalía suiza llamaba la atención sobre "una operación inmobiliaria dudosa llevado a cabo desde 2003" en alusión a las sospechas que provocó en España la adquisición por parte de Granados y su mujer de un chalé en Marbella precisamente junto a su entonces amigo David Marjaliza.

Las pesquisas de la MROS afectaban también a Candeo Corporate Services SA, una empresa de servicios fiduciarios asentada en la misma ciudad helvética, y, poco después, a la Fundación Algaba, la pantalla detrás de la que se escondía Florencio Campos Corona, que fuera alcalde socialista de Alcalá de Henares y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE en la época de Felipe González. Desde una cuenta de esa fundación habían salido 341.000 euros con rumbo a uno de los depósitos helvéticos de los dos presuntos cabecillas de la Púnica. Comenzaba a partir de estos documentos que se tradujo en los siguientes meses en una abundante petición de información a las entidades bancarias suizas que iban surgiendo en el transcurso de las pesquisas según iban detectando las autoridades suizas nuevas cuentas y transferencias sospechosas.

Una veintena de cuentas en BNP Paribas 

El BNP Paribas de Ginebra fue el primero. De hecho, en él se localizaron las cuentas de Marjaliza y Granados, y de la empresa Sheraton Trading, pero también de otros implicados en el supuesto lavado de fondos como el ciudadano español de origen británico Michael Trevor Langdon y los empresarios José Fernando Conti Coll, Tristán Domecq de la Maza y José María Riu Rabetllat, actualmente imputados por el juez Velasco precisamente por un delito de blanqueo de capitales. Sólo en los primeros seis meses de investigación, Suiza identificó hasta una veintena de cuentas en el BNP Paribas. Todas ellas, y las que siguieron apareciendo en un goteo continuo en los meses siguientes, fueron bloqueadas por orden judicial. Además, la información extendía las conexiones fuera del propio país centroeuropeo. En concreto, hacia Liechtenstein, desde donde se gestionaban dos de las fundaciones que figuraban como titulares de varias cuentas: Algaba, del ex alcalde socialista de Alcalá de Henares, y Cotazur, ligada al fallecido empresario Jesús Roa Baltar.

Sólo en abril de 2013, la Justicia helvética reclamó a siete entidades financieras información sobre cuentas que transferían fondos a los depósitos de los cabecillas de Púnica

En abril de 2013 la investigación se extendió a otras siete entidades financieras. La primera, la Union Bancaire Privée (UBP), en el que se localizó cuentas a nombre del presunto blanqueador Michael Trevor Langdon y de una empresa a su nombre, Rockfish Finance Corp, desde la que se transfirió 1,28 millones de euros a las cuentas de Marjaliza y Granados. Ese mismo mes, las autoridades de Berna localizaron en el UBS AG depósitos cuyo titular era una segunda sociedad 'pantalla' de Marjaliza, la también costarricense Droz & Co SA, y en la Banque Pictet & Cie, a nombre del empresario José Fernando Conti. También recibieron requerimientos de información en esas fechas, el United European Bank (UEB), el ING Bank de Ginebra, el Credit Suisse de Zurich, la Banca de la Svizzera Italiana de Lugano y el Julius Bär Group. En este último, se localizaron cuentas a nombre de dos mercantiles registradas en Panamá, Senator Overseas Corp y Extreme Overseas Corp, a través de las cuales el empresario Rodrigo Díez de Pichardo había hecho llegar a Marjaliza 1,35 millones de euros en varios operaciones de blanqueo 'por compensación'. El banco facilitó además detalles sobre otros tres depósitos supuestamente ligados a esta misma persona. Dos abiertos bajo los seudónimos de 'Geres' y 'Visigodo', y un tercero a la sociedad Rosedale Overseas Corp.

En los meses siguientes, y aún antes de que Berna comunicase a Madrid la información recabada sobre Marjaliza y Granados, otras dos entidades recibieron requerimientos de información. Uno fue la oficina en Ginebra del Banco de Santander, al que en mayo de 2013 le reclamaron datos sobre la cuenta abierta a nombre de Juan Izquierdo Achalandabaso, desde la que presuntamente también salieron fondos para su blanqueo rumbo a las de Marjaliza. El segundo fue el Notenstein Private Bank, de Sant Gallent, donde figuraba como titular de un depósito la empresa Riflex SA, supuestamente utilizada por el constructor español para evadir 2,5 millones de euros en metálico. Finalmente, y ya con la documentación de la investigación en Madrid, la Fiscalía helvética se puso en contacto con otras tres entidades. En abril de 2014, con el Lombard Odier, donde tenína sus cuentas Inés de Borbón y Borbón, prima del rey Juan Carlos I; y la duquesa de Alba, entre otros investigados. En mayo del mismo año también pidió datos sobre Francisco Granados a Societè Generale, dada la relación laboral de éste con dicha entidad tras su salida de la política. Ese mismo mes, también reclamó información al Credit Agricole de Ginebra, donde el político tuvo una cuenta bajo el seudónimo de 'Laiker'. Finalente, aún en mayo reclamó al HSBC de Ginebra documentación sobre la cuenta que tenía la empresa costarricense Cielo Azul Group SA, cuyo beneficiario final era Mesod Muyal Pinto, un empresario de origen israelí ligado a "la intermediación en el mercado de diamantes en Barcelona" y en busca y captura por el supuesto blanqueo de capitales del 'caso Emperador', según posteriores informes de la Guardia Civil.

Empresas de servicios fiduciarios

Además de bancos, las pesquisas se dirigieron a otras empresas y organismos del mundo de las finanzas. Una de ellas fue Riflex SA, la empresa supuesta implicada en el traslado en metálico de dinero cuyas cuentas en varias entidades fueron escrutadas. Además de a ella, se reclamó documentación a Candeo Corporate Services SA, a través de la cual se gestionaban las cuentras de Marjaliza abiertas a nombre de la empresa Sheraton Trading, y Probus Compagnie SA, una empresa de Ginebra que gestionaba las cuentas tanto de los dos cabecillas de la trama como de otros implicados como la prima del monarca emérito. Además, también reclamaron informaciónn sobre Riflex SA a la OAD FCT de Lugano, el organismo de autocontrol de empresas de servicios fiudiciarios del cantón suizo de Ticino, al que dicha sociedad estaba inscrita.

Berna detalla en la documentación remitida a la Audiencia Nacional el dinero gastado en traductores, en "un viaje de servicio" y en adquirir un libro sobre el ¡caso Bárcenas'

A lo largo de esos catorce meses, la investigación de las autoridades de Berna también incorporaron informes de la Policía Judicial Federal y del Centro de Competencias de Economía y Finanzas (CCEF), un organismo de análisis económico y financiero al servicio de la Fiscalía helvética. El primero de este último tenía fecha del 28 de febrero de 2013, y versaba sobre las cuentas del BNP Paribas que habían destapado la trama. El 11 de abril de 2014 remitió un segundo y en febrero de 2015, un tercero. Parte del contenido de todos ellos es citado por la Unidad Central Operativa (UCO) en sus análisis sobre los movimientos económicos de los dos cabecillas de la trama Púnica en Suiza. A ello, se sumó el interrogatorio de cuatro personas por su presuntamente implicados en el 'lavado' de fondos. El 4 de noviembre de 2013 compareció Andrea Zapella, dueño de la empresa Riflex SA que supuestamente utilizó la trama para trasladar 2,5 millones de euros de Marjaliza desde Madrid a Ginebra. Veintiún días después era uno de sus empleados, Ronaldo Benasconi, quien declaraba. Ya en 2014 le tocó el turno, en primer lugar, al señalado como 'reclutador' de blanqueadores, Michael Trevor Langdon. Lo hizo el 28 de enero. Justo dos meses después lo hacía Fabienne Guignard, la empleada del BNP Paribas que las pesquisas señalan como supuesta gestora de toda la trama. En su caso, su declaración se extendió a lo largo de dos días consecutivos. La Guardia Civil ha propuesta al juez Velasco que tome declarackión a esta última como imputada en España. 

A todo ello, Suiza sumó dos comisiones rogatorias. La primera, a España. Emitida el 24 de diciembre de 2013, que fue la que permitió iniciar en nuestro país la investigación el caso Púnica pocos meses después. La segunda, a Singapur, en marzo de 2014. Con esta última, la Fiscalía helvética intentaba recabar datos de Millenia Trading Pte Ltd, una empresa 'pantalla' de Marjaliza registrada en esta ciudad estado asiática a través de la cual articuló una falsa operación de compraventa de obras de arte con la que repatrió a España 4,2 millones de euros. En la documentación remitida por Suiza consta, incluso, el dinero desembolsado por la Justicia suiza en 'extras'. Así aparece dos facturas de 698 y 583 francos suizos (640 y 535 euros) por contratar los servicios de una intérprete que tradujera del italiano al francés y viceversa durante la declaración de Ronaldo Benasconi. A ella se suma una más de 910 francos suizos (834 euros) por traducir al castellano la primera comisión rogatoria que enviaron a la Justicia española en diciembre de 2013, y otros 50 francos (46 euros) por "un viaje de servicio". Sin embargo, el gasto más llamativo son los 17,90 francos que desembolsaron para adquirir el libro 'El Caso Bárcenas' del periodista Ernesto Ekaizer. Era el 29 de mayo de 2013 y las autoridades helvéticas aún se preguntaban quiénes eran Francisco Granados y David Marjaliza.