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España

La UCO sospecha que el PP de Madrid pagó una fiesta campera de militantes con fondos públicos

Los candidatos de Alcorcón y Móstoles en las elecciones de 2011 saludan a simpatizantes en la fiesta campera.

La sospecha de que la trama Púnica costeó con fondos públicos actos del PP de Madrid se cierne sobre decenas de mítines y fiestas del partido. Un documento intervenido por los agentes de la Unidad Central Opertiva (UCO) de la Guardia Civil durante los registros de octubre de 2014 apunta claramente en este sentido, sobre todo en uno de ellos. Se trata de la "fiesta campera" que las agrupaciones locales de Móstoles y Alcorcón celebraron el 8 de mayo de 2011, en plena precampaña electoral para los comicios municipales de aquel año. Según dicho papel, encontrado en la sede de Waiter Music SL, la empresa supuestamente ligada a la red de corrupción que se encargaba de organizar conciertos y mítines, los 4.425 euros que costó montar aquel evento para simpatizantes fueron presuntamente facturados cuatro meses más tarde al presupuesto de las fiestas patronales que la primera localidad costeaba con dinero público. El PP de Móstoles ha remitido este lunes un comunicado a Vozpópuli en el que asegura que fue su grupo municipal en Móstoles quien abonó dicha fiesta y niega irregularidadesw.

Un documento de Waiter Music apunta a que 4.425 euros gastados en aquel acto electoral se cargaron al presupuesto de las fiestas patronales de Móstoles

No lo creen así los investigadores, según lo refleja el interrogatorio al que sometieron como testigo el pasado 9 de septiembre a José javier S.G., un exempleado de Waiter Music que trabajaba en el área de "contabilidad, facturación, liquidaciones y otras gestiones administrativas". A este trabajador los agentes le mostraron cuatro documentos internos de la compañía que delataban supuestas irregularidades en los cobros de diversos actos realizados para el PP o para sus dirigentes. Uno de ellos estaba encabezado por "ftas [fiestas] PP 2011" y desglosaba un total de trece eventos organizados para el partido entre el 14 de febrero y el 20 de mayo de aquel año.

De ellos, uno era el mitin de final de campaña que el PP celebró en el Palacio de Deportes de Madrid. También aparecía uno en "Sanse" [San Sebastián de los Reyes] un día antes, otro en Valdemoro, uno más en Parla, dos en Aranjuez y siete en Móstoles. De estos últimos, el celebrado el 8 de mayo figura con una explícita anotación en el apartado 'situación': "Pte. Facturar 4.425,00 Meter en Ftas 09/2011" [pendiente de facturar 4.425 euros meter en fiestas septiembre de 2011]. Se refería, en concreto, a una "fiesta campera dirigida a familias" en la que participaron 3.500 personas y que fue organizada por el partido de esta localidad y de Alcorcón, según se puede leer aún hoy en la web de la formación política. Las fiestas a las que supuestamente se cargó su costo son las que Móstoles dedica a la Virgen de los Santos y que se celebran en el noveno mes del año.

"Fiestas, eventos, comidas"

Los agentes de la UCO preguntaron al antiguo empleado de Water Music si reconocía dicho documento y qué significaba lo que se recogía en él. El extrabajador aseguró que era un documento "interno" de la empresa, pero no contable, y que recogía "un resumen de las fiestas organizadas en el año 2011 por el Partido Popular en los distintos ayuntamientos" que figuraban en el mismo. También señaló que en el mismo se reflejaban las fechas de celebración de los mismos y "el estado en que se encuentran los eventos, dónde se facturan y, en algunos casos, si se han cobrado o no". Los guardias civiles le interrogaron entonces sobre si estas "fiestas, eventos y comidas" del partido eran "facturados posteriormente con cargo al presupuesto de las fiestas municipales". La respuesta fue que no podía contestar porque él no tenía la seguridad "de que no se haya producido" dicha irregularidad.

A la 'fiesta campera' acudió el actual diputado autonómico, David Pérez, y el candidato en 2011 a la alcaldía de Móstoles, Esteban Parro. El PP local niega irregularidades en los pagos

En un comunidado remitido a este diario, el PP de Móstoles niega irregularidades y asegura que dicha celebración "fue abonada por el Grupo Municipal Popular de Móstoles, mediante un talón el 13 de junio de 2011 a la empresa Waiter Music". La formación local asegura haber pagado 4.000 euros por la misma más 720 euros en concepto de IVA. En total, 4.720 euros. La nota del partido local recalca que "no fue cargada al presupuesto de las fiestas patronales de Móstoles" y asegura que "la información no está contrastada y no se ajusta a la verdad". Sin embargo, no hace ninguna referencia ni al documento intervenido por la Guardia Civil ni a las referencias al mismo en el interrogatorio al testigo. El comunicado viene acompañado de la factura de Waiter Music supuestamente abonada por dicho acto. 

En aquel acto de precampaña de 2011 supuestamente pagado con dinero público participaron el entonces portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y candidato del PP de Alcorcón, David Pérez, quien aún hoy ocupa un escaño en el parlamento regional, y el entonces alcalde y candidato del PP de Móstoles, Esteban Parro. Incluso se esperaba la presencia de la en aquel momento presidenta regional del partido, Esperanza Aguirre, quien finalmente no acudió "por motivos de agenda". El acto, con discursos de campaña y escenografía electoral, se celebró en el Centro Hípico La Princesa, ubicado entre ambos municipios, y contó con castillos hinchables, actividades manuales, talleres de maquillaje, teatro de títeres y un concierto del grupo 'Los Hobbies' bajo una carpa de 1.500 metros cuadrados. Todo ello montado, precisamente, por Waiter Music SL, la empresa de la trama que acaparaba concursos públicos en los municipios de Madrid supuestamente por indicación del entonces todopoderoso Francisco Granados

Fiestas, maletines, encuestas y reputación 'online'

El presunto pago de actos del partido con fondos públicos no es la única supuesta vía de financiación ilegal del PP de Madrid que investiga el juez Eloy Velasco dentro del 'caso Púnica'. Los informes de la Guardia Civil apuntan a que las decenas de adjudicaciones con las que la empresa Waiter Music resultó agraciada en una veintena de municipios madrileños se tradujo presuntamente en el pago de contraprestaciones a políticos y al propio Partido Popular. Desde fiestas de cumpleaños, como la del propio Francisco Granados que costó 10.000 euros y que el dueño de esta empresa ha reconocido haber pagado, hasta la organización de mítines del propio partido. Además, el magistrado investiga la supuesta entrega de dinero en efectivo, maletines, por parte de empresarios a cambio de contratos públicos. Por esta línea de investigación tomó declaración el pasado viernes como imputado a Javier López Madrid, consejero de la constructora OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir.

El juez también cree que el PP se benefició por la forma en la que se financiaban determinados trabajos de reputación 'online' para sus dirigentes que se 'vestían' como resúmenes de prensa digital que se pagaban con fondos públicos. Es la parte de la investigación que tiene como personaje principal a Alejandro de Pedro, el llamado 'conseguidor', y sus empresas de consultoría. Ésta es la vía de financiación supuestamente irregular que más extendida estaba ya que no sólo ha salpicado al PP de Madrid, donde están imputados dos exconsejeros del Gobierno autónomo, sino también al máximo responsable de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, y un miembro del anterior Ejecutivo de la Región de Murcia, además de los de varias administraciones de la Comunidad Valenciana.

La investigación sobre las irregularidades en los contratos de eficiencia energética a la multinacional Cofely GDF Suez también ha revelado otra  supuesta vía, la cuarta. En este caso, las supuestas compensaciones por el amaño de los concursos se hacían en encuestas electorales para los políticos locales ansiosos de conocer sus expectativas ante una cita con las urnas. Los beneficiarios de estos sondeos eran del PP, pero también de otros partidos, como el PSOE de Parla (Madrid). Para ello, las empresas que aspiraban a hacerse con un contrato público en el municipio encargaban a una consultara, que casi siempre era TNS, una encuesta de intención de voto que se camuflaba como estudio socioeconómico de la localidad.

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