LOS SECRETOS DEL SUMARIO

Granados maniobra para que el 'chivatazo' de Púnica pase a manos de un juez de su pueblo

El político encarcelado presenta un escrito en la AN para que sea un juzgado de Valdemoro quien termine de investigar la filtración que le hizo un guardia civil. Alega que ni Eloy Velasco ni la UCO son imparciales.

Francisco Granados es trasladado en un vehículo policial tras ser detenido en octubre.
Francisco Granados es trasladado en un vehículo policial tras ser detenido en octubre. EFE

Francisco Granados sigue poniendo palos 'legales' a las ruedas de la investigación del caso Púnica. El último, en forma de escrito dirigido a la Audiencia Nacional en el que solicita que las pesquisas por el supuesto 'chivatazo' que le dio un guardia civil y que puso en peligro toda la operación sea a partir de ahora instruido por un juzgado de Valdemoro, el pueblo del sur de Madrid en el que fue alcalde y que se convirtió en el epicentro de la trama de corrupción. El político encarcelado considera que esa parte del sumario, cuya finalización está próxima, no puede seguir siendo llevada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ni por la Unidad Central Operativa (UCO) ni por la misma Audiencia Nacional, al considerar que los hechos no son competencia de ninguno de ellos o, simplemente, no son imparciales.

Granados denuncia que el juez Velasco, la UCO y la Audiencia Nacional no son ni competentes ni imparciales para dirigir la investigación del 'chivatazo'

El escrito, de seis folios de extensión y al que ha tenido acceso Vozpópuli, plantea dos alegaciones para defender que la causa sea remitida a un juzgado de la localidad madrileña. En primer lugar, que el 'chivatazo' "no guarda relación con los hechos objeto de la querella" que dio origen a la apertura del sumario en junio de 2014 y que inicialmente se centraba en un delito de blanqueo de capitales tras el hallazgo en Suiza de las cuentas del político y su socio, David Marjaliza. Granados y sus abogados creen que la supuesta filtración de información sobre las pesquisas fue "un delito incidental" y que, de hecho, el único de los investigados por ello que figura en alguna de las otras trece piezas en las que se ha dividido la causa es el propio ex secretario general del PP de Madrid.

Por eso, considera que no existe la necesaria "conexidad" entre dichos hechos y el resto de los delitos investigados, lo que le lleva a concluir que el juez Velasco debería haberse inhibido en la causa. En este punto, recalca además que "tampoco los hechos pueden ser competencia de la Audiencia Nacional", según la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que esta parte del sumario debería haberse remitido hace tiempo a los Juzgados de Instrucción de la localidad en la que él fue alcalde e inició su carrera política.

Falta de imparcialidad

No obstante, el escrito de Granados incide en que, aunque finalmente sea la Audiencia Nacional quien mantenga la competencia, quienes sí la deberían perder son tanto el juez Velasco como la UCO, responsable de la investigación y uno de cuyos agentes está acusado precisamente de haber dado el 'chivatazo'. En esta segunda alegación, Granados recurre al auto de la semana pasada en el que el magistrado anunciaba ya la próxima finalización de esta pieza del sumario y en el que Velasco recalcaba que la filtración de la información había causado "un grave daño para la causa pública" y había estado a punto de dar "al traste con meses de trabajo tanto policial como de la Fiscalía Anticorrupción, sus unidades adscritas y de este Juzgado Central de Instrucción número 6".

El político pide al juez que cite a declarar de nuevo al agente que dio el 'chivatazo' y a cinco testigos, entre ellos el constructor David Marjaliza

Por ello, considera que está "en tela de juicio la imparcialidad" del magistrado, lo que en su opinión le obliga a inhibirse en la instrucción de esta causa. "Así ocurriría, por ejemplo, si algún investigado tratase de corromper al propio Juez de Instrucción para que adoptase una resolución favorable a sus intereses. Ese delito de cohecho, como es lógico y natural, no sería tampoco investigado por el propio juez sujeto pasivo del delito de cohecho, sino que debería proceder a denunciar [...] para luego remitir la causa al Juzgado competente", señala el escrito de Granados.

Mientras tanto, el político solicita al juez la práctica de seis pruebas dentro de la pieza del 'chivatazo', todas ellas tomas de declaraciones. Así, pide que se interrogue de nuevo al presunto autor de la filtración, el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, también imputado en la causa. También quiere que comparezcan, en su caso como testigos, tres presuntos integrantes de la trama que fueron alertados. Se trata, en concreto, del constructor David Marjaliza; la secretaria y mano derecha de éste, Ana María Ramírez; y el que fuera alcalde de Valdemoro cuando se produjeron las detenciones, el 'popular' Juan Carlos Boza Lechuga. También quiere que acuda el responsable de la UCO de quien dependía el agente autor de la filtración. A lo que renuncia de momento, para "no retrasar la instrucción de esta causa inúltimente", es a citar al tercer imputado en esta pieza, el guardia civil en excedencia y antiguo colaborador suyo en la consejería José Luis Caro Vinagre, ya que cuando compareció recientemente, se acogió a su derecho a no declarar.

hasta seis años de cárcel

El escrito de Granados es su respuesta al reciente auto del juez Velasco por el cual éste delimitaba quiénes están acusados por el 'chivatazo' -el propio ex secretario general del PP madrileño, el agente y un compañero de éste en excedencia-. En dicha resolución, el magistrado detallaba los cuatro encuentros y catorce llamadas registrados entre los acusados entre el 5 y el 13 de septiembre de 2014 que obligaron a precipitar las detenciones de los implicados en la trama de corrupción y provocaron "la quema de importantísimos documentos que hubieran servido de prueba en esta causa". Aquellos sucesos serán previsiblemente los que hagan que se siente por primera vez en un banquillo de los acusados el que fuera todopoderoso número 3 del Gobierno de Esperanza Aguirre. Lo hará bajo la acusación de aprovecharse de la revelación de un secreto realizado por un funcionario público, un delito castigado en el artículo 418 del Código Penal con una pena de uno a seis años de cárcel.



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