El independentismo se resigna ante el 26J y apuesta por la continuidad de Rajoy en el Gobierno

Puigdemont y Junqueras son conscientes de que con una deuda que supera los 70.000 millones de euros y una calificación crediticia de bono basura seguirán dependiendo del Estado durante largo tiempo para poder hacer frente a las nóminas de los empleados públicos de Cataluña. Además, según fuentes cercanas a ambos, los dos coinciden en que después de las próximas elecciones generales seguirá gobernando el PP, posiblemente con la ayuda de Ciudadanos y la colaboración externa del PSOE. Este análisis ha llevado a la Generalitat a acercarse a Madrid y entablar una relación cordial con Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, dos de los ministros de los que depende, en buena medida, que Cataluña no acabe en bancarrota.

Puigdemont y Junqueras intentan estrechar las relaciones con el equipo económico de Rajoy

“Damos por hecho que los barones territoriales del PSOE no dejarán a Pedro Sánchez pactar con Podemos y que, al final, tendremos que tragar con un Gobierno presidido por Mariano Rajoy”, asegura un alto cargo de Esquerra Republicana bien conectado a Puigdemont. “Es más”, añade, “por conversaciones con el PSC sabemos que hay altas posibilidades de que Sánchez deje de liderar su partido la misma noche electoral si se confirman los resultados tan desastrosos que temen en su partido”.

Tanto en Convergencia como en Esquerra se reconoce que al independentismo le vendría de maravillas un cambio de Gobierno y una negociación con el PSOE filtrada a través de los socialistas catalanes. Puigdemont y Junqueras rechazan como alternativa al proceso soberanista el reconocimiento de la “singularidad” de Cataluña, pero ven a Miquel Iceta, primer secretario del PSC, muy dispuesto a dar otros “pasos valientes” que ayuden a desatascar la situación. Sin embargo, en ambas formaciones independentistas predomina el convencimiento de que después del 26J habrá que volver a intentar entenderse, sí o sí, con un Gobierno del PP, razón que explica la relación directa que ha querido establecer Oriol Junqueras con el equipo económico de Rajoy y con su vicepresidenta.

En los últimos contactos personales mantenidos por el consejero de Economía de la Generalitat con Guindos y Montoro, no solo han hablado de la urgencia de liberar nuevos recursos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), sino también de transformar unos vencimientos de deuda pública a corto plazo por valor de 1.600 millones en títulos a largo con el fin de reducir la factura de intereses que paga la Generalitat. Desde Hacienda se ha advertido a Junqueras que hay que tener en cuenta los argumentos de las entidades financieras afectadas por esta operación y, sobre todo, no asumir compromisos bilaterales con Cataluña que no sean de aplicación al resto de las comunidades.

El independentismo busca una tabla de salvación

En todo caso, la impresión que hay en el Gobierno en funciones es que tanto Puigdemont como Junqueras, asediados por la presión a la que están sometidos por un sector de la CUP que busca nuevas elecciones en Cataluña, ansían que el próximo Gobierno, al margen de su color político, les ofrezca una tabla de salvación con la superar el estrecho desfiladero en el que tanto Convergencia como Esquerra se han metido desde hace años en su excursión soberanista.

La respuesta que en privado se le está dando desde La Moncloa tanto a Puigdemont como a Junqueras recoge la disposición de Rajoy, si continúa en el Gobierno después del 26J, a dar “soluciones realistas” al contencioso catalán que tengan en cuenta no solo la difícil situación financiera por la que atraviesa esta comunidad, la más endeudada de España, sino también las derivadas políticas, siempre que desde la Generalitat se frene el proceso que busca la “desconexión” y que se canaliza a través de tres leyes que ya han entrado en el Parlamento autonómico. Se trata de la ley de transitoriedad jurídica, que persigue pasar de un Estado a otro sin vacío legal fijando la legislación española que seguiría rigiendo en una hipotética Cataluña independiente y de las normas que crearían una Hacienda y una Seguridad Social propias.

Junqueras negocia a la desesperada el alargamiento de los plazos para el pago de la deuda

Con estos objetivos, Rajoy le dejó claro a Puigdemont el pasado abril que será imposible avanzar, algo en lo que también le insistió la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a Junqueras durante el encuentro que mantuvieron en La Moncloa hace un mes y que se escenificó por ambas partes como un “deshielo” en las relaciones bilaterales.