Publicado: 15/03/2016 04:00
La Fiscalía Anticorrupción entiende que la investigación abierta en la Audiencia Nacional a Banco Madrid en abril del año pasado debe enviarse a los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla (Madrid), ya que son estos órganos los competentes para investigar los posibles delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y fraude fiscal cometidos presuntamente a través de la entidad.
En un informe, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa solicitan al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de Audiencia, el juez Fernando Andreu, que se inhiba a favor de los juzgados de Madrid "en tanto el delito de blanqueo de capitales investigado tiene como lugar de comisión Madrid, sede del Banco Madrid".
Anticorrupción sostiene que el delito de blanqueo de capitales se produjo en Madrid ya que la sede de la filial española de BPA tiene sede en la capital de España
La investigación sobre las supuestas irregularidades cometidas por Banco Madrid en la Audiencia Nacional se inició a raíz de la querella que las mercantiles, Marine Instruments S.A y Liuniaski S.L, presentó contra el Consejo de Administración de la filial de la Banca Privada de Andorra en nuestro país tras conocerse que la estructura financiera del citado banco habría facilitado a determinados clientes -altos cargos del gobierno de Venezuela, miembros de la mafia china liderada por el empresario Gao Ping o de la mafia rusa liderada por el capo Andrei Petrov- la comisión de actividades ilícitas como el blanqueo de capitales. Hace justo un año, en marzo de 2015, salió a la luz pública un informe elaborado por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) donde se alertaba de las actividades presuntamente irregulares de la entidad bancaria. Este escándalo en torno a Banco Madrid provocó la intervención y posterior quiebra de la entidad.
A la hora de investigar los hechos, el Ministerio Público entendió que la competencia para investigar los mismos era de la Audiencia Nacional puesto que se estaba investigando un delito de defraudación, recogido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). En concreto, un delito de insolvencia punible con una generalidad de perjudicados.
El expresidente negó problemas de insolvencia
Sin embargo, Anticorrupción señala ahora que "de la documentación obrante de las actuaciones se deduce con claridad que no estamos ante un delito de insolvencia punible en tanto Banco Madrid ha sido solvente en todo momento, siendo los querellados en la presente causa afectados de forma indirecta por dicha actividad, en tanto la intervención de la entidad bancaria (derivada de la necesaria cautela de la condición de filial de dicha entidad respecto de Banca Privada de Andorra) supuso la retención de sus inversiones".
Los fiscales afirman que de las actuaciones "se deduce con claridad que no estamos ante un delito de insolvencia punible" porque Banco Madrid ha sido siempre solvente
El pasado mes de diciembre el magistrado Fernando Andreu tomó declaración al expresidente de la entidad José Pérez, quien defendió esta tesis en la Audiencia Nacional. El imputado, según la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal 'investigado', recalcó que si solicitó el concurso voluntario de acreedores de Banco Madrid tras la intervención de la Banca Privada de Andorra por blanqueo de capitales -a raíz de un informe emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos- es porque temían que se fuera a producir una solicitud inabordable de retirada de depósitos por partes de sus clientes.
Durante el interrogatorio, el expresidente Pérez añadió que Banco Madrid no tenía "problemas de insolvencia" ya que la entidad disponía de 112 millones de euros de activo cuando fue intervenida, según su versión. De hecho, un informe que ha sido incorporado a la causa fechado el 27 de julio refleja que su situación patrimonial de la entidad era de un superávit de 42 millones de euros después de haberse producido dicha intervención por parte del Banco de España.
Además, José Pérez manifestó cuando él asumió la presidencia de Banco Madrid en los años 2013, 2014 y los meses de enero y febrero de 2015 se reforzaron los controles internos de la entidad para detectar el blanqueo de capitales. El investigado explicó que pese al pequeño volumen de negocio que Banco Madrid tenía respecto a otras entidades bancarias -tan sólo el 0,3 por mil- las comunicaciones enviadas por dicha entidad al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) fueron muy superiores a las emitidas por otros bancos.
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