Caso Bankia

La Audiencia Nacional archiva la pieza separada del caso Bankia sobre las preferentes de Caja Madrid

El juez Fernando Andreu toma esta decisión cinco años después de aceptar la querella presentada por UPyD. La Fiscalía se mostró a favor del sobreseimiento de la causa

El magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu
El magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu EFE

El Juez central de Instrucción número Cuatro de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha decretado el archivo de la pieza separada del caso Bankia que investigaba las preferentes de Caja Madrid, según el auto adelantado por Vozpópuli. Esta decisión ha contado con el visto bueno de la Fiscalía, que también se mostró a favor de decretar el sobreseimiento de las actuaciones.

Esta investigación llevaba abierta desde el año 2013 después de la denuncia presentada por el partido político UPyD contra Caja Madrid, su filial Caja Madrid Finance Preferred, Bancaja y su filial Bancaja Eurocapital Finance, Bankia, Banco Financiero y de Ahorros y siete personas, entre ellos el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el expresidente de la CNMV Julio Segura Sánchez. La querella fue admitida, pero el juez dejó fuera de la investigación a estos dos últimos.

UPyD acusaba a los denunciados por los delitos de estafa, estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas. Ahora, cinco años después, el juez acuerda “el archivo de la presente pieza separada de participaciones preferentes y el sobreseimiento respecto de los querellados”.

Los nombres propios absueltos son los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones, es decir, Carlos Stilianapoulus, de Caja Madrid Finance Preferred; Carlos Contreras y Fernando Cuesta, de Caja Madrid; Aurelio Izquierdo, de Bancaja Eurocapital Finance y José Fernando García, de Bancaja. Contra esta decisión cabe posibilidad de presentar recurso de reforma ante el mismo juez y posteriormente de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Andreu sostiene que no ha quedado acreditado que las entidades emitieran este producto financiero con el objeto de engañar a los inversores y que tampoco se ha podido comprobar que los directivos de estas entidades contra los que se dirigió la querella inicial emitieran estas participaciones a sabiendas de que se trataba de un producto tóxico. Por ello descarta también que actuaran como cooperadores necesarios la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, a quienes no incluyó en su investigación.

"Graves deficiencias"

Con todo, reconoce que se han podido producir "graves deficiencias" en la venta de este producto financiero y que incluso han podido primar los propios intereses de los vendedores por encima de los de sus clientes; por ello remite a los preferentistas a la vía civil para satisfacer sus intereses.

Además matiza que en este caso no se acredita la existencia de estafa tal y como se reconoce en la jurisprudencia porque para ello hubiera sido necesario que los directivos de Caja Madrid que impulsaron la emisión de preferentes fueran conocedores en ese momento de la futura situación de insolvencia de la entidad que acabó integrando el Sistema Institucional de Protección (SIP) del que nació Bankia.



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