España y Marruecos pasaron del 'odio al amor' diplomático casi de un plumazo. La crisis orquestada por Rabat como castigo a la atención hospitalaria en Logroño del líder polisario, Brahim Ghali, en abril de 2021 pasó a la historia el pasado 14 de marzo. Ese día, Pedro Sánchez, envió una carta a Mohamed VI que inauguró "una etapa sin precedentes en las relaciones entre los dos países".
El acercamiento tenía un precio: Moncloa ponía fin a la postura neutral de España en el conflicto territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental. El plan de autonomía marroquí se convirtió en la "base más seria, creíble y realista" para la solución de la disputa. A cambio, los dos países pactaron una hoja de ruta con beneficios mutuos: control migratorio, normalización de la circulación de personas y mercancías, reactivación del grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos... El reino alauí se apuntó un gran tanto con el reconocimiento español a su estrategia sobre el Sáhara Occidental. Moncloa, por ahora, no puede decir lo mismo. En estos meses, se ha ganado un nuevo rival, Argelia, se ha visto envuelta en la tragedia de Melilla y sigue viendo como Rabat "marca los tiempos" del diálogo político.
El giro con el Sáhara, cerrar una crisis para abrir otra
La relación entre los dos países ha estado marcada en las últimas décadas por tres elementos: el Sáhara Occidental, la emigración y las ciudades autónomas. Pero la antigua colonia española, que Marruecos ocupó en 1975 con la Marcha Verde, ha sido el gran condicionante. La diplomacia marroquí se ha esforzado para recabar apoyos a su plan de autonomía sobre este territorio. Su mayor victoria fue en 2020, cuando Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, reconoció la marroquinidad del Sáhara Occidental.
Para el país norteafricano, el respaldo del dirigente español no está a la misma altura que el de EEUU, pero sí que representa el "otro gran logro" de su política exterior. "Sin ser un reconocimiento de soberanía, es un gesto muy marcado que viene de la antigua potencia colonial, que sigue teniendo cierta influencia a nivel internacional", explica Irene Fernández-Molina, profesora de relaciones internacionales en la Universidad de Exeter (Inglaterra) y experta en el Magreb. Pese a ello, cree que Marruecos no ganará esta disputa por "acumulación de declaraciones" y se acabará sentando a negociar con el Frente Polisario, que administra un 20% del territorio del Sáhara Occidental. Los apoyos internacionales, eso sí, "allanan el camino a la llegada de más inversiones internacionales al Sáhara Occidental ocupado".
En el lado español, el apoyo a la estrategia alauita con el Sáhara sirvió, sobre todo, para acabar con una grave crisis diplomática, pero enfadó a Argelia, gran rival de Marruecos en el Magreb. En junio, Argel congeló el comercio con España, salvo el de gas natural. Desde entonces y hasta septiembre, las empresas españolas han perdido cerca de 500 millones de euros por este bloqueo comercial.
La cuestión del Sáhara es el primer punto de los 16 que conforman la hoja de ruta hispano-marroquí sellada en abril. El acuerdo incluye, entre otros, compromisos sobre comercio, migración y delimitaciones marítimas. El ministro de exterior español, José Manuel Albares, y su homólogo marroquí, Naser Burita, aseguran que el acuerdo se está cumpliendo "punto por punto". Fernández-Molina destaca que ambos países han recuperado el diálogo "a nivel técnico", pero en asuntos "complejos" que avanzan a "ritmo lento": "El Gobierno español no va a conseguir un rédito inmediato". Es, por ejemplo, lo que ocurre con la reapertura de la aduana de Melilla, cerrada por Marruecos de forma unilateral en 2018, y que esperan reabrir en enero. El control migratorio es uno de los compromisos que sí se está materializado: hasta noviembre, la llegada de embarcaciones a Canarias se redujo un 15% y se ha registrado menos afluencia migratoria a Ceuta y Melilla.
La tragedia de Melilla
La colaboración migratoria de los últimos meses ha quedado empañada por la tragedia de Melilla del 24 de junio, en la que al menos 23 migrantes y refugiados sudaneses murieron intentando cruzar el puesto fronterizo entre Nador y la ciudad española. Un reportaje de la BBC denunció que los agentes marroquíes respondieron de manera desproporcionada y traspasaron la frontera para repeler la avalancha migratoria. Otra investigación, llevada a cabo por la ONG Lighthouse Reports, de la mano de varios periódicos, concluyó que al menos un joven inmigrante murió en suelo español.
La gestión de la crisis migratoria en este puesto fronterizo ha puesto en muchos apuros al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que insiste en que ninguna muerte se produjo en territorio nacional y defiende la actuación "proporcionada" de la Guardia Civil durante el salto masivo.
Melilla, un "presidio ocupado"
Las ciudades autónomas son la única frontera terrestre de la Unión Europea con un país africano y una puerta de entrada al Viejo Continente de los flujos migratorios. Ocupan, además, una posición estratégica para el control del Estrecho de Gibraltar. En la hoja de ruta sellada por Sánchez y Mohamed VI no se menciona en ningún momento la integridad territorial de Ceuta y Melilla, que sí recoge el Tratado de Amistad, Nueva Vecindad y Cooperación vigente, que rige desde 1991 la relación bilateral entre ambos países.
"Desde el reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara en marzo, la supuesta contrapartida marroquí en forma del cese de hostilidades a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como el reconocimiento de la soberanía territorial española, no ha llegado o se ha quebrado en varias ocasiones", señala el analista Mario Guillamó en The Political Room.
Una cosa es que Marruecos ponga más o menos interés en defender de forma activa la reivindicación sobre Ceuta y Melilla y otra es que abandonen la posición oficial de reivindicación de estas ciudades. Eso no se va a producir. Lo del presidio ocupado es el discurso de siempre" Irene Fernández-Molina, profesora de relaciones internacionales en la Universidad de Exeter (Inglaterra) y experta en el Magreb
Este experto en las relaciones de España con el Magreb pone de ejemplo la carta que Marruecos envió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en respuesta a las aclaraciones que se le habían exigido por el "uso excesivo y letal de la fuerza" en la tragedia de Melilla. En la misiva, Rabat aclaraba que era "inexacto" referirse a la "línea de separación entre Marruecos y Melilla" como "frontera hispano-marroquí", ya que el Reino "no cuenta con fronteras terrestres con España y Melilla sigue siendo un presidio ocupado y, por este motivo, no se puede hablar de fronteras, sino de simples puntos de paso".
De nuevo, el país magrebí poniendo en apuros a su aliado de la Península. "Ceuta y Melilla son España, punto", zanjó el presidente Sánchez. "Una cosa es que Marruecos ponga más o menos interés en defender de forma activa la reivindicación sobre Ceuta y Melilla y otra es que abandonen la posición oficial de reivindicación de estas ciudades. Eso no se va a producir. Lo del presidio ocupado es el discurso de siempre. Es una ingenuidad pensar que esto [el discurso sobre la marroquinidad de Ceuta y Melilla] se iba a abandonar", argumenta Fernández-Molina. Para Guillamó, la declaración marroquí "se encuentra en un marco de relaciones bilaterales que se ha deteriorado aún más en 2022".
Una reunión que no llega, el lobbysmo y Pegasus
En esta relación de dos, Marruecos sigue marcando los tiempos del diálogo político. Así lo demuestra el nuevo aplazamiento de la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, que no se celebra desde 2015. El Ejecutivo español tenía previsto que se organizase para finales de este año, pero Rabat lo aplazó a principios del que viene. "Seguimos en la misma dinámica: España intentando reconciliar y Marruecos dejándose querer y marcando los tiempos", señala la experta de la Universidad de Exeter.
Guillamó, por su parte, hace hincapié en otros acontecimientos. En primer lugar, las supuestas escuchas a los teléfonos del presidente Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska con el software espía Pegasus en 2021. En segundo lugar, el 'lobbismo' promarroquí ejercido por José Luis Rodríguez Zapatero y ex altos cargos de su Gobierno, como José Bono o María Antonia Trujillo, en favor del plan de autonomía alauita sobre el Sáhara Occidental. "La actividad de lobby, su poder de chantaje y persuasión y la penetración en las élites políticas españolas por parte de Marruecos puede utilizarse para quebrar la defensa de los intereses de la nación", sentencia el analista.
