La Constitución, en su Título I, sanciona la libertad de expresión como derecho fundamental de los ciudadanos. En las democracias más avanzadas, tal derecho se ha consolidado como fundamento esencial de tolerancia, pluralidad y convivencia. Los países que ocupan los primeros lugares en los rankings de calidad democrática son aquellos que en su día decidieron dotar a la libertad de expresión de un alto grado de protección, asumiendo sus instituciones, también los partidos políticos, la misión de bloquear, y en su caso combatir, cualquier maniobra destinada a la restricción de este derecho.
La libertad de expresión es el principal enemigo de los regímenes autoritarios, de ahí que la combatan abiertamente. Con brutalidad o empleando métodos más sutiles, como el control de los cauces por los que se despliega la libertad de opinión y subordinando el derecho a la información a los objetivos de la autocracia. Son por tanto los medios de comunicación, en tanto esenciales vehículos de las inquietudes sociales y denuncia de los abusos de poder, el primer objetivo a controlar por parte de gobiernos y grupos de presión.
Las dictaduras directamente cierran los medios críticos; en las llamadas democracias "defectuosas" no existe tal peligro, pero sus gobernantes, en mayor o menor grado, suelen tener una relación más que conflictiva con la libertad de Prensa. Es el caso de España. Desgraciadamente. En la clasificación mundial de la libertad de Prensa, que publica cada año Reporteros Sin Fronteras (RSF), nuestro país ocupó en 2023 el puesto 36 (el 33 en 2022), por detrás de países como Cabo Verde (33), Namibia (22) o Eslovaquia (17), por citar solo tres ejemplos singulares. El líder es Noruega y a nuestro vecino Portugal RSF lo sitúa en el puesto 9. ¿Cuáles son las causas de que en esta sensible parcela ocupemos un lugar tan decepcionante?
Salvo en contadas excepciones, en estos más de cuarenta años el poder político ha tomado sistemáticamente al asalto los medios públicos, convertidos en botín de guerra y descarada plataforma de propaganda partidista
Desde que tras la muerte de Franco España recuperara la democracia, no ha habido ningún gobierno que haya entendido, ni protegido correctamente, el concepto libertad de Prensa. Muy al contrario, en estos años el poder ha destinado lo mejor de sus esfuerzos a intentar embridar a las empresas periodísticas. Y si durante la Transición tales empeños chocaron con el impulso de nuevos editores y una generación de periodistas que se implicaron, junto a una vitalista sociedad civil, en la consolidación de la democracia, con el paso del tiempo la acción de la política, y de los más activos grupos de presión, ha propiciado el paulatino debilitamiento de los medios, neutralizando en muchos casos la capacidad de estos de ejercer como un verdadero contrapoder.
Salvo en contadas excepciones, en estos más de cuarenta años el poder político ha tomado sistemáticamente al asalto los medios públicos, convertidos en botín de guerra y descarada plataforma de propaganda partidista, mientras buscaba la forma más eficaz de poner a su servicio o debilitar a los privados. Dos señalados ejemplos de estas prácticas iliberales son la toma en 1997 de Antena 3 por el gobierno Aznar, vulnerando la Ley de Televisión Privada, y el apoyo en 2007 de Rodríguez Zapatero a Jaume Roures y su proyecto de crear un grupo anti-Prisa. Al demócrata Zapatero, y a su gabinete de asesores, no les gustaba el poder que seguían atesorando Jesús Polanco y sus muchachos, y tuvieron la brillante idea de abrir la puerta del universo mediático, de par en par, al independentismo catalán.
El pretexto de los ‘pseudomedios’
Sin embargo, nadie hasta ahora había actuado desde el poder con tanto desprecio hacia la libertad de Prensa como el que a diario demuestra el gobierno de Pedro Sánchez. Ejemplos elocuentes de una dinámica profundamente perversa y antidemocrática: 1) El descarado favoritismo con el que premia a los medios afines y el castigo que impone a los críticos, a los que discrimina con desfachatez en las ruedas de prensa de los Consejos de Ministros y excluye a menudo de la comitiva que acompaña al presidente en sus viajes oficiales; 2) El filtro político que aplica a la adjudicación de la publicidad oficial, ordenando a las empresas públicas dejar fuera de muchas campañas a medios no alineados mientras riega con dinero público a los más afines; 3) La práctica, fraudulenta, del presidente del Gobierno consistente en conceder entrevistas solo a los "amigos", salvo cuando aprieta el zapato electoral, y rechazar sistemáticamente la interpelación de los discrepantes.
Nadie hasta ahora había actuado desde el poder con tanto desprecio hacia la libertad de Prensa como el que a diario demuestra el gobierno de Sánchez. El descarado favoritismo con el que premia a los medios afines y el castigo que impone a los críticos
Pero con este Gobierno todo es susceptible de empeorar. Sólo los partidos más indispuestos con la pluralidad informativa se habían atrevido hasta ahora a impedir el acceso a sus actos a periodistas incómodos. O a negarles la posibilidad de hacer preguntas a sus dirigentes. El jueves 11 de enero el PSOE se incorporaba de pleno derecho a ese sector de grupos iliberales anunciando que impedirá el acceso a su sede, y a sus actos, a determinados medios críticos y pidiendo que se retirara a estos las credenciales de acceso al Congreso, Senado y Parlamentos regionales. El comunicado perpetrado en Ferraz (¿o en Moncloa?) pedía también amparo a las asociaciones de periodistas frente a los "continuos ataques e insultos" que, aseguraba el escrito, reciben los socialistas de ciertos "pseudomedios", que por supuesto no citaba.
El que haya presuntos medios promovidos por agitadores profesionales, y que al amparo del fárrago y el amarillismo imperante en las redes sociales han alcanzado cierta notoriedad, u otros que han convertido la coacción en uno de los fundamentos de su éxito, de ningún modo justifica la disparatada reclamación de los socialistas. Una reclamación que rezuma arbitrariedad y despotismo, y que no tiene en cuenta que los partidos no son ni de sus dirigentes ni de sus militantes. Son instituciones de Derecho Público que no están legitimadas para limitar el derecho a la información a aquellos que les critican, por muy molestos que sean. El límite a este derecho es la ley y sólo los tribunales están facultados para aplicarla.
Pero tan decepcionante como la visión que hoy tiene el PSOE de la libertad de Prensa es la reacción de las principales asociaciones profesionales y los medios "afines". Las primeras abrazando una vergonzosa equidistancia que coloca las quejas interesadas de un partido político al mismo nivel que la primera obligación de los medios, que no es otra que controlar al poder (unas asociaciones en franco declive y cuya falta de beligerancia frente a los abusos del poder de turno contribuye al descrédito de la profesión). Los segundos, los medios más alineados con el sanchismo, aplaudiendo con su silencio acrítico la discriminación de los periodistas incómodos y azuzando a esos nuevos Torquemadas que vigilan la pureza ideológica de la información al tiempo que proscriben de sus páginas y sus pantallas a las voces más independientes, como le ha ocurrido a Fernando Savater.
Es simplemente una cortina de humo. Un pretexto. El utilizado por un obsesivo Pedro Sánchez para, como es su costumbre, asaltar por la puerta de atrás la Constitución
La existencia de medios que no merecen tal nombre es únicamente la coartada elegida para activar una burda maniobra destinada a utilizar y ampliar a conveniencia el desacreditador calificativo de "pseudomedios" cada vez que el Gobierno necesite una mayor dosis de auxilio frente a las críticas. Es simplemente una cortina de humo. Un pretexto. El utilizado por un obsesivo Pedro Sánchez para, como es su costumbre, asaltar por la puerta de atrás la Constitución (en este caso el artículo 20), y seguir debilitando a aquellos que no aceptamos la normalización de la manipulación y el engaño como herramientas de gestión política y vamos a seguir denunciando todos sus desmanes.