Yolanda Díaz culpa a Hacienda de enturbiar el conflicto laboral con los inspectores de Trabajo

Nuevo capítulo en la negociación que mantienen los inspectores de Trabajo con el Gobierno de coalición para lograr mejoras laborales. Un conflicto por el que los trabajadores públicos llevan meses movilizándose y que, lejos de resolverse, en las últimas horas se ha enturbiado con una 'guerra' entre el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, y el de Hacienda, con la socialista María Jesús Montero al frente.

Sólo un día después de que los sindicatos pidieran la dimisión de Díaz por su "incapacidad", el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, les ha comunicado en una reunión celebrada en la tarde de este miércoles "la negativa del Ministerio de Hacienda y Función Pública en relación con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) comprometida en la estrategia del cuerpo aprobada en Consejo de Ministros".

Aunque estos funcionarios dependen del Ministerio de Trabajo es Hacienda la encargada de dar el visto bueno a la propuesta definitiva para reformar la estructura de la Inspección.

Desde Trabajo trasladan que la decisión de Hacienda "ha causado un profundo malestar en el Ministerio de Trabajo" y que el equipo de Montero "no ha explicado a qué responde esta decisión".

Por su parte, Hacienda asegura que "sigue trabajando con normalidad con el Ministerio de Trabajo, de la misma forma que ha hecho y hace con el resto de ministerios, con el objetivo de ampliar el número de efectivos de la Inspección de Trabajo para reforzar su importante labor".

Además, Hacienda recuerda que ya ha autorizado un incremento de 781 efectivos para inspectores y subinspectores de Trabajo y una productividad extraordinaria de 6 millones de euros adicional a la subida salarial general del 2,5%. Además, la ley de Función Pública, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, "establece el horizonte de desarrollo profesional que la Inspección de Trabajo había reclamado".

Guerra política

Fuentes de la negociación atribuyen los nuevos acontecimientos a motivos políticos, ante la proximidad de las elecciones autonómicas el próximo 28 de mayo y en el marco de "cierta rivalidad política".

Las mismas fuentes ponen el foco en que se haya alcanzado un acuerdo en cuestión de días y de manera "abrupta" en los ámbitos de Justicia y Seguridad Social, mientras el conflicto con los inspectores de Trabajo no avanza tras meses de negociaciones.

Desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS) prefieren no entrar "en los cruces de acusaciones de si es Trabajo o Función Pública la responsable del incumplimiento", pues "juntos aprobaron el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo con la obligación de un refuerzo, y juntos firmaron en mesa delegada en abril de 2022 de resolverlo inmediatamente".

"No estamos dispuestos a tolerar que se utilice a funcionarios para sus guerras políticas, no es serio" SITSS

"No estamos dispuestos a tolerar que se utilice e instrumentalice a funcionarios y a un servicio público tan transcendente para el funcionamiento del mercado de trabajo por sus guerras políticas, no es serio. No es de recibo que se incumplan compromisos firmados, no es de recibo que jueguen con nosotros", comentan desde SITSS.

Las organizaciones sindicales argumentan que la anterior Relación de Puestos de Trabajo de la Inspección data de hace más de 20 años, por lo que es necesario dar cumplimiento a la que se acordó con los sindicatos e incorporar de manera inmediata los 500 efectivos que se habían prometido de manera urgente y progresivamente el resto de personal comprometido.

La plantilla de la Inspección está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, que deben atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.

Los sindicatos con representación en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mantienen la concentración prevista mañana jueves a mediodía ante la Dirección General de Función Pública como parte de la segunda fase de movilizaciones que han emprendido para protestar por la "caótica" situación del organismo, afectado por la falta de recursos.