La morosidad en las comunidades de vecinos de España se ha disparado un 5% desde el inicio de la pandemia de coronavirus y asciende ya a 1.631 millones de euros, según datos del Colegio General de Administradores de Fincas. El aumento del paro, los ERTE y otras consecuencias económicas derivadas de la pandemia han hecho aumentar el número de vecinos que han dejado de pagar su recibo mensual a la comunidad de propietarios. La deuda total de los vecinos morosos supera ya, por ejemplo, al PIB de la ciudad autónoma de Melilla.

Una situación que, unida a la imposibilidad de celebrar juntas de vecinos por las restricciones vigentes por el coronavirus en casi todas las autonomías del país, hace que desde el sector se vea con preocupación el futuro y que algunos abogados especializados en derecho horizontal empiecen a percibir cierto riesgo de suspensión de pagos para algunas comunidades de propietarios.

Al no poder convocarse juntas de vecinos, ni estar contemplado en la ley que puedan celebrarse de forma telemática, excepto en Cataluña, las comunidades de propietarios afectadas no pueden aprobar el inicio de acciones legales contra los morosos; y tampoco nuevas derramas, solicitar subvenciones, pedir financiación a los bancos o plantearse siquiera solicitar los fondos de la UE destinados a adecuar los edificios a la transición ecológica.

"No se puede reclamar a los deudores ahora mismo. Hay que celebrar una junta extraordinaria de vecinos para autorizar al presidente a que inicie acciones legales contra los morosos", explica Guillermo Mosquera, abogado especialista en derecho horizontal y socio fundador del bufete Mosquera&Vicente.  "Cualquier decisión de una junta ahora mismo, si no se convoca presencialmente, puede ser impugnada por el propio vecino moroso", añade.

Al ver disminuidos sus ingresos, muchas comunidades están tirando de su fondo de reserva para cumplir con los pagos a proveedores (conserjes, ascensoristas o empresas de reformas, mantenimiento y limpieza).

El Colegio General de Administradores de Fincas ha solicitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que apruebe un decreto para autorizar temporalmente la celebración de juntas de vecinos telemáticas

"Nos preocupa el futuro. Ese aumento del 5% en la morosidad está generando problemas para las comunidades de propietarios. Si pudiésemos convocar juntas de vecinos podríamos tomar medidas e iniciar acciones legales contra los morosos", señala Salvador Díez Lloris, presidente del Colegio General de Administradores de Fincas, en declaraciones a Vozpópuli.

"Estamos preocupados por lo que pueda pasar en los próximos meses. Tememos que, cuando acaben los ERTEs y las ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno para paliar la pandemia, la situación empeorará", añade el presidente del CGAF, organismo que ha solicitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que apruebe un decreto para autorizar temporalmente la celebración de juntas de vecinos telemáticas. "Es necesario darle una salida a esta situación para que las comunidades de propietarios puedan tener acceso a ayudas, subvenciones o financiación con las que paliar este aumento de la morosidad", apostilla.

El acuerdo extrajudicial, única salida

Sólo en Cataluña está contemplado en la ley celebrar juntas de vecinos telemáticas. En el resto de comunidades, salvo alguna excepción como Madrid (que tiene autorizada la celebración de juntas en hoteles y salones de eventos), la imposibilidad de iniciar acciones legales contra los morosos hace que la única salida para que una comunidad de vecinos pueda aliviar sus finanzas sea llegar a un acuerdo extrajudicial con los vecinos que han dejado de pagar sus recibos por la pandemia, permitiéndoles aplazar sus deudas o reducir sus cuotas mensuales temporalmente hasta que mejore su situación económica.

"El 60% de las mediaciones extrajudiciales se están resolviendo con acuerdos", indica el abogado Guillermo Mosquera. El 40% de mediaciones no resueltas suele corresponder a un perfil muy concreto de vecino moroso.

"Hay dos tipos de morosos: el que se ha visto en una situación complicada puntualmente por la pandemia, que es con quien es fácil llegar a un acuerdo; y luego están los que yo llamo morosos profesionales y que no pagan porque no quieren", afirma Adolfo Calvo-Parra, secretario técnico del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Madrid. "A esos morosos habituales es difícil incluso localizarlos o hacerles llegar una notificación", apostilla Mosquera.

¿Riesgo de quiebra?

La situación de asfixia económica provocada por el aumento de la morosidad y las restricciones contra la pandemia preocupan al sector y recuerdan a los problemas, aún mayores en cuanto al volumen de impagos, vividos durante la anterior crisis financiera. "Desde entonces las comunidades de propietarios venían bajando entre un 2% y un 3% anual la morosidad", recuerda Díez Lloris.

El abogado Guillermo Mosquera cree que si no se revierte pronto la situación "llegará un momento en que muchas comunidades de propietarios tendrán que declararse en suspensión de pagos". No obstante, los administradores de fincas se muestran más cautos.

"Podría llegar a darse el caso, pero sería un porcentaje mínimo de comunidades", indica Calvo-Parra. "Nunca una comunidad de propietarios ha entrado en suspensión de pagos. Yo lo descartaría por completo", señala por su parte el presidente del Colegio General de Administradores de Fincas, Díez Lloris.