El fondo de rescate de hipotecas que propone UGT tendría un coste de 650 millones para cerca de 340.000 hipotecas, que sufragaría el impuesto a la banca, con el que el Gobierno prevé recaudar 1.500 millones de euros al año. Así lo explica el informe que ha hecho público el sindicato este viernes, que detalla la medida que anunció el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el pasado 7 de septiembre.
De esta forma, se conocen sus detalles cuando la Comisión Europea acaba de presentar su contribución de solidaridad para gasistas y petroleras, que obligará al Gobierno de Pedro Sánchez a replantear su impuesto a las energéticas. Bruselas subraya que lo que se recaude deberá dedicarse a los más vulnerables, lo que el impuesto español no prevé de manera clara y directa.
UGT advierte además de que los 1.500 millones previstos para el impuesto a la banca serán aún superiores en unos 250 millones tras el anuncio de la subida de tipos del BCE, por lo que subraya que la dimensión del Fondo propuesto sería cerca de un tercio de esa recaudación.
El fondo estatal cubrirá, por medio de una prestación mensual, el sobrecoste generado en caso de que
el Euribor supere un valor de 1,5 puntos. La ayuda que plantea UGT tendría duración de un año prorrogable y se beneficiarían de ella personas con unos ingresos totales inferiores al salario medio en España que, según el último dato publicado por el INE (2020), se sitúa en 1.797 euros mensuales brutos con 14 pagas, es decir, 25.165,51 euros al año.
El umbral de renta se incrementaría según una escala ajustada por el número de personas que componen la unidad de convivencia. A esto se añade el criterio de persona o unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad social: cuando existan personas dependientes, jubiladas de manera ordinaria (edad), víctimas de violencia de género o menores de edad a cargo.
Más medidas
Para acceder a dicho fondo, se deberá acreditar que el pago mensual de la hipoteca en vivienda habitual supere el 30% de los ingresos mensuales netos de la persona o unidad de convivencia.
"Inscrita en el marco general de apoyo a la vivienda pública y de alquiler y acompañada de la extensión de las medidas antidesahucios y de aplazamiento del pago del alquiler -al menos hasta que entre en vigor la Ley Estatal de Vivienda-, se trata de una actuación necesaria para evitar un sobrecoste excesivo para muchas familias que podría acelerar el declive de la actividad económica y provocar un nuevo auge de las situaciones de pobreza y exclusión social", concluye el informe.
Podemos viene pidiendo al Gobierno que tope temporalmente la subida de las hipotecas, lo que el propio Pedro Sánchez ha rechazado por contravenir a su juicio la normativa europea.
