El rostro rígido de Mariano Bacigalupo no podía ser más explícito. El consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) asistía en directo, atónito, al escrache de unos activistas contra su esposa. La víctima era la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Quién lo iba a decir: Greenpeace, la organización ecologista más famosa del mundo, sacándole los colores a la ministra que pilota la apuesta 'verde’ de Pedro Sánchez.
La escena, desarrollada este miércoles en el Hotel Intercontinental de Madrid, tenía un punto rocambolesco. Y no sólo por la presencia del controvertido Bacigalupo, quien debió temer incluso por la integridad física de su mujer. El escrache se produjo en presencia de decenas de altos directivos del Ibex, a quienes Sánchez considera poco menos que enemigos. “¿De qué lado estás, Teresa?”, le preguntaban a gritos los activistas a Ribera, algunos de ellos enmascarados tras caretas con el rostro de la ministra y del consejero delegado de Endesa, José Bogas.
La vicepresidenta tercera está atrapada en una paradoja diabólica: es demasiado blanda a ojos de los ecologistas y dura en exceso a juicio de los empresarios. El problema, para Sánchez, es que su ambiciosa transición energética no llegará a ningún puerto sin la colaboración estrecha de esas mismas empresas. Ellas tienen capital para invertir y algo muy valioso: el 'know how'. Es decir, el talento humano y la experiencia, imprescindibles para innovar en áreas que pueden hacer de España un líder industrial a escala mundial. Las baterías para el coche eléctrico, el hidrógeno verde o la energía eólica marina son solo algunos ejemplos.
El error de base del presidente ha sido romper puentes a lo largo de la legislatura. Otros gobiernos, mientras tanto, se han dedicado a tenderlos. El caso más cercano es el de Portugal. Hay un ejemplo reciente y muy simbólico. Hace un mes, Repsol firmó un macroproyecto de reforestación en el país vecino. Está valorado en más de 400 millones de euros y supondrá la plantación de 90 millones de árboles, para reforestar 100.000 hectáreas de terrenos quemados o baldíos.
Hasta ahí, las cifras. Luego está el hecho que marca la diferencia con lo que está sucediendo en este lado de la Península. Para sellar el acuerdo se desplazó hasta Lisboa el presidente de Repsol, Antonio Brufau. Al empresario español le recibió el primer ministro, António Costa, acompañado de dos miembros de su Gobierno: Duarte Cordeiro (Medio Ambiente y Acción Climática) y António Costa Silva (Economía).
Tal recibimiento es poco imaginable en la España actual, donde el PSOE y sus socios parlamentarios han apostado por la confrontación. El choque con las compañías energéticas es el mejor ejemplo. Resulta esclarecedor el mensaje que lanzó a Ribera el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, justo antes del escrache. En su condición de presidente del Club Español de la Energía, que organizaba el acto en el Intercontinental, recordó a la ministra la importancia de “acercar posturas", de fomentar "un diálogo entre lo público y lo privado para aunar fuerzas”.
Las palabras del directivo hay que encuadrarlas en el contexto nacional. Fue el propio Pedro Sánchez quien presumió de ir "por el buen camino" si avanzaba por una senda distinta de la que pisa el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
Entre lo que ocurre en Portugal y lo que se cuece en España hay una brecha honda, pese a compartir una larga frontera y gobiernos del mismo color (socialista). El Ejecutivo de Costa está dando a las empresas (nacionales y extranjeras) algo de 'cariño' y, sobre todo, más facilidades para hacer negocios. Esta última condición es la que reclaman quienes invierten en nuestro país. Lo piden los inversores grandes, pero también los pequeños y medianos.
Barreras para la transición energética
"Lo peor de España no es sólo la dificultad para poner en marcha cualquier proyecto, sino, sobre todo, la falta de previsibilidad con la regulación", confiesa el consejero delegado de una veterana empresa de renovables, alejada del Ibex por su tamaño, pero con planes crecientes de expansión en EEUU y en el norte de Europa.
El directivo alude exactamente a la misma clave que el CEO de Iberdrola España planteó este miércoles ante la ministra. Ruiz-Tagle insistió en la importancia de la estabilidad regulatoria para atraer inversiones y habló por boca de todo el sector energético al reclamar menos trámites administrativos, para faciiltar "un desarrollo ágil y ordenado" de los proyectos.
"Lo peor de España no es sólo la dificultad para poner en marcha cualquier proyecto, sino, sobre todo, la falta de previsibilidad con la regulación"
Lo llamativo es que la vicepresidenta tercera va vendiendo en público que 2023 será "el año de la aceleración" de la transición energética en España. Una promesa difícil de materializar sin el empuje de las empresas implicadas. Este miércoles, tras el susto del escrache, Ribera aseguró que el negocio energético nacional tiene un "futuro resplandeciente" por delante. Delante escuchaban, expectantes, presidentes y altos directivos de las grandes del sector, desde Naturgy a Repsol, pasando por Endesa, Cepsa, Enagás o Red Eléctrica. También compañías extranjeras que tienen puesto el foco en España, como la noruega Statkraft.
Quienes se juegan su dinero en los proyectos no ven el horizonte tan despejado como la ministra. Al contrario, hay empresarios que temen otro arreón en su contra de Pedro Sánchez en el tramo final del año, si las elecciones autonómicas y municipales se tuercen y hace falta rebañar votos de la izquierda. En este instante de la partida, el entusiasmo decrece en ese ala del electorado (el escrache a Ribera es alegórico). Y muchos inversores permanecen en 'stand by', asumiendo que, al menos, les queda Portugal.
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Pues si los verdes, que han recibido vete tú a saber de este gobierno, pues ya me dirán de nosotros, pobre españoles que estamos hasta más arriba de la coronilla de estos elementos llamado PSOE o PP.
Estos ecologistas que se den una vuelta por los montes de Asturias, eso si, sin ir acompañados de la guardia civil, a ver si se atreven, que alguno queda de pasto de los lobos, porque los ganaderos están muy, pero que muy artos de tanta tontería, de gente que no piso el monte en su vida les diga como lo tienen que gestionar, después de llevar generaciones viviendo del campo, y llegan cuatro niñatos a decirles cómo tienen que tratar al ganado, a los perros, los lobos, la vacas y hasta los gatos....Pedroooo....¡¡¡QUE TE VOTE CHAPOTEEEE¡¡¡...
Estos llamados "ecologistas" lo que persiguen es poder político. Poder absoluto. Dictadura.
En Alemania ya lo han conseguido. Es una dictadura totalitaria con respecto al medio ambiente y a la energía, donde no cabe nada que no sean sus posturas "su Lucha".