Sedienta de indicadores económicos favorables, Nadia Calviño airea desde hace días un hecho: la inflación en España ya está “por debajo de la media europea”. El dato es indiscutible. No lo es tanto, sin embargo, la razón que esgrime la vicepresidenta para explicar la moderación del IPC: “la eficacia de las medidas adoptadas y la contención de los precios de la energía en los mercados internacionales”. El Gobierno ha tenido, literalmente, un golpe de suerte estadístico, que refleja una realidad distorsionada.
La clave está en la manera en que el Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge los precios de la electricidad. Los desajustes del Índice de Precios al Consumo (IPC), pendiente de una actualización, provocaron en primavera que España luciera una inflación superior a los países del entorno. Ese mismo factor ha retornado como un boomerang milagroso en otoño, permitiendo ahora a Calviño sacar pecho de la mejoría.
Este hecho, también incontestable, explica por qué el Ministerio de Economía presionó al INE y a las empresas en abril para corregir cuanto antes el IPC, y por qué guarda un silencio absoluto ahora. Con la estadística a favor, se acabó la prisa.
Estos son los datos. La inflación arrancó el año en niveles elevados (6,1%) y se desbocó según avanzaba la primavera. Al acabar junio, traspasaba la frontera del doble dígito (10,2%). El elemento tractor del IPC era el precio de la energía, caro de por sí y desbordado más aún tras la invasión de Ucrania. La escalada de la electricidad golpeaba a toda Europa, pero se cebaba en España. El Gobierno se apresuró en entonces a divulgar la explicación.
A la hora de 'cocinar' el IPC, el INE sólo tiene en cuenta la tarifa eléctrica regulada (denominada PVPC). Esta representa en torno al 40% de los pequeños consumidores (cerca de nueve millones). El resto, o sea la mayoría, está acogido al mercado libre. La tarifa regulada, a diferencia de otros países, está vinculada al mercado mayorista de la electricidad, por lo que refleja con rapidez y fidelidad el vaivén diario de los precios internacionales.
En un escenario de guerra, con la luz y el gas disparados, el PVPC se convirtió en un transmisor puro de inflación. En el IPC no actuaron como contrapeso las tarifas libres, mucho más estables y más bajas en aquel momento (se revisan una vez al año). El Gobierno conocía desde hace meses este desequilibrio estadístico, pero sólo movió pieza cuando la inflación se convirtió en arma arrojadiza para la oposición. Es entonces cuando Calviño puso el grito en el cielo. Y cuando comenzó la presión gubernamental.
El INE renueva el indicador cada cinco años. La entrada en vigor de los cambios estaba prevista para el pasado enero y uno de ellos era la revisión de los precios de la electricidad, para dar mayor representatividad al mercado libre. Los contactos entre los expertos de regulación de las eléctricas y los técnicos del INE arrancaron en 2021. Pero la complejidad para tramitar la información (hay 20 millones de contratos) obligó a retrasar la puesta a punto.
Los desajustes del IPC han retornado como un boomerang milagroso en otoño, permitiendo a Calviño sacar pecho de una mejoría que no es tal
En marzo, con la inflación rozando ya en doble dígito (el 9,8%), se agotó la paciencia en el Gobierno. Hubo llamadas en privado al INE y a las eléctricas. Y, en público, Moncloa comenzó a amenazar con imponer un nuevo impuesto a las energéticas (algo que acabaría materializándose después). La presión surtió efecto. El 20 de abril, se reunieron representantes del INE con directivos de Iberdrola, Naturgy y Endesa para abordar el asunto. El encuentro sirvió para clarificar qué información extra tenían que aportar las empresas.
El nerviosismo en el Gobierno era tal que apenas dos semanas después, Calviño acusó a "una eléctrica" de no colaborar para mejorar la medición de los precios. "Hay una empresa que no ha dado los datos y necesitamos que todo el mundo ayude para que baje el precio de los carburantes, para que baje el precio de la energía en el mercado mayorista y para que el IPC refleje bien los precios reales”, espetó. La ansiedad en el Ministerio llegó hasta el punto de que, siete días más tarde, la vicepresidenta económica hizo algo insólito. Anunció que la inflación bajaría al 8,3% en abril. La filtración dejó boquiabierto a más de un técnico del INE, ya que el organismo remite la información embargada al Ministerio antes de hacerla pública para todos los ciudadanos.
La inflación dio una corta tregua y volvió a marcar picos en verano. El máximo anual se registró en julio (10,8%). Paralelamente, eléctricas y estadísticos continuaron al habla para revisar cuanto antes el índice. Sin embargo, el tope al gas y el abaratamiento progresivo de la electricidad en los mercados comenzaron a desinflar la tarifa regulada. En octubre, el IPC había descendido ya al 7,3%.
En otoño desapareció la presión del Gobierno. Lo reconocen distintas fuentes de las compañías implicadas. Los trabajos continúan, pero con calma. No ha habido nuevas llamadas ni reuniones. En el sector señalan un factor fundamental: la introducción en el IPC de los precios del mercado libre "no interesa en este momento a Moncloa". Mientras la tarifa regulada se mantiene a raya, el resto de contratos se irán revisando al alza. Es decir, poco a poco aportarán -en vez de restar- inflación.
Eso es, exactamente, lo que viene ocurriendo desde hace semanas en otros países del entorno. "En septiembre y octubre, las estadísticas españolas recogen un abaratamiento de la luz con respecto a agosto del 35%, mientras que la eurozona refleja un encarecimiento del 10%", explica el economista Juan Ramón Rallo en un esclarecedor análisis en El Confidencial.
Este efecto irá aflorando en España los próximos meses y contribuirá a mantener aún en niveles elevados en 2023. El Panel de Funcas, el que participan 20 servicios de estudios, arroja una media anual del 4,1%. Los economistas de BBVA Research o CaixaBank la elevan hasta el 5,4% y al 4,9%, respectivamente.
Nuestra economía, como publicó Beatriz Triguero en Vozpópuli, no sólo será la última en alcanzar los niveles de PIB pre pandemia. También le costará embridar de nuevo la inflación. Según la OCDE, el IPC cerrará 2023 con una media del 4,8%. Pero lo preocupante es que ese nivel se repetirá exactamente el año siguiente. En 2024, las grandes economías de la Eurozona mostrarán índices bastante inferiores. El presidente que salga elegido en las próximas elecciones generales, por tanto, arrancará el mandato en desigualdad de condiciones para competir con sus vecinos.
