Los socios de Sánchez calientan la precampaña con el encarecimiento del despido

El protagonismo anunciado del encarecimiento del despido en el año electoral se está cumpliendo con creces. Los sindicatos y los socios de Pedro Sánchez ya advirtieron de que pretendían abordar este asunto una vez que se aprobó la reforma laboral a principios de 2022, en la que no se discutió, y con la amenaza de CEOE de retirarse del acuerdo si se introducían cambios. Pero esta aspiración no se volvió a exhibir hasta este otoño, sin que quede tiempo para una reforma de este tipo tenga visos de prosperar. La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció el 26 de octubre que preparaba un nuevo despido con indemnización a la carta por edad, renta y género, lo que la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se apresuró a desmentir que estuviera en la agenda del Gobierno.

Pues bien, ERC ha forzado esta semana que el PSOE se retrate, con una moción consecuencia de interpelación urgente sobre "la necesidad de adoptar las modificaciones legislativas oportunas para incrementar las indemnizaciones por despido improcedente a fin de conseguir un resarcimiento real del trabajador afectado y un efecto disuasorio". Una moción que se vota este jueves y que cuenta con el aval de Díaz y del resto de socios de Sánchez y que el Congreso va a tumbar.

El Grupo Socialista ha adelantado que va a votar en contra, dice compartir el objetivo pero cree que es una reforma que debe negociarse con los agentes sociales, según han trasladado su portavoz, Patxi López, y la diputada Mercé Perea.

La propia Díaz ya admitió en octubre que lo que denomina despido restaurativo o a la carta podía no darle tiempo, con lo que la reforma se perfilaba como su gran proyecto para los últimos meses de legislatura y en año electoral.

Batalla en Europa y los tribunales

De momento, la iniciativa se ha trasladado a Europa y a los tribunales. Los sindicatos han planteado una denuncia a España por incumplir a su juicio el despido español la Carta Social Europea, que ha sido admitida por el Comité Europeo de Derechos Sociales en un proceso que puede implicar que España deba acabar reformándolo, pero que lleva tiempo y su implementación por el Estado miembro en cuestión no suele ser automática. De nuevo, un asunto que quedaría para la próxima legislatura.

Las centrales sindicales esgrimen que el actual sistema español de despido incumple de manera manifiesta el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Defienden que la indemnización por despido debe ser suficientemente reparadora y proporcional del daño que produce a la persona trabajadora, y hasta el momento, no lo es, sobre todo para las que llevan poco tiempo empleadas. El trabajador o trabajadora sufre perjuicio si pierde el trabajo de forma arbitraria y el coste del despido se ha devaluado en las últimas décadas.

Había un plazo hasta el 30 de noviembre para que el Gobierno y las organizaciones empresariales europeas y españolas presentaran sus observaciones. Según pudo saber Vozpópuli, el Gobierno español demoraba su respuesta a principios de enero.

A la espera del recorrido de este asunto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado el 30 de enero una sentencia que parece avalar la tesis sindical de Yolanda Díaz de la necesidad de escalar el despido. Es un caso de laboratorio, pero que transmite el mensaje de que los despidos a la carta ganan peso. Se trata de una empleada que llevaban poco tiempo en la empresa y a la que se despide justo antes de realizar un ERTE por la pandemia. El fallo eleva la indemnización a 48 días por año trabajado, por encima de los 33 días y 2 años que estableció la reforma laboral del PP para el despido improcedente

Aunque el TSJC respalda la decisión de la empresa de despedir a la empleada, considera que la indemnización legal tasada, "que no llega a los 1.000 euros, es claramente insignificante", y no compensa el daño producido por la pérdida del puesto de trabajo.

Los magistrados se basan en el "cada vez mayor número de sentencias que admiten la posibilidad de reconocer a los trabajadores una indemnización superior a la establecida legalmente basándose en lo dispuesto en el Convenio 158 de la OIT y en el artículo 24 de la Carta Social Europea".