Santander tratará hoy en el juzgado de evitar que Ana Botín declare en el caso Orcel

Santander tratará hoy lunes de que la presidenta de la entidad, Ana Botín, no tenga que acudir a declarar al juicio por el caso Orcel, y centrará su defensa en negar la existencia de un contrato.

En la audiencia previa que se celebra al mediodía de hoy lunes en el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid por la demanda presentada por Andrea Orcel contra Santander, por su fichaje frustrado como consejero delegado. El primer banco español sostendrá que, de lo que se trata, es de juzgar sobre la interpretación jurídica de unos hechos, no los hechos en sí, por lo que no debería ser necesario que acudieran testigos a declarar.

La defensa de Orcel posiblemente no tenga la misma visión sobre el proceso que Santander. No coincidirá por tanto sobre cuáles son los hechos controvertidos, y es previsible que reclame que acudan a declarar miembros del consejo de administración del banco, entre ellos su presidenta.

Santander acude al juicio por el caso Orcel con su menor valor en Bolsa, inferior a los 30.000 millones de euros, mínimo histórico

La audiencia previa es el aperitivo del juicio más problemático para Santander desde que Ana Botín fuera nombrada presidenta a finales de 2014. La entidad acude al proceso en mínimos históricos de cotización, con un valor en Bolsa inferior a los 30.000 millones de euros. 

Orcel presentó demanda contra Santander el 27 de mayo de 2019, admitida a trámite el 25 de junio de ese mismo año. El exbanquero italiano reclama el cumplimiento del contrato, su incorporación al cargo para el que había sido contratado por Santander -consejero delegado- y, subsidiariamente, una indemnización de 112 millones de euros.

"Habéis destruido mi carrera, mi reputación y me habéis infligido enormes pérdidas económicas", escribió el 15 de enero de 2019 Andrea Orcel a Jaime Pérez Renovales, secretario del consejo de administración de Santander, cuando el banco anunció que no continuaba con su fichaje, después de haberlo anunciado unos meses antes. 

Santander comunicó a la CNMV y a los medios el nombramiento de Orcel como consejero delegado el 25 de septiembre de 2018

En la audiencia previa, en la que el juez preguntará si hay posibilidad de acuerdo, las partes involucradas deben debatir la fijación de los hechos controvertidos y proponer las pruebas que se emplearán en la vista oral. Este tipo de procesos suele tener una duración, de media, de unos 40 minutos; el mismo juzgado a cargo del caso Orcel celebrará hoy lunes al menos otras siete audiencias previas.

Entre las pruebas que previsiblemente presentará para reforzar su postura la defensa de Orcel, se encuentran las grabaciones que realizó el exbanquero italiano de conversaciones y mensajes intercambiados con Ana Botín.

Para Santander esas grabaciones muestran en realidad que Andrea Orcel no era la persona indicada para dirigir el banco, por lo que consideran un comportamiento deshonesto. Para la defensa del italiano, el comportamiento deshonesto habría sido el adoptado por el banco español, que ha fulminado la carrera profesional de Orcel, y las grabaciones mostrarían la intervención directa de Botín en la designación de este como consejero delegado del banco español.

"Si el juez considera que la declaración de Ana Botín es relevante, por supuesto el banco lo aceptará"

"Si el juez considera que la declaración de Ana Botín es relevante, el banco por supuesto lo aceptará", comentan fuentes jurídico financieras. "No es la primera vez que Ana Botín acude a un juzgado".

La principal controversia es sobre la naturaleza de la relación contractual entre Santander y Orcel. El banco, que comunicó el 25 de septiembre a la CNMV y a los medios de comunicación el fichaje del banquero italiano como consejero delegado, defiende la existencia de "una carta oferta", y no de un contrato formal.

Santander "no niega la existencia de conversaciones", pero defiende que la "carta oferta" no es el contrato que exige la Ley, y que "dicho contrato nunca se materializó". El banco "no niega que hubiera interlocuciones con el demandante, son hechos, y no parece necesario que para juzgarlos tengan que acudir testigos, son hechos sobre los que el juez tiene que decidir", explican las fuentes consultadas.