Sánchez se reserva una última carta electoral: aprobará nuevas ayudas el 27 de junio

El núcleo duro de la política económica de Pedro Sánchez resiste al adelanto electoral. Las 60 leyes que decaen con la disolución de las Cortes este martes y los cinco meses de Presidencia Española de la UE en el aire son un precio al que Moncloa quita peso. El Gobierno considera que ya ha aprobado sus reformas de calado, como la laboral y la de las pensiones, o la Ley de Vivienda y la que crea los impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas. Y el Ejecutivo prepara desde hace meses la Presidencia de la UE.

La convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio parecía que ponía en duda buena parte de los últimos planes de política económica del Gobierno, como el paquete de ayudas que preveía aprobar a finales de junio. Un análisis de la Ley del Gobierno muestra que, al contrario, sus planes quedan intactos.

El Gobierno sólo entra el funciones tras la celebración de elecciones generales, es decir, el 24 de julio, según establece el artículo 21 de la citada norma. Sólo tendrá restricciones para aprobar ayudas en la campaña electoral, a partir del 7 de julio.

El último paquete de ayudas de la legislatura se aprobará por lo tanto como estaba previsto, todo parece indicar que la última semana de junio, sin que sea descartable que en lugar del Consejo de Ministros del martes 27 se haga en un cónclave extraordinario el 29 de junio.

Se validará un Real Decreto-ley en el que se prevé que se retiren ayudas a empresas y al transporte profesional y se mantengan las rebajas fiscales a la luz y la energía. Es posible que se elimine la rebaja del IVA a alimentos básicos, lo que se compensará con nuevas ayudas en las que se prevé que el Gobierno centre sus últimos esfuerzos de anuncios económicos, en un paquete que entrará en vigor menos de una semana antes de que empiece la campaña electoral.

Margen de maniobra

La vicepresidenta primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, venía apuntando a que habrá que retirar algunas medidas que vencen el 30 de junio, lo que está demandando la Comisión Europea. Pero antes de las elecciones ha evitado dar pistas. En el Consejo de Ministros del pasado martes se limitó a insistir en que se está analizando todo y que en la decisión pesan factores poco previsibles como la inflación y la sequía.

El Gobierno asegura que desde junio de 2021 ha aprobado 45.000 millones en ayudas por la crisis de la energía y la guerra de Ucrania, 35.000 si se descuenta avales del ICO. Los informes de ejecución de la IGAE rebajan estas cifras.

¿Cuál será el escenario a partir de julio? Entre el 7 y 23 el Gobierno está controlado por la Junta Electoral Central. Sólo entrará en funciones cuando pasen las elecciones, el lunes 24 de julio.

Estará entonces limitado a funciones ordinarias, traslada José Manuel Sala Arquer, catedrático de Derecho Administrativo en la URJC, que advierte de que no tanto como pudiera parecer.

El mismo artículo 21 de la Ley del Gobierno sólo estipula que un gobierno en funciones no podrá aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley a las Cortes. Es decir, sí puede seguir gestionando lo que se considera despacho ordinario.

A su vez, las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales.

Con todo, el Gobierno en funciones podrá tomar decisiones que excedan de lo que se considera despacho ordinario si concurre una situación de urgencia o interés general y así lo acredita. Puede aprobar Reales Decretos-leyes en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad, que convalidará la Diputación Permanente del Congreso, lo que previsiblemente sucederá en julio.

En el caso de que no se pudiera formar gobierno tras las elecciones generales, el Ejecutivo en funciones de Sánchez tiene cierto margen de maniobra, como ya le ocurrió al de Mariano Rajoy en 2015 y al propio Sánchez en 2019.