Sánchez promete a Bruselas que impuestos y cotizaciones ingresarán 100.000M más en 2026

Casi 100.000 millones más en 2026 es lo que el Gobierno de Pedro Sánchez promete a Bruselas que van a recaudar impuestos y cotizaciones. El Programa de Estabilidad 2023-2026 que el Gobierno ha remitido a Bruselas este viernes plantea que los recursos no financieros de las Administraciones Públicas aumentarán a lo largo de estos años de 611.907 millones de euros en 2023 a 704.391 millones en 2026, es decir, en 92.484 millones.

Esta previsión se concreta después de que el Gobierno avanzara este jueves que mejora su previsión de déficit público sobre el PIB de 2024, que recorta del 3,3% al 3%, el 'máximo' fijado por la Comisión Europea para exigir ajustes fiscales del 0,5% del PIB al país. De esta forma, se compromete a que "España cumplirá con el Pacto de Estabilidad vigente de la UE en 2024", un año antes de lo previsto por el Ejecutivo y ya después de las elecciones generales. El Gobierno atribuye esta mayor reducción del déficit al "sólido crecimiento económico" y "al dinamismo en la creación de empleo", que permiten "un aumento estructural de los ingresos" que en 2022 fue del 14,4%.

El Programa de Estabilidad explica que en estos cuatro años, la ratio recursos no financieros de las Administraciones Públicas respecto al PIB se incrementará ligeramente desde el 43,4% en 2023 hasta el 43,8% en 2026 como consecuencia de un crecimiento superior de los ingresos respecto al del PIB nominal. Esta evolución del peso de los ingresos públicos sobre el PIB, en un escenario que incorpora medidas tributarias recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y en leyes complementarias también aprobadas, "responde a una progresiva mejora del contexto actual debido a la recuperación de la actividad económica y a los efectos positivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y al carácter estructural de la buena evolución de la recaudación tributaria".

En el Programa de Estabilidad 2022-2025 que se envío a Bruselas hace justo un año se proyectaba que los recursos no financieros de las Administraciones Públicas aumentarían de 549.438 millones de euros en 2022 a 619.039 millones de euros en el 2025, con lo que los 704.391 millones de euros que ahora prevé en 2026 implican que el mayor incremento se produciría en este último año.

Presión fiscal

El Programa plantea que la presión fiscal como suma de ingresos tributarios y cotizaciones sociales se incrementará del 38,7% de 2022 al 39,7% en 2023; 40,1% en 2024; 40,4% en 2025 y 40,6% en 2026.

la recaudación fiscal ha aumentado en 2022 un 14,4%, un 15% en términos homogéneos, lo que supuso unos ingresos históricos de 255.463 millones de euros, 32.078 millones más. El PIB en 2022 experimentó un crecimiento del 9,97% en términos nominales. "Esto significa que, aunque se batan récords en recaudación de impuestos y cotizaciones sociales (en lo que se refiere a las empresas como veremos), si el crecimiento de esta recaudación es inferior al 9,97%, la presión fiscal disminuirá", ha alertado Francisco de la Torre en el informe La presión fiscal en España se redujo ligeramente en 2022 hasta el 38,73% del PIB. 

La reforma, para el próximo Gobierno

Sobre la reforma fiscal prometida a la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, se admite que queda pendiente para el próximo gobierno. Éste tendrá que "mejorar la eficiencia del sistema fiscal a través del ensanchamiento de las bases tributarias reducidas por las numerosas exenciones y deducciones, evaluando si los beneficios fiscales existentes logran los objetivos para los que fueron creados o si deben revisarse". Asimismo, se plantea que deben "analizarse en profundidad las figuras tributarias actuales para adaptarlas al contexto económico y avanzar en la incorporación de nuevos tributos de acuerdo con las tendencias más recientes".

En este sentido, lo único que se ha hecho es publicar el Libro Blanco elaborado por el comité que designó Hacienda para que le asesorara en la reforma fiscal. A continuación, el Gobierno justifica que habría realizado cierta reforma fiscal con impuestos que estaban previstos o entrando en vigor antes de que se acordara el Plan de Recuperación. Es el caso de los Impuesto de residuos y de plásticos, la modificación del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y las tasas Google y Tobin. También enumera los impuestos a banca y energéticas, no previstos, y el impuesto a grandes fortunas, que supone un atajo en la armonización fiscal de Sucesiones y Patrimonio a a que se había comprometido.

Se apunta que el Gobierno no prevé que los impuestos a banca y energéticas puedan ser permanentes, como incluyó una enmienda de Bildu a la proposición de ley, posibilidad que el Programa no contempla. Sí que pueda serlo el de grandes fortunas.