El Gobierno cederá al País Vasco y Navarra las competencias sobre los impuestos a banca y energéticas que el Congreso toma en consideración este martes. Así lo trasladó Pedro Sánchez a los diputados navarros socios de coalición en sus réplicas en el debate que se celebró en el Senado la semana pasada. Sánchez anticipa así el sentido de la negociación presupuestaria en un asunto en el que se ha mostrado especialmente beligerante el PNV, y que puede suponer un montante de ingresos importante para el País Vasco, donde tienen su sede social Iberdrola y BBVA, en un momento en que las Haciendas Forales, que van a deflactar el IRPF, van a perder ingresos, y de unos impuestos que prevén recaudar 7.000 millones de euros en dos años.
En respuesta a Koldo Martínez Urionabarrenetxea, de Geroa Bai, que le instaba a que los nuevos gravámenes se incorporen al Convenio Navarro, Sánchez le tranquiliza y le asegura que "se respetará la Constitución y su reparto competencial".
El PNV no planteó este asunto en el debate en el Senado pero la formación jelztale ya lo ha hecho alto y claro en varios frentes. Su presidente, Andoni Ortuzar, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, han advertido de que el diseño de los nuevos impuestos "choca frontalmente" con los sistemas fiscales del País Vasco y Navarra, al mismo tiempo que supone un "perjuicio directo" a la ciudadanía de ambos territorios.
El grupo parlamentario vasco en el Congreso ha señalado que sí comparte el fondo del impuesto, pero no la forma, ya que genera un "serio problema" tanto con el Concierto Económico vasco como con el Convenio navarro. "Esta propuesta vacía de contenido ambos instrumentos fiscales e impide que sus Haciendas puedan recaudar un solo euro de lo gravado a las empresas de estos sectores", ha explicado.
En este contexto, la formación vasca ha emplazado al Gobierno y a los grupos parlamentarios que lo sostienen a "establecer un espacio de diálogo" en el que negociar la gestión de este gravamen por parte de las Diputaciones Forales, así como a garantizar la excepcionalidad foral. "No hacerlo supondría ignorar el marco jurídico vigente y generar un serio perjuicio a la ciudadanía vasca y navarra", ha avisado.
Ortuzar, durante la celebración el 31 de julio del aniversario de la fundación del partido, avisaba a Sánchez de que esto debía enmendarse y de que lo añadía a su clásica reivindicación de que se cumpla el calendario de trasferencias.
Y es que el que los impuestos se denominen en la proposición de ley "prestaciones patrimoniales públicas no tributarias" cogió al PNV con el pie cambiado. Urkullu, durante la presentación el 28 de julio de su plan contra la subida de la inflación, como la deflactación del IRPF que el Gobierno de Sánchez rechaza hacer, señaló que sería necesario la convocatoria de la Comisión Mixta del Concierto para la concertación de estos impuestos y que sean recaudados en Euskadi.
Poco después el mismo 28 de julio se registraba en el Congreso la proposición de ley que crea las dos nuevas prestaciones, que no impuestos, con lo que en principio no habrá que convocar la Comisión Mixta, ya que no se trata de un impuesto y por lo tanto, de entrada no se puede concertar con las Haciendas vascas.
El melón que se abre
La Ley del Concierto Económico Vasco y la del Convenio navarro fijan la capacidad normativa de las Haciendas forales para la legislación sobre el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades y la recaudación del IVA y del Impuesto de Hidrocarburos.
En el pasado ya se han hecho ajustes para incorporar la especificidad foral. En principio, la proposición de ley que crea las prestaciones patrimoniales deberá reconocer la citada especificidad y a sus Haciendas la capacidad de recaudación sobre los recursos que se generen. Las palabras de Sánchez muestran la voluntad del Gobierno por encajar este asunto.
Más que evitar su transferencia a País Vasco y Navarra, como ha apuntado el PNV, el que los impuestos se hayan creado como prestaciones patrimoniales parece deberse más a un intento de dificultar los pleitos de las empresas y de hurtarles derechos que tendrían como contribuyentes.
El problema para el Gobierno, como ha advertido el Instituto de Estudios Económicos (IEE), es que a diferencia de impuestos como las tasas Google y Tobin, que el Gobierno vasco reclamó y se le transfirieron en base al Concierto, como en este caso no se trata según la proposición de ley de impuestos, todas las comunidades de régimen común pueden reclamarlos, el caso de Cataluña. Melón que puede abrirse en el arranque de la negociación presupuestaria.