Sánchez, a la caza de 8,8 millones de votos con su "demagogia fiscal"

“A la economía, a la inversión, le hace mucho daño esta demagogia fiscal”. Habla con conocimiento de causa el presidente de un banco de inversión. Conoce lo que buscan quienes arriesgan su dinero invirtiendo en nuestro país. Por eso, no daba crédito esta semana al conocer el enésimo golpe de Pedro Sánchez: directo para empresas y grandes patrimonios, que soportarán una presión fiscal al límite de lo legal; e indirecto para las rentas medias, las grandes olvidadas, a las que Hacienda seguirá exprimiendo gracias a la inflación. 

En un mundo ideal, donde imperara el sentido común, el Gobierno de turno haría probablemente lo contrario. Con una economía abocada al estancamiento en el mejor de los casos -o a la recesión, en el peor-, son las empresas y las clases medias las que mayor impulso pueden darle al país. Las primeras pueden tirar de la inversión; y las segundas, consumo. De ahí que tantos economistas hayan defendido, con nulo éxito hasta ahora, la conveniencia de crear un marco fiscal favorable. Se trataría de canalizar hacia unas y otras, vía bajada de impuestos, lo mucho que Hacienda está recaudando de más gracias a la inflación.

Hasta agosto, la Agencia Tributaria ha ingresado 26.930 millones más que en el mismo periodo del año anterior, nada menos que un 19% más. Sólo con el IRPF, ha logrado una recaudación extraordinaria de 10.765 millones de euros, un 16,7% más. Y otros casi 9.784 millones demás gracias al IVA. La culpa, ya se sabe, es de la inflación. La revalorización de los salarios condena a determinadas rentas a saltar de tramo en el IRPF, pese a la pérdida sangrante de poder adquisitivo (el IPC subirá en 2022 en torno al 10%, mientras que las subidas salariales pactadas por convenio rondan el 3%). El caso del IVA es evidente, al tratarse de un porcentaje aplicado a productos cuyo precio está desorbitado. Ahí está el último dato de inflación subyacente, que no incluye los precios más volátiles de la energía y que en septiembre cerró en el 6,2%.

Sánchez ha preferido transitar por el carril contrario y usar la hucha tributaria para otros fines. Sobre todo, para agitar el granero de los votos. Vayamos de nuevos los datos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó ayer la consigna que todos los ministros económicos pregonarán a partir de ahora: el Gobierno ha bajado los impuestos a los trabajadores que menos ganan. Según la Agencia Tributaria, en España hay 8.839.392 contribuyentes con una nómina inferior a 21.000 euros, el límite que ha fijado el Gobierno para beneficiarse de las nuevas ventajas fiscales. 

Una parte importante de ese colectivo tributa poco -o no tributa-, precisamente, por la estrechez de sus salarios. La bajada del IRPF constituirá una ayuda aceptable para algunos y casi imperceptible para otros. Ahora bien, el mensaje de la rebaja de impuestos, contrapuesto al castigo a ricos y grandes empresarios, funciona como la pólvora de cara a una campaña electoral. A eso, exactamente, se refería el banquero al inicio de este análisis al hablar de “demagogia fiscal”.      

Hacienda olvida, por el contrario, al otro gran estrato de contribuyentes: las rentas medias. En nuestro país hay 11.882.211 personas que tienen un sueldo superior a 21.000 euros e inferior a 60.000. Afrontan, evidente, menos dificultades que las rentas bajas, pero están sufriendo igualmente una importante pérdida de poder adquisitivo. Ese factor, a ojos de muchos economistas, es decisivo a la hora de explicar por qué hay tanto ahorro embalsado, o por qué cuesta tanto tomar decisiones de consumo (comprarse un coche o reformar una vivienda, por ejemplo).

Sánchez podría haber apoyado por las rentas bajas cuidando paralelamente a las medias. Ese camino implica más visión a largo plazo y un poco menos de ideología. “En un escenario como este lo que hay que diseñar es una política fiscal completa”, recuerda una economista que ostenta un alto cargo en la administración. “Y una política fiscal se compone de ingresos, gastos y transferencias”. Implica diseñar un esquema global, duradero en el tiempo, que permita ingresar más y gastar menos y mejor, buscando un objetivo a largo plazo. En la España actual, recuerda la economista, esa meta debería afianzar las bases de la recuperación y transformar la economía para dar un salto cualitativo en los próximos años, aprovechando el manantial de los fondos europeos.

La política fiscal de Sánchez tiene luces menos largas. A juzgar por el plan presentado este jueves, apuntan a un horizonte más cercano: el de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, y las generales de final de año. El presidente avanzará en esa dirección sin explicar por qué no bajó mucho antes el IRPF a las rentas bajas. La inflación está disparada desde el inicio de la guerra y en abril propuso una rebaja idéntica el PP. El líder socialista siempre se ha escudado en su apuesta por ayudas generalistas, como la bonificación de los carburantes.

El Gobierno ha olvidado a las empresas y a las clases medias, las que más pueden tirar de la inversión y el consumo en este panorama de estancamiento económico

Sánchez optó por esa vía en contra de la opinión de organismos como el Banco de España o el FMI, que siempre han defendido medidas más selectivas y teledirigidas a los colectivos más castigados por la inflación. El tiempo ha demostrado la poca efectividad de la subvención del combustible, que afectaba por igual a todo tipo de bolsillos, en lugar de beneficiar con más intensidad a quienes usan un vehículo como herramienta de trabajo (autónomos, transportistas o agricultores).

El propio Banco de España ha constatado que el consumo de carburantes no se ha resentido desde que arrancó la guerra. Si la demanda se ha comportado de forma inelástica se debe al precio artificial impulsado por el Gobierno. Se ha consumido más combustible de lo que se debería -durante una crisis de precios- y lo ha pagado el Estado. Además, se da la paradoja de que los precios de la gasolina, sin aplicar el descuento, se encuentran ya próximos a los niveles previos a la guerra, pero la subvención -y la factura para las arcas públicas- seguirá viva, como mínimo, hasta final de año. Es un sinsentido más, o el resultado de otro parche. O de la ausencia de una política fiscal diseñada con más demagogia que sentido de Estado.