Publicado: 23/04/2022 04:45
Actualizado: 30/05/2022 16:41
El Gobierno acelera para tener pronto aprobada una regulación que servirá como "factor disuasorio" frente a situaciones como las que derivaron en el escandaloso contrato firmado por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.
El Ejecutivo moverá ficha en el marco de la nueva Ley del Deporte que espera que entre en vigor "idealmente" antes del verano, según señalan fuentes gubernamentales. El plazo de enmiendas vence este 27 de abril.
El Partido Socialista cuenta ya con el apoyo del Partido Popular para aprobar el apartado relativo a las nuevas exigencias de transparencia a las federaciones deportivas y ligas profesionales, según han precisado a este diario fuentes de la formación popular. Los votos del PP garantizan la aprobación de este apartado de la futura ley.
La nueva regulación se implementará en torno a los "convenios y contratos públicos y privados" de todas de las federaciones deportivas, incluida la de Fútbol, que hasta ahora ha podido actuar sin dar cifras ni rendir cuentas sobre sus contratos
El cambio legal afectará a los "convenios y contratos públicos y privados" de todas de las ligas profesionales y federaciones deportivas, incluida la de Fútbol, que es "una entidad privada" y por el momento no tiene la obligación de dar información sobre los contratos que suscribe, remarcan fuentes gubernamentales.
Este último extremo ha sido esgrimido por fuentes del Consejo Superior de Deportes para descartar la adopción de cualquier medida contra Luis Rubiales en cuanto responsable del polémico contrato firmado con los saudíes bajo intermediación de Kosmos, la empresa administrada por el jugador del Barça Gerard Piqué.
El 'caso Rubiales' y el peso de la transparencia
Con la nueva regulación, las federaciones deportivas y ligas profesionales quedarán obligadas a publicar en su página web la indicación de todos los convenios y contratos suscritos con mención del objeto, duración, obligaciones de las partes, modificaciones y, en su caso, procedimiento de adjudicación, de cualquier convenio o vínculo comercial con excepción de los contratos de trabajo.
También deberán indicar "de forma concreta y desglosada" el importe de los convenios y contratos suscritos exceptuados los de publicidad y patrocinio, para los que se deberá indicar al menos la cuantía global.
La responsabilidad legal de la difusión de esa información y su actualización recaerá en la persona que ostente la dirección ejecutiva de la federación deportiva o liga profesional, que deberá cerciorarse de que la información sea accesible de forma "segura y comprensible, en condiciones que permitan su localización y búsqueda con facilidad y en todo caso, en compartimentos temáticos suficientemente claros y precisos" .
La difusión de los términos económicos de un contrato de la RFEF ha generado una "respuesta social" que ha llevado a su presidente, Luis Rubiales, a reconocer la necesidad de modificar su sistema retributivo
La nueva regulación no tendría efecto retroactivo sobre los contratos firmados con anterioridad a su entrada en vigor, como sería el caso de los suscritos por Luis Rubiales para el polémico traslado de la Supercopa a Arabia Saudí, esto es, tanto el primero de tres años por otros tres prorrogables -que el presidente firmó en 2019 sin someterlo a votación de la Asamblea-, como su ulterior extensión hasta el año 2029.
Los términos económicos de dichos contratos son idénticos, y equivalen a unos ingresos anuales de hasta 40 millones de euros para la RFEF, de los que hasta unos diez millones están supeditados a la presencia en la competición del Real Madrid y el Barcelona.
La sola difusión de esos términos ha generado una "respuesta social", en términos del propio Rubiales, que le ha llevado a reconocer la necesidad de modificar su sistema retributivo -vinculado a los ingresos de la Federación- para desligarlo de la participación en sus competiciones de equipos como el Madrid y el Barça.
Los estatutos de la RFEF prevén que sea su Asamblea la que autorice modificaciones en la retribución del presidente. Este último avanzó que propondrá que se "consolide" como fija su retribución, de 634.518,19 euros brutos en 2021.
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