Ribera prorroga el recorte a los beneficios de las eléctricas hasta finales de 2023

Teresa Ribera puso en marcha en septiembre de 2021 un límite a los ‘beneficios extraordinarios’ de las eléctricas. El tope se sitúa en 67 euros megavatio. El Gobierno busca que la electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y parte de las renovables aprovechasen el precio del gas natural, que marca todas las tecnologías, y de los derechos de CO2, que son costes que estas tecnologías no soportan. Una limitación que se prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023. 

Un límite que, en el caso de superarse, va directamente a las arcas del Estado. Ribera ha anunciado este martes tras el consejo de ministros que la medida se ampliará ya que está permitiendo que el mercado se estabilice en esos precios. Fuentes cercanas al Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que todavía no existen datos oficiales en relación a cuánto se ha recaudado con esta medida mediática. 

La primera previsión del Gobierno que anunció en septiembre de 2021 era alcanzar 2.600 millones de euros hasta marzo de 2022, una estimación que se estableció con el primer sistema de recortes, y que el Gobierno no actualizó con los cambios regulatorios posteriores. Los datos 'extraoficiales' que se tienen hasta julio es que la recaudación ‘solo’ ha alcanzado los 360 millones de euros.

El Gobierno defiende que el sistema de minoración de los ingresos está sirviendo para que las compañías contengan sus precios, ya que está permitiendo que las eléctricas firmen todos sus nuevos contratos y sus actualizaciones como máximo por esos 67 euros por MWh para evitar la devolución de los ingresos extra.

Ribera y la diferencia con Bruselas

Las propuestas de Bruselas para esta crisis energética respaldan este límite impuesto en el Real Decreto-ley 6/2022, del 29 de marzo, que aprobó Moncloa. Aunque con una cierta diferencia. La Comisión Europea propone un tope temporal de precio para estas tecnologías de 180 euros por megavatio hora (MWh), mientras que en España limitó en marzo a 67 euros/MWh. 

Esta limitación es uno de los frentes que tiene abiertos el Ejecutivo con los ingresos de las empresas. Ribera logró en junio la excepción ibérica, el mecanismo que establece un tope al precio del gas que se utiliza para producir el gas para rebajar la cotización del mercado mayorista eléctrico al evitar que el precio del resto de tecnologías se vean contaminados por el encarecimiento del gas.

El último frente es el impuesto específico para las grandes eléctricas para que aporten un parte de sus ingresos (un 1,2% de su facturación) para financiar las medidas de apoyo a familias y empresas, aunque el Gobierno modificará el diseño del futuro tributo para adaptarlo al gravamen que pacten los estados miembro de la Unión Europea. Tres frentes abiertos entre el sector eléctrico y el equipo de Teresa Ribera.