La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantiene sus planes de cierre de presas, azudes y barreras en ríos en plena sequía. Así lo plantea el Ministerio, enzarzado en los últimos días -en paralelo a su enfrentamiento con la Junta de Andalucía por Doñana-, con la oposición, el campo, vecinos de municipios con presas, medios y redes por este asunto. Es un problema del que se habla desde hace meses, pero que ha vuelto con fuerza por el recrudecimiento de la sequía y las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.
Se van a destinar 2.500 millones de euros hasta 2030 para el derribo, según trasladan desde el Ministerio. Lo han planteado recientemente en un hilo en Twitter de forma explícita, reafirmando lo que la propia Ribera expuso en su enfrentamiento con PP y Vox el pasado 26 de abril, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
Todo ello, cuando España fue en 2021 el país de Europa que más presas y barreras eliminó: 108, casi la mitad de las 239 desmantelados en el continente, según datos del proyecto Dam Removal, coordinado por la organización World Fish Migration. Fuentes de Transición Ecológica subrayan que no se están destruyendo presas sino obstáculos que dificultan los cauces, muchos abandonados.
Sin embargo, al menos 20 presas se han demolido, según datos del propio Ministerio, como las de Anllarinos en León, Yecla en Salamanca, Inturia en Navarra, Río Torío en León, Las Pericas en Albacete, Narboneta en Cuenca o Robledo de Chavela en Madrid. Y pende la supresión de las de Valdecaballeros en Badajoz y Los Toranes en Teruel. La lista completa de azudes, presas, molinos, piscinas, pasos, estaciones y cruces suprimidos asciende a 559.
Transición Ecológica mantiene intactas lo que denomina "actuaciones que se enmarcan en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos", iniciada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que se trata de enmarcar en una obligación europea.
Con todo, no hay Directiva ni ley comunitaria en vigor en estos momentos. Existe una proposición de ley registrada por la Comisión Europea el 22 de junio de 2022, la Nature Restoration Law, de la que el Gobierno extrae el objetivo que se ha marcado la Comisión Europea de aquí a 2030, liberar al menos 25.000 kilómetros de ríos, lo que para España Transición concreta en 3.000 kilómetros.
Eso sí, precisamente este viernes la Comisión Europea se ha mostrado en plena sintonía con el Gobierno español. El comisario de Medio Ambiente, Virginius Sinkevicius, del partido Unión de los Campesinos y Verdes Lituanos, sobre el que ha recaído el enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Junta de Andalucía de Juanma Moreno Bonilla por Doñana, ha tuiteado a favor de la Nature Restoration Law.
En un hilo, el comisario asegura que "esta ley será nuestro legado a las futuras generaciones" y que "a pesar de los mitos, los beneficios para los agricultores son numerosos".
Desde el Gobierno y posiciones ecologistas desvinculan esta estrategia de eliminación de presas y barreras de la sequía pero, como transmite Transición Ecológica, el plan se mantiene inamovible pese a ella. Antes de que la sequía se recrudeciera, precisamente en 2021, año de gran actividad en el desmantelamiento, los planes del Ministerio eran suprimir 85 embalses zombis de los nuevos planes hidrológicos y reducir al mínimo los proyectos de construcción de presas, además de descartar incrementar el agua para el regadío.
El pasado 22 de agosto, RTVE titulaba: "Los ríos que vuelven a fluir: cómo España se ha convertido en un referente en la demolición de presas. España lideró en 2021 la eliminación de barreras en los ríos pese a la oposición vecinal en muchos lugares".
Presión de Vara y Lambán
Sin embargo, esta oposición vecinal es también de barones del PSOE como Guillermo Fernández Vara y Javier Lambán y en periodo electoral el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a reconsiderar su estrategia. En el mismo hilo de Transición este jueves se apunta a que el Ministerio estudia no demoler la presa de Valdecaballeros en Badajoz, que ya trata como un "caso de mayor complejidad".
"Con arreglo a la normativa vigente, extinguida la concesión, corresponde demolerla, salvo que se identifique un nuevo uso y se garantice su mantenimiento. Nunca ha sido un embalse destinado a garantizar el abastecimiento de agua, pero la Junta de Extremadura ha mostrado su interés por preservarla, por lo que se está evaluando técnicamente la posibilidad de estimar la demanda de mantener esta infraestructura", admite Transición Ecológica.
Fuentes del Ministerio apuntan a Vozpópuli que el mismo camino puede seguirse con la presa de Los Toranes en el río Mijares en Teruel, sobre la que pende la demolición una vez que ha acabado la concesión a Iberdrola.
En Teruel, la orden de demolición en 2020 de la presa ha desatado una lucha entre asociaciones ecologistas y vecinos. Estos últimos cuentan con el apoyo de Lambán.