El ninguneo de Ribera y el 'aviso' de BlackRock: los motivos de la 'rebelión' de Repsol

El ‘caso Repsol y el Gobierno’ cumple una semana. El mensaje de Josu Jon Imaz a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ha tenido un gran protagonismo mediático. La energética pretende congelar proyectos industriales en España tras su acuerdo de Gobierno. En estos siete días, ha pasado de ‘aviso’ a un ‘plan concreto’ de activos que quedan en el aire. Una situación que, como insisten fuentes conocedoras a Vozpópuli, “no surge de un día para otro” y que tiene dos motivos concretos de este golpe encima de la mesa. 

El primero de ellos es que la relación entre Repsol y el Gobierno es inexistente. Las últimas reuniones de ‘alto nivel’ entre ambas partes se produjeron en marzo de 2022 y en julio de ese mismo año. Ambas fueron grupales con el resto de grandes actores energéticos. En el primer encuentro, tras estallar la guerra en Ucrania, el Gobierno le solicitó colaboración al sector privado ante la crisis que se avecinaba, en la segunda reunión, Ribera reclamó a empresas como Repsol que tuviera un papel protagonista en el Plan de Contingencia de seguridad energética que estaba elaborando. 

Y, tras estos encuentros, quedaron por escrito algún ‘piropo’ del equipo de Ribera a Repsol. “El sistema de refino español se puede considerar único en Europa”, aseguraba el Plan +SE para afrontar el pasado invierno. Pero poco tardó en llegar el ‘palo’ tras esa ‘zanahoria’. El famoso impuestazo energético del 1,2% sobre los ingresos a las energéticas castigaba con fuerza a la empresa de Josu Jon Imaz y los afectados no consiguieron mover 'ni una sola coma' porque, pese a las enmiendas, no hubo negociación. 

Repsol, junto a otras empresas como Cepsa o Naturgy, intentaron explicar al Gobierno que el repunte de sus cuentas en 2022 todavía no compensaba el desplome vivido en 2020 con la pandemia, cuando nadie les llamó para preocuparse por sus números rojos pese a mantener la seguridad de suministro. El siguiente paso fue intentar que, sin tocar nada de ese ‘impuestazo’, se abriera otro proceso de negociación para que sus negocios que no se habían beneficiado de esta subida de los precios de la energía quedasen fuera de ese castigo fiscal. Por último, esas energéticas de ‘oil and gas’ pedían a cambio a Moncloa algo de oxigeno fiscal para descarbonizar su negocio lo antes posible. 

Pero tampoco hubo respuesta. El Gobierno ignoraba las peticiones de negociación de unas empresas que “se estaban ‘forrando’ y tenían que ayudar sin rechistar”, como aseguraban desde Moncloa, y que se sumaba a una legislatura de continuo choque con las petroleras y gasistas, como cuando se quiso adoptar el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) para que estas empresas financiarán el despliegue ‘verde’. 

La semana pasada, el acuerdo de Gobierno entre Sumar y PSOE se convirtió en la ‘gota que colma el vaso’ de este sentimiento de ninguneo. El mensaje que se recibía en la sede de Repsol y el resto de competidores era que lo vivido en esta legislatura, lejos de moderarse, iba a ir a más con más impuestos y con más dificultades para desarrollar su proceso de descarbonización. Dos días después, Repsol tenía que rendir cuentas a los accionistas y el mensaje no dejó lugar a duda. Algo que también captaron sus accionistas. 

Repsol y el ‘aviso’ de BlackRock 

Los 520.000 accionistas de Repsol no quieren perder dinero. Es más, cada año necesitan ganar un poco más. Y, entre ellos, destacan Norges Bank, la entidad encargada de gestionar el fondo soberano noruego, y BlackRock como los dos principales dueños de la petrolera. Este tipo de fondos, que también destacan en el accionariado de Iberdrola, trasladan a los directivos de estas empresas que el ‘efecto sede’ de España les ciega.

España se ve para alguno de estos inversores como un mercado ‘maduro’ y con evidente inestabilidad regulatoria. Repsol insiste a estos accionistas que su apuesta por España es clara y en su caso no se plantea hacer 'un Ferrovial'. Es el dueño de cinco de las ocho refinerías que hay en España, unas plantas claves en la seguridad de suministro de carburantes del país, y controla 3.466 gasolineras, el 34% del total que hay en España.

El reto ahora es que debe invertir una gran cantidad de dinero en descarbonizar estas plantas y adaptar sus estaciones de servicio en puntos de venta tanto de electricidad como de carburantes 'verdes'. Un 'capex' que los accionistas ven con 'malos ojos' si no tiene el retorno adecuado y eso es lo que le hacen saber BlackRock o Norges Bank al equipo directivo.

"La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar sus futuros proyectos industriales en España", aseguraba Josu Jon Imaz tras resultados. Una 'acto de rebeldía' que, pese al ruido mediático que ha causado esta semana, no es de ahora.