Repsol, Cepsa y BP denuncian que el Gobierno ha tramitado el 'impuestazo' a sus espaldas

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) considera un "desacierto" la forma de planteamiento del nuevo gravamen para las compañías energéticas. "En ningún momento se ha tratado con la Asociación y sus miembros (Repsol, Cepsa, BP, Eni, Galp, Gunvor y Saras) , pese a mantener una línea de colaboración permanentemente abierta con el Gobierno de España para valorar el Plan de Contingencia energético", denuncian en un comunicado remitido este miércoles.

La AOP quiere mostrar sus descontento después de que este martes se aprobase en el Congreso la proposición de ley, registrada por el PSOE y Unidas Podemos en julio, que contempla este impuesto. "Existe una clara inconveniencia de plantear esta iniciativa, anunciada por el presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación, no como un proyecto de ley del Ejecutivo, sino como una proposición de Ley de los grupos parlamentarios socios en el mismo, eludiendo de esta forma los trámites de audiencia e informe previos", destacan la asociación que lideran Repsol, Cepsa y BP.

Estas empresas han sostenido desde el principio que esta medida tiene un carácter "arbitrario y discriminatorio". La AOP lamenta que no se haya contado previamente con la opinión del sector para presentar esta iniciativa, y pide que se espere a la propuesta que finalmente acuerde al respecto la Unión Europea para garantizar una actuación coordinada en el mercado energético europeo y evitar un serio perjuicio a la competitividad de la industria española. Porque, tal y como desvelaba ayer Vozpópuli, existen considerables diferencias entre las intenciones de Bruselas y las del Gobierno español.

Repsol, Cepsa y BP fundamentan su rechazo en falta de utilidad del gravamen para el objetivo que se pretende, la falta de coherencia con la realidad del sector y en su incompatibilidad con el marco jurídico, fiscal y económico de nuestro país. "Es importante destacar, en esta línea, que las empresas del sector de refino que forman parte de esta Asociación son conscientes de su compromiso con la sociedad y de las especiales circunstancias que concurren", comentan desde su asociación. "Lo pusieron de manifiesto durante la pandemia, manteniendo operativas refinerías y estaciones de servicio para cubrir la demanda de un servicio esencial y lo han reiterado en el actual contexto de precios energéticos elevados, ofreciendo descuentos adicionales a la bonificación pública para aliviar el esfuerzo de los ciudadanos", añaden.

El gravamen se presenta como una prestación patrimonial pública no tributaria. "Lo que en realidad es un impuesto", comentan. "Pero ese intento de obviar los requisitos que han de acompañar a los tributos no esconde otros problemas como la vulneración de los principios de igualdad y no discriminación -al no incluir a otros sectores-, la retroactividad en su aplicación a ingresos ya obtenidos, la posible doble imposición y resultados en muchos casos confiscatorios", destacan desde la AOP.

Repsol, Cepsa y BP ven tres contradicciones

Las empresas consideran que existe una "clara desvinculación" entre lo que se pretende gravar (unos teóricos beneficios extraordinarios de 2022 y 2023) y el hecho imponible (la cifra de ventas). AOP reitera que el tributo no grava los beneficios, mucho menos los que fueran extraordinarios, sino la totalidad de la facturación de las empresas, que es evidente que puede ser muy alta incluso en una situación de pérdidas.

"Teniendo en cuenta los márgenes de algunos negocios y operaciones en el sector -muy afectados por las políticas de descuentos y contención de precios asumidas por las empresas en el actual contexto de crisis energética- el gravamen será claramente confiscatorio, al recaer sobre beneficios inexistentes o menores al propio gravamen", comentan el comunicado de la asociación de Repsol, Cepsa y BP. "Es más, en los términos que se plantea, el gravamen propuesto no es en absoluto progresivo, ya que los beneficios no se gravan de forma que cuanto más altos sean, mayor es el importe a pagar", puntualizan.

El sector petrolero considera que gravar la facturación es "en sí" es regresivo y genera un riesgo de pagar incluso cuando las empresas no obtengan beneficio alguno vulnerando el principio de capacidad económica. Vinculado con ello, además, consideran que es importante evitar la discriminación entre operadores de un mismo sector. "Cabe recordar, además, que para respetar un mínimo sentido de la justicia y de la capacidad económica, no cabe gravar beneficios presuntamente elevados de 2022 sin tener en cuenta las pérdidas y caídas de resultados, verdaderamente extraordinarias como consecuencia de la covid, que el sector sufrió en 2020 y 2021", recuerdan.

“Existe una clara desvinculación entre lo que se pretende gravar (unos teóricos beneficios extraordinarios de 2022 y 2023) y el hecho imponible (la cifra de ventas)”AOP

El segundo punto que denuncian es que el planteamiento del nuevo gravamen ignora el funcionamiento del sector. Por ejemplo, que, en el caso del refino, forma parte de la cifra de negocios determinados impuestos o ingresos derivados de otras actividades ajenas a la energética, como la química, o las ventas de otros productos en las estaciones de servicio (productos non-oil); o productos cuyo precio puede estar regulado administrativamente, como en las ventas de gas licuado (GLP); o ingresos obtenidos y gravados en otros países, como es el caso de sucursales o establecimientos permanentes en el extranjero.

Repsol, Cepsa y BP consideran, en tercer lugar, que este impuesto afecta de forma evidente al derecho fundamental de libertad de empresa, al prohibir expresamente la posibilidad de repercusión del impuesto, y altera ilegítimamente la competencia en el mercado.

Esperar a Bruselas

Para la AOP es importante aguardar a la propuesta que finalmente se apruebe en la Unión Europea en torno al mercado energético, que se está discutiendo estos días, antes de seguir avanzando en una iniciativa precipitada y unilateral. Además, debería valorarse la opinión y la situación de la industria del refino española, que lo definen como "un activo estratégico de gran importancia para el país".

"A este respecto, debemos recordar que, mientras que en Europa se han cerrado refinerías y el continente perdía el 9% de su capacidad de refino, en España las compañías asociadas hicieron un intenso esfuerzo e invirtieron casi 7.000 millones de euros para que las refinerías tuvieran más capacidad de conversión y flexibilidad", concluye su comunicado.